Nayarit alcanzó un avance sustancial en el combate a la corrupción al subir de la posición 31 a la segunda plaza nacional en percepción de honestidad. De acuerdo con los registros más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el territorio estatal figura ahora entre las regiones mejor evaluadas del país en integridad administrativa. Ésta es una transformación profunda respecto al inicio del sexenio, cuando la entidad padecía uno de los peores desempeños en materia de transparencia y confianza ciudadana.
La estrategia que impulsó este ascenso histórico se basa en la prevención, el fortalecimiento institucional y la aplicación rigurosa de la normativa, señaló Juan Carlos Alvarado Vázquez, secretario ejecutivo del Sistema Local Anticorrupción de Nayarit. Tales líneas de acción recibieron el reconocimiento de representantes de alto nivel de la Organización de las Naciones Unidas, quienes acudieron a la zona para verificar los mecanismos de control que buscan evitar irregularidades en el servicio público.
Mediante un esquema de capacitación masiva, se ha logrado instruir a más de seis mil personas, entre servidores, estudiantes y habitantes, sobre la importancia de la rendición de cuentas. Esta jornada formativa carece de precedentes en la historia local y tiene como meta principal erradicar la normalización de prácticas indebidas que anteriormente se consideraban habituales. Sólo se busca que la población asuma un rol activo en la vigilancia de los recursos para consolidar una cultura de legalidad permanente y efectiva.
Actualmente se perfeccionan las herramientas tecnológicas que garantizan la protección y el anonimato de quienes deciden denunciar actos de cohecho o desvíos de capital. Dichos sistemas integran el trabajo de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza con la Fiscalía Especializada y la Auditoría Superior del Estado. El enfoque institucional suma a la sanción de conductas menores la persecución de la corrupción de cuello blanco, lo cual ha derivado en procesos judiciales y órdenes de aprehensión contra antiguos funcionarios de alto rango.
Tales acciones preventivas se extienden a los 19 ayuntamientos y cuentan con el respaldo de cámaras empresariales para asegurar que el manejo del erario sea impecable durante los procesos de entrega-recepción. El sistema mantiene un monitoreo constante para advertir a los gobiernos municipales sobre las consecuencias legales de cualquier falta administrativa o penal. La construcción de un entorno transparente se define como una tarea colectiva en la que los ciudadanos son los principales encargados de exigir cuentas claras a sus autoridades.
