Bastó una semana para que la propuesta de audiencias cambiara de cara. Jorge Zepeda Patterson había advertido en ese mismo espacio, siete días antes, que los lineamientos abrían la puerta a multar a medios críticos por sus contenidos, con la última palabra en manos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, designada por el gobierno, y multas de hasta el 1 por ciento de los ingresos. Volvió a revisar el texto, escribe, y confirma que esa posibilidad existe tal como está redactado. El dato de contexto es verificable, la iniciativa la presentó el 28 de julio la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, por instrucción de Sheinbaum, y desató una indignación que obligó a la mandataria a intervenir.
Esa intervención es el punto de partida del análisis. La Presidenta, cuenta, se aseguró de quitarle «los dientes» a la propuesta y sostuvo que había sido mal interpretada, que las sanciones se limitaban a incumplimientos administrativos, como no presentar un código de ética, no designar un defensor de audiencias o no ofrecer un canal de quejas. Y aclaró que, si un medio no satisface al quejoso, la autoridad no intervendrá, sólo quedará una «deshonra pública» por haber faltado a su propio código. El columnista lo celebra sin reservas, «enhorabuena», porque cualquier salida es mejor que dejar al poder decidir qué crítica es aceptable.
Pero se niega a cerrar el tema tan rápido. Falta, dice, modificar el texto para que no admita la lectura que permite castigar contenidos, y falta preguntarse por qué se redactó algo tan ambiguo. Ofrece tres hipótesis, ordenadas de menor a mayor inquietud: el descuido y el trabajo apresurado; la tentación de una Comisión que se otorga a sí misma un poder sobre los medios sin ver en ello nada ominoso; o, la más grave, el propósito deliberado de armar al poder político contra la prensa que lo combate. Deja la duda abierta, sin resolverla, que es la manera honesta de plantearla.
A esa altura, Zepeda inscribe el episodio en un patrón. No es la primera vez, recuerda, que Sheinbaum frena una ocurrencia de sus correligionarios en las cámaras, el gabinete o los tribunales: cita las leyes autoritarias de algún gobernador, como en Veracruz, el intento de gravar herencias o de revisar la cosa juzgada desde la Corte, y los efectos retroactivos colados en la ley de amparo desde el Senado. Una y otra vez, sostiene, Palacio matiza los excesos con que la 4T busca dar al poder político más atribuciones frente al poder económico.
Su lectura de fondo es favorable a la Presidenta, y conviene atribuirla como suya. Muchos compañeros de viaje, escribe, sean los duros por radicalismo o los expriistas y oportunistas por vicio de formación, creen que asegurar el poder para favorecer a los pobres justifica «atajos autoritarios». Sheinbaum, en cambio, parecería entender que su reto es el crecimiento, la inversión y el empleo, y que eso exige legitimidad y certidumbre, es decir, un marco jurídico estable y confiable. El elogio es claro, aunque llega envuelto en una crítica.
Porque lo que sigue es un reproche al estilo. A Zepeda le llama la atención el tono combativo con que la Presidenta hace estas correcciones «democratizantes». En lugar de reconocer una ambigüedad inadvertida y ofrecer enmendarla, fustigó a los críticos como si hubieran inventado una redacción perversa donde no la había, atribuyendo todo a la mala fe. Y ahí el columnista hace una precisión que reparte culpas, cualquiera que consulte el texto en la página de la Comisión verá que sí contempla multas ligadas a contenidos; que los adversarios de la 4T aprovechen eso para llamar estalinista al gobierno es otra cosa, pero la posibilidad de sancionar está en el papel. Habría bastado, sugiere, un gesto sereno que la habría beneficiado; en cambio corrige «con dedo flamígero, indignada y abonando a la polarización», y sube a los críticos «al paredón de la mañanera».
De ese estilo cuelga el retrato que da título a la pieza. Todo eso, dice Zepeda, explica la presencia de Luisa María Alcalde en la consejería jurídica y, además, su papel de vocera reincidente de las iniciativas polémicas, una figura que convierte cualquier exposición legal en trinchera. Le reconoce ser un cuadro de primera línea del movimiento, pero lo remata con una imagen filosa, «un cuchillo es imprescindible salvo cuando se le utiliza como cuchara». La abogada de la Presidencia, argumenta, debería ser alguien respetado por la comunidad jurídica; colocar ahí a la expresidenta de Morena, por definición adversaria de las demás fuerzas, desdibuja de entrada la neutralidad que un proyecto para beneficio de todos debería presumir, y su «talante regañón y belicoso» no ayuda. Se pregunta, con franqueza, si ese desgaste de imagen compensa.
Conviene situar la pieza. Es una columna de opinión de un analista cercano a los fines del gobierno y crítico de sus métodos, de modo que su lectura desarma de antemano la sospecha de encono. Los hechos que la sostienen están verificados: el cargo de Alcalde, que dejó la dirigencia de Morena en abril para asumir la consejería jurídica, y la marcha atrás presidencial sobre la propuesta. En cambio, las intenciones que atribuye a la redacción y el retrato de Alcalde son interpretaciones suyas; el gobierno justificó su nombramiento por su perfil profesional y rechazaría el mote de belicosa.
El valor del texto está en una postura poco frecuente, dar crédito al poder cuando rectifica sin fingir que el peligro era imaginario. Zepeda separa dos cosas que suelen confundirse, el acierto de frenar el exceso y el error de hacerlo como si el crítico mintiera. Y deja una idea que sirve más allá del caso: una ley pensada para todos pierde legitimidad cuando quien la redacta y la defiende es, por oficio, una combatiente de partido, y una corrección que se hace a regañadientes desperdicia el crédito democrático que podría ganar. La pregunta que ronda al lector es si un gobierno puede moderar sus propios excesos sin convertir también la enmienda en otra batalla.
