Las revisiones formales en los centros laborales de la entidad arrancaron el primer día de enero para verificar la implementación de la nueva Ley Silla, normativa vigente a nivel federal desde el 14 de diciembre de 2025. Las brigadas operativas despliegan actualmente una campaña informativa en las plazas comerciales del centro de la ciudad y en diversos establecimientos, distribuyendo trípticos que detallan los derechos y obligaciones patronales frente a esta modificación legal.
El procedimiento institucional otorga a las compañías infractoras un margen de cinco días hábiles para regularizar sus estatutos conforme al reglamento interior. María del Socorro González Casian, directora del Trabajo y Prevención Social del estado de Nayarit, explicó que la omisión de esta medida detona un proceso administrativo sancionador que contempla multas económicas oscilantes entre las 250 y las 2 mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), manteniendo hasta el momento un registro administrativo en ceros respecto a la ejecución de estos cobros.
La recepción de denuncias registra dos expedientes específicos que ya agotaron su proceso de atención por parte del cuerpo de inspectores. El análisis de uno de estos reportes confirmó la carencia de un reglamento interior actualizado para delimitar los periodos de descanso y el uso de asientos con respaldo, un caso clasificado bajo estricta confidencialidad para proteger la identidad del trabajador frente a posibles represalias corporativas.
La dependencia estatal mantiene habilitados sus canales de atención para recibir quejas presenciales y anónimas en sus instalaciones ubicadas en la Calzada del Panteón número 123. La formalización del reporte ante la autoridad competente constituye la única vía legal para detonar una inspección efectiva, superando la ineficacia jurídica que representan los señalamientos expuestos exclusivamente a través de las redes sociales.
Las ventanillas de la institución garantizan el seguimiento integral a cualquier irregularidad que vulnere las condiciones generales de trabajo en la entidad. La directora del área exhortó a la plantilla laboral a canalizar institucionalmente tanto las omisiones a la Ley Silla como la retención injustificada de prestaciones irrenunciables, abarcando rubros como el aguinaldo y el pago del reparto de utilidades.
El marco normativo exige a los empleadores proporcionar asientos con respaldo, delegando la definición de los tiempos de reposo al análisis particular de cada centro operativo. Esta flexibilidad obliga a plasmar la duración exacta de las pausas dentro del reglamento interior de la empresa, tomando como parámetro rector la carga física y la naturaleza de la actividad que ejecuta el personal durante su jornada.
