En Sinaloa la estrategia de seguridad siempre llega tarde, como el café frío en funeraria: cuando ya no sirve para nada. Primero hablan las balas, luego los boletines. El atentado contra la cúpula de Movimiento Ciudadano sólo ratifica lo obvio: en México el crimen no sólo vota, también veta… y lo hace con plomo.
Ahora le tocó a Culiacán, esa república independiente donde la ley es decorativa y el Estado aparece sólo para tomarse la foto. Pero no pasa nada, ya estamos entrenados para la normalización del horror. Ayer fue un alcalde, hoy un dirigente partidista, mañana será quien tenga la mala suerte de respirar cerca del poder. Todo ello pese a la narrativa federal que presume haber enterrado los “abrazos” para inaugurar la era de la “inteligencia”. La realidad, esa señora grosera, se empeña en desmentirlos a balazos.
Las balas no distinguen cargos ni credenciales. Tampoco fuero, siglas ni discursos mañaneros. Este miércoles, la violencia en Sinaloa decidió subir otro escalón del infierno, si es que aún quedan escalones, y dejó a Sergio Torres, líder estatal de MC, y a la diputada Elizabeth Montoya, debatiéndose entre la vida y la estadística hospitalaria. No fue fuego cruzado. Podría ser una advertencia, el lenguaje que el crimen domina mejor.
El parte oficial de la Secretaría de Seguridad parece escrito por una máquina sin pulso: “tres heridos”. Entre ellos, Gonzalo Quintero, el escolta. Ese detalle es clave: ni siquiera la protección armada alcanza ya para disuadir a quien se siente dueño del territorio. Que el ataque ocurra a plena luz del día, en la capital del estado, es una bofetada directa al discurso oficial. Y como cereza del cinismo, el secretario de Salud salió a dar el parte médico, como si la gravedad clínica pudiera tapar la gravedad política.
La reacción política fue un déjà vu. Jorge Álvarez Máynez condenó los hechos desde X, ese púlpito digital donde la indignación se escribe con caracteres limitados. Dijo que “la crisis ha rebasado todos los límites”. Frase reciclada hasta el cansancio. La pregunta es: ¿cuál límite? ¿El asesinato? ¿El atentado? ¿La ejecución en campaña? En México los límites se borraron hace tanto que la indignación ya es trámite administrativo.
El gobernador Rubén Rocha Moya, rebasado por su propio estado, ordenó “de inmediato” un operativo. También pidió atención médica “personal”. Gestos solemnes para una tragedia que ya ocurrió. En Sinaloa, la justicia siempre llega en ambulancia… y siempre tarde.
Más preocupante que el atentado es lo que revela. El gobierno federal prometió un giro: inteligencia, coordinación, Guardia Nacional investigando. Tras el ataque, el Gabinete de Seguridad anunció el envío de una “célula especializada”. El problema es que la inteligencia que sirve es la que evita el disparo, no la que recoge los casquillos. Lo demás es medicina forense con uniforme.
Si existe esa “estrecha coordinación” que tanto presumen, ¿cómo se explica que dirigentes partidistas sean atacados en una de las ciudades más vigiladas del país? La respuesta es incómoda: Culiacán sigue siendo el laboratorio del fracaso estatal.
Cuando el crimen se permite atacar figuras públicas a plena luz del día, el poder real no despacha en palacio.
“No habrá impunidad”, prometen. Es la frase favorita del diccionario político nacional. Pero en los pasillos del hospital y en las calles donde la gente camina con el Jesús en la boca, esa promesa pesa menos que un boletín de prensa.
México arde. Culiacán es hoy el centro del incendio. El discurso podrá cambiar, los términos podrán maquillarse, menos abrazos, más balas, pero mientras los resultados sean éstos, la diferencia se queda en la semántica. La ausencia del Estado sigue siendo la única política pública verdaderamente constante.
