Muy probablemente, quienes están ―de alguna manera― en contacto con temas que giran en torno a las siempre complejas relaciones Iglesia-Estado en nuestro país, han visto, escuchado o leído algún tipo de información acerca de la celebración del primer centenario del Conflicto Religioso que se dio en nuestro país, particularmente durante el periodo 1926-1929, ese conflicto que llevó incluso a un enfrentamiento armado que dejó como saldo ―según diversos cálculos― alrededor de 250,000 muertos [50,000 del lado cristero; 50,000 del ejército y 150,000 civiles].
A lo largo de varias décadas prevalecieron dos interpretaciones de la Cristiada: la oficial que consideraba a la Iglesia como un poder opositor, conservador, antirrevolucionario y al movimiento cristero como una reacción fanática manipulada por el alto clero y la católica que consideraba al gobierno de Plutarco Elías Calles como alguien que pretendía acabar con la Iglesia Católica en México y el levantamiento como una defensa legítima de la fe. Sin embargo, la publicación de los tres tomos de “La Cristiada” de Jean Meyer, introdujo una tercera interpretación, de acuerdo con la cual, la “Guerra Cristera” habría sido una insurrección popular de carácter prioritariamente campesino ante un gobierno antirreligioso y autoritario.
Entre los hechos más conocidos de este conflicto se debe mencionar los que tuvieron lugar entre el 31 de julio y al 01 de agosto de 1926 con la promulgación de la “Ley sobre delitos y faltas en materia de culto religioso y disciplina externa” [generalmente conocida como “Ley Calles”] y la reacción del episcopado a través de un documento denominado “Pastoral colectiva de los obispos mexicanos anunciando el cierre de templos”…
Asimismo, también suele conocerse el supuesto fin del conflicto con la firma [el 21 de junio de 1929] de “los acuerdos” entre el presidente interino Emilio Portes Gil y el Arzobispo de Michoacán y delegado apostólico Leopoldo Ruiz y Flores, no sin el “placet” y la intervención del Papa Pío XI y del embajador de los Estados Unidos Dwight W. Morrow, de acuerdo con los cuales se permitía de nuevo el culto católico en las iglesias con la condición de que los sacerdotes se registraran ante las autoridades; no se modificaban, ni derogaban las leyes anticlericales de la Constitución de 1917 ni la Ley Calles, pero se aplicarían con un criterio de entendimiento mutuo; se otorgaba la amnistía a los cristeros que entregaran las armas; se devolvían a la Iglesia las casas curales y episcopales; se mantenía el carácter laico de la educación y se prohibía al clero dar clases en escuelas primarias o superiores de forma oficial.
Estos “acuerdos” de carácter cupular [se diría ahora] era difícil que satisficieran: por un lado, a quienes habían optado por la lucha armada y se sentían traicionados por los obispos y, por otro, a quienes estaban convencidos de que había que erradicar el fanatismo, cualquier tipo de poder antirrevolucionario y, muy particularmente, con una Iglesia al servicio de un poder extranjero, la cual debía ser sustituida por otro de carácter nacional y sumisa al gobierno.
Para explorar ―dentro de los límites de este “breve asomo”― a los avatares por los que pasó el conflicto antes y después de los “acuerdos” me remito a un texto escrito ―a modo de conversación― por mi hermano Manuel, en el que resume los cinco libros ―publicados por el Imdosoc― que dedicó a ese “denso periodo de nuestra historia: 1926-1938” y que presentó en un panel conmemorativo de los 80 años de los arreglos entre la Iglesia y el Estado en México en la Universidad Pontificia de México, el 23 de noviembre de 2006, día de la festividad litúrgica del entonces beato [ahora santo[ Miguel Agustín Pro SJ.
Un primer dato relevante tiene que ver con la interrupción de las negociaciones para llegar a los “acuerdos” después del asesinato del presidente electo Álvaro Obregón el 17 de julio de 1928 por un católico de nombre José de León Toral.
Más relevante aún serían los ataques de la Liga Nacional para la defensa de la Libertad Religiosa y de otros católicos destacados ―entre los que menciona a Miguel Palomar y Vizcarra, fundador del Partido Católico Nacional de México y a los jesuitas José María de Heredia, Mariano Cuevas y Ramón Martínez― contra Mons. Ruiz y Flores y contra el mismo Papa Pío XI, así como los ataques de funcionarios del gobierno y del Congreso, la multiplicación de hechos persecutorios y de sangre y el aumento de las restricciones para el ejercicio de la religión que se dieron en 1931 y 1932 [años que Manuel considera que fueron los años de “confrontación extrema”].
En ese contexto, el texto de Manuel menciona el surgimiento de otra vertiente del conflicto: la vertiente educativa en la que detecta dos cauces: el de la educación socialista y el de la educación sexual, los cuales “decayeron y murieron más por su impracticabilidad e impopularidad que por el triunfo o la derrota en una lucha ideológica”, lo que no evitó agresiones de parte de la policía montada o del cuerpo de bomberos contra la resistencia de los católicos representados en muchos casos por organizaciones femeninas.
Sería bajo el gobierno ―el primero sexenal― de Lázaro Cárdenas que, finalmente, el conflicto llegaría a su fin, a pesar de que, durante la campaña presidencial y en los inicios de su gestión los augurios eran muy distintos.
A ello contribuyeron diversos factores: la intención de “Tata Lázaro” de poner fin al conflicto religioso a lo que contribuyó el control sobre los cacicazgos regionales y la expulsión del ex presidente Calles; la muerte de los arzobispos de México [Pascual Díaz] y de Guadalajara [Francisco Orozco y Jiménez], así como el nombramiento de quien había sido obispo de Michoacán cuando Lázaro Cárdenas era gobernador: Mons. Luis María Martínez como Arzobispo de México y; un hecho que Manuel considera crucial: el apoyo episcopal a la expropiación petrolera que “vino a ser como el broche que cerró los tiempos persecutorios y dejó expedito el camino de un “modus vivendi” estable para la Iglesia Católica en México. La modificación de la Constitución en la materia hubo de esperarla hasta 1991 y 1992”.
