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viernes, febrero 20, 2026
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Avalan legisladores reformas sobre vivienda y protección digital

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La asamblea estatal destina predios para familias vulnerables, tipifica el ciberacoso infantil y define terna anticorrupción

La Trigésima Cuarta Legislatura tramitó un paquete de iniciativas enfocadas en el desarrollo social y la seguridad ciudadana durante su reciente sesión pública ordinaria. El pleno autorizó al Poder Ejecutivo estatal la desincorporación de un inmueble perteneciente al Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit. Este predio, ubicado en el municipio de Santiago Ixcuintla, pasará al Instituto Nacional del Suelo Sustentable para integrarse al Programa Nacional de Vivienda y beneficiar a familias de escasos recursos económicos

El marco jurídico estatal requiere adecuaciones para prevenir la exclusión y asegurar un acceso efectivo a los tribunales, propuso el legislador Ricardo Parra Tiznado al presentar modificaciones a la Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio del Estado. El proyecto legislativo, denominado justicia sin barreras, busca garantizar la protección de la dignidad humana y fortalecer la integridad de los empleados gubernamentales.

Las normativas penales sumarán nuevas clasificaciones para castigar agresiones cometidas a través de plataformas electrónicas. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional propuso reformar el Código Penal local para adicionar los delitos de ciberacoso y acoso sexual digital contra menores de edad. La propuesta tipifica expresamente el grooming digital, táctica donde adultos emplean engaños o manipulación para obtener la confianza de las víctimas infantiles con fines sexuales.

La incorporación de estos delitos al catálogo de castigos refuerza de manera directa la norma penal de la entidad. Estas adecuaciones otorgan certeza jurídica a las autoridades investigadoras y garantizan una defensa estricta de los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos del entorno virtual.

La doble jornada de trabajo en el recinto culminó con la aprobación del dictamen que define a los candidatos para encabezar la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción. El listado enviado al Poder Ejecutivo incluye a Claudia Ethel Lomelí Hernández, José Ramón García Valtierra y Juan Ricardo Hopkins González como aspirantes a ocupar la titularidad de esta área perteneciente a la Fiscalía General del Estado.

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