La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente emitió un comunicado oficial para alertar a la ciudadanía sobre la circulación de permisos apócrifos orientados a la venta ambulante en la franja costera de la entidad. Las autoridades detectaron la presencia de estas autorizaciones fraudulentas principalmente en los destinos turísticos de Rincón de Guayabitos y Los Ayala, ubicados en el municipio de Compostela.
Los documentos falsos fueron identificados durante las inspecciones y operativos de supervisión desplegados con motivo del inicio del periodo vacacional. Para simular validez oficial y engañar a los comerciantes locales, las cédulas utilizan de manera ilegal la imagen institucional y los logotipos del Gobierno de México, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como del propio organismo protector del medio ambiente. La maniobra pretendía amparar el comercio informal de alimentos, bebidas y la expendición de bebidas alcohólicas en la zona costera.
La representación federal aclaró que carece de atribuciones legales para expedir licencias comerciales de esta naturaleza dentro de la Zona Federal Marítimo Terrestre. Asimismo, la autoridad recordó que ninguna dependencia del orden federal cuenta con facultades para autorizar la venta ambulante de bebidas alcohólicas en las playas del país, por lo que cualquier documento que pretenda avalar dicha actividad resulta totalmente nulo.
Ante el hallazgo de estos cobros indebidos, la dependencia exhortó a la población y al gremio de comerciantes a no entregar dinero a intermediarios ni a personas que se ostenten como gestores. Cualquier trámite relativo al uso, aprovechamiento o concesión de la zona de playa debe realizarse exclusivamente y de forma directa ante las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Por estos hechos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente inició las investigaciones correspondientes para integrar el expediente legal. La institución evalúa presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República contra quienes resulten responsables por la elaboración, distribución y comercialización de la documentación falsa.
