El fantasma de la pérdida de tierras acecha a los ejidatarios del norte de la entidad debido a los severos compromisos financieros que arrastran desde el último ciclo agrícola. La drástica caída en la producción de cultivos clave impidió obtener los ingresos estimados, lo que arrojó a la gran mayoría de los trabajadores del campo directamente a la cartera vencida de las instituciones crediticias.
Frente a la llegada de las primeras notificaciones judiciales, el Frente Campesino en Defensa de la Agricultura anunció el inicio de un esquema de representación legal gratuita. El activista Flavio Arámbula coordina estas acciones de resistencia jurídica, orientando a los afectados sobre los mecanismos de contestación de demandas para evitar que pierdan sus herramientas de trabajo y parcelas mediante juicios ejecutivos mercantiles.
La organización civil calcula que la crisis de liquidez es generalizada, pues estiman que nueve de cada diez productores agrícolas concluyeron la temporada con números rojos. Esta situación derivó de las malas cosechas de frijol y sorgo, las cuales no generaron el rendimiento necesario para cubrir los costos de insumos, semillas y fertilizantes adquiridos a crédito.
La estrategia de defensa legal busca ganar tiempo valioso en los juzgados para entablar mesas de negociación con los acreedores y conseguir reestructuraciones de deuda viables. Los asesores jurídicos del movimiento insistieron en que los labriegos no deben firmar ningún documento de pago bajo presión ni caer en la desesperación ante las visitas de los cobradores.
El llamado colectivo permanece abierto para todos los deudores del sector que requieran representación jurídica inmediata frente a los tribunales civiles. La meta del frente agrario es detener los procesos de embargo y buscar que las autoridades estatales medien en el conflicto financiero para proteger la soberanía alimentaria y la estabilidad de las familias del campo.
