La carrera hacia la sucesión gubernamental de Nayarit en 2027 ha entrado en una fase de alta turbulencia para Héctor Santana García. El alcalde de Bahía de Banderas, quien figura en las encuestas bajo las siglas de Morena, atraviesa una semana de asedio informativo y político que compromete su capital institucional. La presión sobre el edil escaló mediante la convergencia de una publicación de alcance internacional sobre su situación migratoria y la filtración de material audiovisual que involucra a su gabinete con estructuras delictivas.
La crisis inició con la difusión de una columna en la edición de Forbes México. El periodista Víctor Hugo Arteaga sostuvo en su texto que autoridades de Estados Unidos retiraron la visa al presidente municipal nayarita. El argumento de la fuente vincula esta medida administrativa con investigaciones de agencias como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el FBI sobre presuntas redes financieras que operan en la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
La publicación de Forbes sugiere que la inteligencia estadounidense detectó posibles nexos entre operadores territoriales de grupos delictivos y el actual alcalde. Ante la gravedad de estos señalamientos, Héctor Santana reaccionó de forma inmediata calificando la información como una calumnia orquestada por sus oponentes políticos. El edil defendió su conducta como honorable y negó poseer nexos con el crimen organizado, asegurando que la versión sobre la cancelación de su documento migratorio es falsa.
Sin embargo, el entorno digital ha tratado de reactivar un flanco crítico para el alcalde: su época con el grupo del exgobernador Roberto Sandoval, actualmente privado de su libertad, y del exfiscal Édgar Veytia quien cumplió una sentencia por diversos delitos en Estados Unidos. En redes sociales, el debate público ha relacionado la actual crisis con la sombra de estos personajes procesados, cuestionando si las estructuras del pasado mantienen vigencia en la administración actual. Esta vinculación histórica añade un peso específico a las investigaciones de agencias externas que el texto de Arteaga menciona como un factor de vigilancia activa sobre el municipio.
El frente mediático se agravó con la aparición de un video que involucra a Salvador Machuca, funcionario adscrito al Ayuntamiento de Bahía de Banderas. En las imágenes se observa al trabajador entregando dinero en efectivo a un personaje que apareció recientemente señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Aunque versiones del entorno oficial indican que la transacción monetaria corresponde al pago de una apuesta en un juego de gallos ocurrida hace tres años, el vínculo visual desató una crisis de confianza inmediata.
Héctor Santana fijó una postura asertiva ante el escándalo del video para intentar contener el impacto político. El alcalde ordenó el cese de Salvador Machuca y giró instrucciones al Órgano Interno de Control para iniciar una investigación administrativa profunda. El presidente municipal enfatizó que su gobierno carece de espacios para quienes traicionen la confianza ciudadana y aseguró que serán las autoridades ministeriales las encargadas de determinar las responsabilidades penales correspondientes.
La situación coloca bajo un escrutinio riguroso cualquier posible conexión entre servidores públicos y estructuras delictivas en una zona considerada estratégica para la seguridad nacional y el turismo internacional. Hasta el momento, ninguna instancia ministerial ha emitido un pronunciamiento formal sobre la situación jurídica definitiva de los involucrados en la grabación. Esta ausencia de claridad legal permite que las especulaciones sobre la integridad de la administración de Santana sigan alimentando la narrativa de inestabilidad en el estado.
El futuro político del alcalde depende de su capacidad para desmentir con rigor técnico la supuesta cancelación de su visa y de la transparencia con la que se conduzca la investigación sobre sus subordinados. En un contexto donde se evalúan perfiles para la competitividad futura, la honorabilidad y el deslinde de las figuras del pasado se vuelven requisitos indispensables. Héctor Santana permanece bajo fuego, intentando equilibrar la gestión de uno de los municipios con mayor presupuesto del país con la defensa de su propia trayectoria frente al juicio social y diplomático.
