La imputación formal de la justicia estadounidense contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios y exfuncionarios estatales por presunta colaboración con la facción de Los Chapitos del cártel de Sinaloa abrió en Palacio Nacional una crisis política que rebasa el caso individual. La acusación, desclasificada el miércoles en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya es leída por los principales centros de análisis estadounidenses como un punto de inflexión para la gobernabilidad del oficialismo mexicano.
Tres de los diarios de mayor peso en Estados Unidos, The Wall Street Journal, The New York Times y Los Angeles Times, coincidieron en describir el escenario para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como una encrucijada inédita. The Wall Street Journal sintetizó la disyuntiva en términos directos: separar al gobernador y arriesgar el respaldo del ala más dura de Morena, o sostenerlo y tensar la interlocución con la Casa Blanca de Donald Trump. El mismo rotativo, citando fuentes anónimas del gobierno federal, reportó que asesores cercanos a la mandataria habrían recomendado la salida inmediata del sinaloense. Los Angeles Times fue más enfático y describió el episodio como «un terremoto político en México», subrayando la paradoja de que el movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador, mentor de la presidenta, llegó al poder con la promesa nuclear de combatir la corrupción estructural.
El golpe es, además, simbólico. Cadenas como CNN y la agencia Bloomberg recordaron que se trata de la imputación de mayor rango contra un funcionario mexicano en activo desde 2020, y que la lista de acusados incluye al senador morenista Enrique Inzunza Cazárez, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa, y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Es decir, no se trata de un caso aislado: el expediente alcanza tres niveles de gobierno y un escaño del Congreso de la Unión.
Dentro del oficialismo, las primeras horas mostraron una disciplina aparente. El coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, sostuvo que la solicitud de extradición pudo responder a motivaciones políticas y advirtió que carece de elementos probatorios contundentes. Cerró filas en torno a Rocha Moya y descartó que los acusados deban renunciar mientras la Fiscalía General de la República (FGR) revisa el expediente. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anticipó además un extrañamiento a la Embajada estadounidense por la difusión pública del expediente, en presunta contravención del tratado bilateral de extradición.
La oposición, en cambio, transformó la coyuntura en plataforma. Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), demandó la renuncia inmediata del gobernador. El Partido Acción Nacional (PAN) planteó evaluar en el Senado la desaparición de poderes en Sinaloa, figura constitucional excepcional que desencadenaría una intervención federal directa sobre el estado. Movimiento Ciudadano (MC), por voz de su coordinador nacional Jorge Álvarez Máynez, exigió a Sheinbaum deslindarse del mandatario sinaloense y permitir la investigación.
Un factor jurídico complica la geometría política. La FGR, a través del fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero, Ulises Lara López, recordó que tratándose de un gobernador y de un senador en activo, la Constitución exige un juicio de procedencia para retirar la inmunidad procesal antes de cualquier acción penal. Ese trámite legislativo abriría una segunda batalla en el Congreso, donde Morena conserva la mayoría, y obligaría al partido a votar en público sobre la suerte de uno de los suyos.
Para Nayarit, la coyuntura es algo más que ruido ajeno. La acusación describe un control institucional del cártel sobre la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación y la Policía Municipal de Culiacán de Rosales, arquitectura cuya influencia regional preocupa desde hace años al sector empresarial del corredor del Pacífico Norte. La estabilidad sinaloense incide sobre el comercio, el turismo y la seguridad de la franja vecinal nayarita, con la que comparte rutas logísticas estratégicas hacia el centro y norte del país. Cualquier escenario de relevo, intervención federal o vacío de poder en Culiacán tendrá lectura inmediata en Tepic.
El gobernador Rocha Moya rechazó las imputaciones, calificó la acusación como un «ataque» al movimiento de la Cuarta Transformación y a la soberanía nacional, y aseguró haber conversado con la presidenta Sheinbaum, de quien dijo conservar el respaldo. Anunció que mantendrá su agenda y que permanecerá en el estado.
El reloj corre en plazos breves. La FGR debe pronunciarse sobre la viabilidad de la solicitud, el Congreso podría recibir presión para activar el juicio de procedencia y Washington observará cada movimiento. La presidenta Sheinbaum dispone, según la lectura coincidente de los principales centros de análisis estadounidenses, de poco margen para una respuesta intermedia. Lo que ocurra en los próximos días y semanas trazará el tono de la relación bilateral en el primer tramo del segundo mandato de Donald Trump y, hacia adentro, la profundidad real del compromiso anticorrupción que dio origen al partido en el poder.
