Las autoridades estatales y la Procuraduría Federal del Consumidor formalizaron un convenio de colaboración destinado a expandir la cobertura de servicios de defensa comercial en la entidad. Esta alianza busca garantizar que los habitantes cuenten con canales directos para la resolución de conflictos mercantiles y reciban orientación técnica sobre sus derechos básicos al adquirir productos o servicios.
Mediante este instrumento jurídico, se establecen las bases para facilitar el acceso a procedimientos de conciliación que protejan la integridad financiera de la población. Con esta medida, se pretende reducir los tiempos de respuesta ante posibles inconformidades y evitar que los usuarios deban realizar gestiones complejas para interponer quejas formales por irregularidades en precios o contratos.
El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, acompañado por la secretaria general de Gobierno, Rocío Esther González García, y el secretario de Economía, César Octavio Lara Fonseca, destacó que la suma de voluntades administrativas permite blindar el ingreso de los hogares. En el acto también participaron la titular de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Bahía de Banderas, Myrna Encinas, y representantes de la institución federal para dar validez al acuerdo.
Fomentar una cultura de consumo responsable se mantiene como una de las prioridades de este esfuerzo conjunto, ofreciendo herramientas para que la ciudadanía tome decisiones informadas. La estrategia proyecta un entorno de relaciones comerciales más equitativas, donde se ofrezca certidumbre a quienes diariamente destinan sus recursos al sostenimiento de sus familias.
Dicha colaboración institucional coloca las necesidades de las personas en el eje de la administración pública para consolidar un clima de justicia y bienestar social. Al fortalecer la vigilancia y la asesoría permanente, se construye un sistema de confianza mutua que impulsa la estabilidad económica y previene abusos en el mercado local.
