El Poder Legislativo consolidó reformas orientadas a robustecer el marco jurídico de protección para personas en situación de movilidad y trabajadores del sector primario. Mediante el trabajo en comisiones, se establecieron mecanismos que buscan erradicar la discriminación sistémica y actualizar las normativas que rigen el desarrollo agrícola y pecuario en el territorio estatal, buscando que las reglas de convivencia social se adapten a las necesidades actuales.
Medidas específicas dentro de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación centraron su atención en garantizar la igualdad sustantiva para la población migrante. Aquella reforma pretende mitigar los riesgos de violencia y exclusión que enfrentan quienes transitan por la región, centrándose especialmente en proteger a ciudadanos pertenecientes a comunidades con identidades de género diversas que suelen ser blanco de mayores vulnerabilidades durante sus trayectos.
En el ámbito del desarrollo rural, la labor colegiada permitió actualizar la Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable y la Ley Ganadera. Estos cambios normativos integran una perspectiva de género necesaria para reconocer la participación activa de las mujeres en las actividades del campo, además de renovar la denominación de las instituciones responsables de coordinar los esfuerzos productivos en beneficio de los habitantes dedicados al agro.
Los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales también abordaron temas administrativos de relevancia para la estructura del servicio público. Durante este desahogo de agenda, se aprobó el proyecto de decreto que formaliza la vacante en el cargo de jueza del Sistema Tradicional del Poder Judicial, puesto que ocupaba Gabriela Flores Delgado, a fin de mantener la operatividad jurídica conforme a los procedimientos institucionales vigentes.
Propuestas dictaminadas en el trabajo de comisiones serán enviadas al Pleno para su análisis y votación definitiva en una Sesión Pública Ordinaria. Este proceso legislativo asegura que los consensos alcanzados en las mesas de trabajo se conviertan en instrumentos legales que impacten de forma positiva en la justicia y la equidad social de toda la entidad.
