Este miércoles amaneció con dos nombres en la lista que nadie en Morena quiere encabezar. Los Angeles Times y el Puente News Collaborative publicaron una investigación firmada por Steve Fisher y Kate Linthicum donde sostienen que el gobierno de Estados Unidos canceló la visa a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y a Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas. Ambos, de acuerdo con el reporte, son objeto de pesquisas penales abiertas en Washington: el primero por presuntos vínculos con el crimen organizado, el segundo por el contrabando de combustible que en México se conoce como huachicol.
El texto, apoyado en fuentes que pidieron anonimato para hablar de asuntos internos, describe un giro de fondo en la estrategia estadounidense. Durante años, los fiscales del norte persiguieron a los capos y dejaron en paz a los políticos en funciones. Con buena parte de los grandes capos ya muertos o entregados a la justicia, la mira se desplazó hacia los gobernantes electos y los mandos policiales sospechosos de cobijarlos. Durazo y Villarreal, dos aliados de la presidenta Claudia Sheinbaum, gobiernan estados que hacen frontera con Arizona y con Texas, dos corredores históricos del tráfico.
El reportaje añade un detalle que vuelve más espesa la trama. Pese a la cancelación de sus visas, los dos mandatarios siguen cruzando a Estados Unidos al amparo de un permiso llamado Significant Public Benefit parole, una libertad condicional por beneficio público que suele otorgarse a personas dispuestas a declarar ante un gran jurado para aligerar cargos propios o ajenos. Una visa de turismo dura hasta diez años y se renueva. El parole es otra cosa: una puerta lateral que el gobierno estadounidense abre y cierra según le convenga. Vanda Brown, del Instituto Brookings, lo resumió ante los reporteros con frialdad de manual: el mecanismo «está pensado para obtener inteligencia y reunir pruebas».
En el caso de Durazo, las fuentes dijeron que viaja al norte para atender un problema de salud. En el de Villarreal, que al cruzar lo escoltan funcionarios estadounidenses. El periodista mexicano Luis Chaparro ya había reportado el año pasado que el gobernador de Sonora había perdido la visa y figuraba como beneficiario de parole, una versión que entonces el gobierno sonorense rechazó.
Durazo salió a desmentir desde el Palacio de Gobierno con una mezcla de calma y sorna. Calificó la publicación de infamia y atribuyó su difusión a sectores conservadores. «Es una nota más, sin fuentes, como muchas otras que circulan sin sustento», dijo a los reporteros, y agregó una frase que recorrió las redes en cuestión de horas: «casi sudo agua bendita». Aseguró que sólo mostrará el documento si una autoridad se lo solicita, y se negó a exhibirlo ante la prensa para probar nada.
El gobernador apeló a la geografía moral del estado. «Aquí en el pueblo todos nos conocemos y todos nos sabemos todo. Si hubiese la menor corruptela o la menor complicidad, ustedes hubiesen sido los primeros en enterarse», soltó ante el micrófono. Luego dejó caer una pulla con destinatario abierto: «Hemos escuchado en Sonora lecciones de moral de grandes pillos, así están las cosas ahora». La vocería estatal, a cargo de Paloma Terán, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social, lo había anticipado en X horas antes: «El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos».
La reacción de Tamaulipas llegó por dos vías. Américo Villarreal negó cualquier irregularidad y calificó las acusaciones de falsas y sin sustento, con el argumento de que como servidor público siempre se ha conducido conforme a la ley. Gerardo Algarín, coordinador de Comunicación Social del gobierno estatal, fue más lejos en la forma. «No hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado», sostuvo, antes de fijar el centro de la disputa: «Nadie puede convertir rumores, versiones anónimas o especulaciones en hechos».
El reparo de fondo es ese, y es legítimo: la nota se sostiene en fuentes que no dan la cara y carece de un documento público que la respalde. Ni el Departamento de Estado ni el de Justicia han confirmado las cancelaciones ni la existencia de una investigación formal. La distinción jurídica tampoco es menor. Entrar con parole no equivale a viajar con visa, y un permiso temporal no prueba por sí solo que exista una acusación penal. El nudo del caso queda, por ahora, en el terreno de la palabra contra la palabra.
Steve Fisher decidió no ceder un milímetro. En entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula, el reportero, periodista independiente con base en la Ciudad de México, dijo que respeta el punto de vista de los gobernadores y que se sostiene en lo publicado. «Me mantengo firme en mi artículo», repitió, y añadió que recibió respuesta directa del gobernador de Tamaulipas. Sobre el desmentido, fue claro: «Yo tengo fuentes muy confiables que aseguran que su visa está cancelada» y que cuenta con un permiso especial para ingresar al país vecino. Advirtió, además, que recuperar una visa revocada por presuntos nexos con el crimen resulta un trámite casi imposible.
La presidenta Sheinbaum abordó el asunto en la mañanera de Palacio Nacional con un doble movimiento. Por un lado, devolvió la pelota a los señalados: «Salió una nota en Los Angeles Times, de dos gobernadores. Entiendo que ellos tienen que aclarar». Por otro, cargó contra el método. «¿Qué intención con quitar la visa y además hacerlo público?», preguntó, y respondió ella misma con la sospecha de una campaña de intimidación dirigida a los mexicanos: el mensaje implícito, dijo, sería un «aguas, te van a quitar la visa». Cerró con una concesión cargada de cautela: «Tenemos todo el derecho, al menos, de la duda».
La mandataria ya había marcado el terreno el domingo pasado, en el acto del Monumento a la Revolución por el segundo aniversario de su triunfo electoral. Allí lanzó su reproche más duro a Washington y preguntó en voz alta si el verdadero interés era combatir al crimen o si algunos sectores de la ultraderecha estadounidense buscaban usar a México para acomodarse de cara a sus comicios para influir en la elección mexicana de 2027.
El episodio no llega solo. Se monta sobre el caso que sacude a Morena desde abril, cuando la justicia estadounidense acusó al gobernador ahora con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios, de ayudar al Cártel de Sinaloa a introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos a cambio de sobornos y apoyo electoral. Sheinbaum descalificó esa indagatoria como una campaña de difamación contra su gobierno y, según el reporte, ha cerrado filas en lugar de soltar a Rocha Moya, pese a que un sector de su partido le pide tomar distancia.
La cancelación de visas funciona como un instrumento de presión más callado que las amenazas de ataques militares o que la revelación del operativo de la CIA en Chihuahua, y por eso mismo más difícil de rebatir. El año pasado Reuters reportó que Washington había retirado, sin estridencia, la visa a por lo menos 50 políticos y funcionarios mexicanos de distintos colores. Pocos lo han admitido en público. Una de ellas es la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien confirmó en mayo de 2025 la revocación de su documento, lo atribuyó a una decisión administrativa y negó cualquier vínculo con el crimen organizado. Detrás de esas bajas, de acuerdo con el reporte, opera el Centro Nacional de Contraterrorismo, una pieza de la inteligencia estadounidense que hoy dedica más energía a los cárteles designados como grupos terroristas y a los políticos señalados de colaborar con ellos que a las viejas amenazas de Medio Oriente.
El calendario aprieta. El próximo mes México, Estados Unidos y Canadá revisan su tratado comercial, y en 2027 estarán en juego la Cámara de Diputados y diecisiete gubernaturas, entre ellas las que hoy ocupan los señalados. Cada nombre que cae en la lista de Washington complica el tablero que Sheinbaum debe armar para sostener su mayoría. Dentro de su administración, anota la investigación, cunde una pregunta incómoda que se juega como adivinanza de pasillo: quién será el próximo. La Presidenta respondió el martes al embajador Ronald Johnson, que la había reprendido en X con la idea de que «la lucha contra los cárteles debería unirnos, no dividirnos». Su réplica fijó la frontera del debate en una sola línea: los asuntos de México les corresponden a los mexicanos.
