La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que enviará al Congreso de la Unión una propuesta de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El proyecto plantea la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas en el Instituto Nacional Electoral (INE), con el fin de evitar la postulación de personas vinculadas con la delincuencia organizada en cualquier fuerza política.
Según explicó la titular del Ejecutivo, la medida responde a la necesidad de proteger el proceso electoral de 2027 mediante un análisis preventivo de los perfiles. “Tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada”, puntualizó Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina, destacando que es un tema que se ha trabajado con antelación para asegurar su vigencia en los próximos comicios.
Dicha iniciativa se fundamenta en el respeto a la presunción de inocencia estipulada en la Constitución y ofrece a los partidos un mecanismo para conocer antecedentes de sus aspirantes. El sistema permitirá que las instituciones del Estado mexicano presenten denuncias formales en caso de detectar riesgos tangibles, integrando la vigilancia administrativa con la procuración de justicia.
Luisa María Alcalde, consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, precisó que este nuevo órgano se integrará por cinco consejeros electorales elegidos por el Consejo General del INE para un periodo de tres años. La funcionaria detalló que la participación será voluntaria para las organizaciones políticas que deseen fortalecer la transparencia en sus procesos internos de selección.
Ésta servirá de vínculo directo con autoridades de seguridad e inteligencia, tales como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR). A través de esta conexión, se consultará la información necesaria en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para determinar si existe un riesgo razonable sobre los ciudadanos interesados en participar.
Bajo este esquema operativo, los partidos entregarán sus listas de aspirantes a la comisión para que las dependencias de seguridad realicen el análisis correspondiente. Una vez procesada la información, el organismo informará si existe o no un riesgo razonable, señalando específicamente qué instancia advierte la anomalía, dejando en manos de los partidos la responsabilidad final del registro.
Aquéllos que decidan aspirar a una candidatura tendrán como requisito obligatorio manifestar por escrito su conformidad para ser evaluados por este filtro del INE. Sin esta autorización expresa, el procedimiento de verificación de integridad no podrá llevarse a cabo, asegurando la legalidad del intercambio de información entre las instituciones involucradas.
El proceso de evaluación se realizará bajo estrictos criterios de confidencialidad para proteger la integridad de los datos personales y el debido proceso de los involucrados. Las autoridades competentes mantendrán el carácter reservado de los hallazgos, permitiendo que las investigaciones continúen su curso legal de forma independiente al resultado de la consulta electoral.
