Para este 2026, la política de vinculación laboral en Nayarit apostará por la agresividad logística y la descentralización. La Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral ha rediseñado su estrategia anual con el objetivo de sacar las oportunidades de las oficinas centrales y llevarlas directamente a las comunidades, ampliando significativamente el radio de acción que se tenía en años anteriores para la generación de empleo formal.
La hoja de ruta planteada por la dependencia marca un crecimiento exponencial en la organización de eventos de reclutamiento. La secretaria de Trabajo y Justicia Laboral, Rubicela Nava Núñez, comentó que la inercia administrativa se ha roto: mientras que históricamente se manejaban apenas cuatro ferias en todo el estado, el 2025 cerró con nueve eventos exitosos. Ahora, la vara se ha puesto más alta, con una meta programada de entre 13 y 15 ferias para el presente ejercicio fiscal.
El despliegue táctico contempla una diversificación de formatos para penetrar en zonas donde antes no llegaba la oferta. El plan operativo incluye ferias nacionales, estatales y el modelo de “microferias”, diseñadas para adaptarse a las necesidades locales. La intención es cubrir un perímetro de al menos 10 municipios, garantizando que la población del interior tenga las mismas posibilidades de inserción en el mercado productivo que los habitantes de la capital.
Esta insistencia en la vinculación masiva responde a la rentabilidad social demostrada en el ciclo pasado. El balance financiero de las colocaciones logradas durante 2025 arrojó un impacto económico estimado en 67 millones de pesos, una cifra que valida la efectividad de acercar física y legalmente a las empresas con los buscadores de empleo. Bajo esta premisa, el refuerzo de la estrategia busca no solo mantener, sino superar estos indicadores de bienestar.
Finalmente, el compromiso institucional se mantiene firme sobre la línea de la calidad. Más allá de la cantidad de plazas, la dependencia aseguró que el filtro principal seguirá siendo el impulso al empleo formal, buscando que cada contratación mediada por el estado garantice a los trabajadores el acceso a prestaciones de ley y condiciones dignas, cerrando el paso a la precarización laboral.
