Las agrupaciones del sector primario alertan sobre la inminente pérdida de la temporada comercial debido a la inoperancia de las políticas restrictivas. La extracción clandestina mantiene su curso regular anulando por completo la recuperación biológica del producto marino en la región.
La aplicación de medidas administrativas sin un respaldo operativo directo en el campo facilita el contrabando diario en los sistemas lagunares y costeros. Los supervisores civiles carecen de las herramientas coercitivas necesarias para confrontar a los grupos dedicados al saqueo sistemático de las especies protegidas.
Frenar esta contingencia ambiental exige forzosamente la intervención táctica de la Secretaría de Marina y los agentes de la policía estatal. La vigilancia naval y terrestre en los esteros representa el mecanismo principal para garantizar el cumplimiento estricto de los periodos de recuperación ecológica.
Las normativas emitidas durante los ciclos anteriores fallaron drásticamente por la falta de acompañamiento policial hacia los verificadores de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). Este diagnóstico sobre la vulnerabilidad de las inspecciones fue expuesto por el dirigente de la Federación de Pescadores Ribereños, Juan de Dios Fernández.
Los dictámenes elaborados desde las oficinas centrales carecen de impacto real si omiten el despliegue de la fuerza pública. Las comunidades afectadas demandan modificar los protocolos de supervisión para salvaguardar la reproducción del marisco y proteger los ingresos futuros de las familias locales.
