Mientras a nivel federal se analizan iniciativas para restringir el uso de tecnología móvil en las escuelas, en Nayarit la política se mantiene pragmática: la autoridad pedagógica dentro del salón es quien tiene la última palabra. La Secretaría de Educación del Estado definió que, en ausencia de una normativa oficial que dicte lo contrario, el control de los teléfonos celulares es competencia exclusiva de cada docente.
La directriz estatal apuesta por la autonomía del profesor para establecer el orden. Según explicó la titular de la dependencia, Mirna Manjarrez, el maestro tiene la facultad plena para imponer sus reglas: desde prohibir que se saque el dispositivo durante la cátedra hasta permitirlo bajo condiciones específicas. Esta dinámica, asegura, ya es entendida por el alumnado, que identifica claramente “quién les permite y quién no” dependiendo de la materia y el estilo de enseñanza.
Lejos de una veda absoluta, la postura oficial invita al criterio. Se reconoce que el teléfono no es solo un distractor, sino una herramienta que puede resultar vital en situaciones de emergencia familiar o enlaces urgentes con los padres. Por ello, la instrucción es “ver los pros y los contras” antes de aplicar restricciones tajantes, permitiendo que la comunidad escolar encuentre un equilibrio funcional sin esperar decretos nacionales.
