No cabe duda de que uno de los principales temas que condujeron al triunfo de Morena en las elecciones del año 2018 fue el del alto grado de corrupción de autoridades de los tres niveles de gobierno [particularmente del nivel estatal] que se percibió durante el sexenio 2012-2018 en el que el candidato del PRI consiguió regresar la Presidencia de la República para su partido con el eslogan de “saber gobernar” que a lo largo del sexenio se convirtió en algo así como “si el PRI tradicional robaba con medida, el PRI de “nueva generación” robaba sin ella”…
A lo largo del sexenio pasado, desde la tribuna presidencia cotidiana [léase “La mañanera”] se afirmó y reafirmó el combate a la corrupción como uno de los ejes del gobierno de la “Cuarta Transformación” e, incluso se llegó a declarar el fin de la corrupción en las altas esferas del gobierno.
Sin embargo, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador surgió información sobre diversos casos de corrupción, entre los que destacó el caso de Segalmex en el que se habló de desvíos por más de 15,000 millones de pesos e, incluso, existe una investigación al respecto que detectó seis grandes categorías en que se pueden agrupar los casos de corrupción gubernamental durante el sexenio 2012-2018: justicia discrecional, sobornos, moches y enriquecimiento ilícito; desvío de recursos públicos, corrupción electoral, ejercicio abusivo de funciones y conflicto de intereses.
Ya durante el presente sexenio ―como quizás se podía esperar― han surgido nuevos casos de corrupción cuyo origen remite al sexenio anterior, entre los que destaca el denominado “huachicol fiscal”, cuyos montos se han llegado a calcular en 600,000 millones de pesos…
A nivel oficial, los datos más recientes con que se cuenta son los que ofrece la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental [ENCIG] 2023, la cual analiza la incidencia de corrupción en trámites realizados ante diversas autoridades y en la cual se pueden encontrar datos como el que señalan un aumento considerable en el número de personas que creen o han escuchado que existe corrupción el los trámites entre 2013 [47,604] y 2023 [60,118], o aquel en que ese número de personas es menor, al igual que el aumento: de 12,080 en 2013 a 13,966 en 2023 [alcanzando un nivel mayor en 2019 [15,732 por cada 100,000 habitantes como en todos los datos anteriores]. En cuanto al tipo de trámite en que la experiencia de corrupción alcanzó porcentajes más altos fueron el contacto con autoridades de seguridad pública [59.4% en 2023 y 65.0% en 2021]; trámites para abrir una empresa [27.5% en 2023 y 21.9% en 2021] y Permisos relacionados con la propiedad [23.5% en 2023 y 22.3% en 2021].
Ahora bien, para abordar el tema de la corrupción en su dimensión macro, es de utilidad consultar el “Índice de Percepción de la Corrupción 2025” publicado el pasado mes de febrero por la organización “Transparency International”.
En el Resumen Ejecutivo de la versión en español del Índice se puede leer una apretada síntesis de la información contenida en él:
“El ‘índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025’ mide los niveles percibidos de corrupción en el sector público en 182 países y territorios, basándose en 13 fuentes de datos independientes y utilizando una escala de 0 (mucha corrupción) a 100 (muy baja corrupción). Este año, el promedio mundial del IPC ha descendido por primera vez en más de una década a apenas 42 sobre 100. La inmensa mayoría de los países no consigue mantener la corrupción bajo control: 122 de 182 obtuvieron una puntuación inferior a 50 en el índice. Al mismo tiempo, el número de países con una puntuación superior a 80 se redujo de 12 hace una década a apenas cinco este año. En particular, existe una tendencia preocupante de deterioro de la percepción de la corrupción en las democracias: desde Estados Unidos (64), Canadá (75) y Nueva Zelanda (81), hasta diversas partes de Europa, como el Reino Unido (70), Francia (66) y Suecia (80).
En ese mismo Resumen, se afirma que la mejora en las puntuación del IPC tienen que ver en gran medida con esfuerzos sostenidos de los dirigentes políticos y los entes regulatorios, mientras que las puntuaciones bajas o en declive “suelen asociarse con controles y equilibrios democráticos limitados o en erosión, la politización de los sistemas de justicia, la influencia indebida sobre los procesos políticos y el fracaso para proteger el espacio cívico”.
Desde un punto de vista general, el Índice sostiene que la corrupción puede manifestarse en todos los ámbitos de la vida pública: parlamentos, tribunales, centros de votación, redacciones de los medios de comunicación, autoridades locales, hospitales y escuelas y que los efectos de la corrupción son particularmente visibles en cuatro áreas clave: justicia y estado de derecho, democracia e integridad política, espacio cívico y libertad de los medios de comunicación y servicios públicos y desigualdad y expresa en frases concisas la razón de la relevancia que tiene la corrupción en cada una de esas áreas: “la corrupción socava la justicia desde dentro”; la corrupción y el declive democrático se refuerzan mutuamente”; el espacio cívico abierto y los medios de comunicación independientes sustentan la rendición de cuentas; la corrupción en la gestión de los fondos públicos obstaculiza la capacidad de la población para acceder a servicios fundamentales y afecta la vida cotidiana.
En el IPC 2025, Dinamarca, Finlandia y Singapur obtuvieron las calificaciones más altas [89, 88 y 84 respectivamente; Sudán del Sur [9], Somalia [9] y Venezuela [10], las más bajas; México, por su parte, obtuvo una calificación de 27, lo que le hizo ocupar el lugar 141…
En la página de Transparencia Mexicana [sección nacional de Transparencia Internacional] publicó un breve análisis del Índice de Percepción de la Corrupción 2025 “en perspectiva mexicana”, en el que, entre otras cosas señala que México fue el miembro de la OCDE que obtuvo la calificación más baja entre los 38 países miembros y ofrece cuatro claves para entender la calificación obtenida y el lugar ocupado por nuestro país.
- El fenómeno de la corrupción está mostrando nuevas expresiones de corrupción con redes internacionales de macrocriminalidad [huachicol fiscal].
- Persiste la extorsión, especialmente entre sectores vulnerables.
- Las sanciones de la corrupción administrativa son escasas y en materia penal continua la impunidad o el castigo se limita a actores secundarios.
- Se carece de mecanismos que eviten la captura de la contratación pública por intereses ilícitos…
