Los aseguramientos recientes en el occidente del país exponen la magnitud de una industria clandestina que desafía la narrativa de pacificación institucional. Mientras el despliegue de fuerzas federales reporta éxitos puntuales, la infraestructura localizada en Nayarit, Jalisco y Sinaloa sugiere un arraigo territorial que supera la vigilancia preventiva. Este escenario coloca a la entidad en el mapa de la producción de metanfetamina, desplazando la vieja idea de ser únicamente un territorio de tránsito para integrarse como un centro de fabricación activo.
En las inmediaciones de El Capomo, la Secretaría de Marina intervino un punto crítico donde se resguardaban 780 kilogramos de metanfetamina sólida y 300 litros en estado líquido. Las autoridades vinculan este centro logístico con el hoy prisionero Audias “N”, alias El Jardinero, a quien identifican como operador de alto nivel dentro de la estructura criminal. El hallazgo confirma que la fabricación de narcóticos sintéticos cuenta con bases operativas sólidas en suelo nayarita, operando al margen de las corporaciones locales de vigilancia.
Sólo mediante la coordinación entre la Fiscalía General de la República y el Gabinete de Seguridad se logró una afectación económica superior a los 650 millones de pesos. El operativo se extendió a El Saucillo, en Jalisco, donde se inhabilitó un laboratorio con 600 kilos de droga terminada y miles de litros de precursores químicos. Paralelamente, en Sinaloa se concentró el mayor volumen de destrucción de centros de producción, incautando sustancias como sosa cáustica, metanol y ácido tartárico en diversas etapas de procesamiento.
Éste constituye un golpe técnico que evidencia que, detrás de las cifras de decomisos, persiste una red financiera capaz de sostener laboratorios monumentales durante periodos prolongados. Si bien el material asegurado fue destruido para evitar su retorno al mercado ilegal, la presencia de toneladas de precursores químicos indica un flujo de suministros constante hacia las zonas de montaña. La estrategia federal busca impedir que estas sustancias lleguen a las calles, pero la recurrencia de los hallazgos pone en duda la efectividad de los filtros de inteligencia previos.
Resulta imperativo analizar si los operativos actuales logran desmantelar el núcleo de las organizaciones o si se limitan a impactar su periferia productiva. Todo el material quedó a disposición del Ministerio Público Federal para integrar las carpetas de investigación correspondientes, según informaron fuentes federales. Mientras tanto, la pregunta sobre cuántos laboratorios continúan operando en la clandestinidad sigue gravitando sobre un territorio que hoy se reconoce como pieza clave en la fabricación de drogas sintéticas.
