En agosto de 2008 publiqué La administración pública estatal y municipal en Nayarit. Un análisis del proceso administrativo público 2000-2005. Era, hasta donde alcanzo a saber, el primer intento de mirar en conjunto cómo se administraba el estado: cómo se planeaba, cómo se programaba, cómo se presupuestaba, cómo se organizaba el aparato y cómo se controlaba el dinero público. Esas cinco funciones se habían estudiado por separado, con enfoques jurídicos o administrativos, pero nadie las había puesto una junto a otra para ver si conversaban entre sí. El libro sostenía que no conversaban.
Su conclusión fue incómoda entonces y me temo que sigue siéndolo: existía un cumplimiento asistemático del proceso administrativo público, derivado de su inadecuada comprensión como principio rector del funcionamiento de la administración. Dicho en corto: se planeaba en un documento, se presupuestaba en otro y se ejercía en un tercero, sin que ninguno se hablara con los demás. Y como las funciones administrativas están reguladas en la Constitución local y en las leyes que de ella emanan, su observancia nunca fue potestativa. El doctor Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, entonces magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tuvo la generosidad de prologarlo con una línea que hoy leo como criterio de evaluación y no como cortesía: “administrar implica manejar recursos para generar resultados, con el objetivo fundamental de servir”.
Hoy se reimprime la obra y la presentamos en la Fundación Navifu. Aprovecho el motivo para plantear lo que expondré esta tarde, que no es un homenaje al texto sino su uso como instrumento de medición.
La fecha de publicación del libro no fue un dato editorial sino analítico. En mayo de 2008 se reformó el artículo 134 constitucional para incorporar la evaluación de resultados; en agosto salió el libro; en diciembre se expidió la Ley General de Contabilidad Gubernamental. El texto quedó impreso en el intervalo exacto entre el diseño y la ejecución del cambio de modelo, de modo que describe el último año completo del sistema anterior. Eso lo vuelve línea base.
Contra esa línea base puede medirse lo construido después, y no fue poco. Llegaron el presupuesto basado en resultados, la armonización contable, la Ley de Disciplina Financiera de 2016, el sistema local anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, los órganos internos de control con autoridades diferenciadas de investigación, substanciación y resolución. El Órgano de Fiscalización Superior que el libro describe se transformó en Auditoría Superior del Estado. Las reformas de 2011 sometieron el acto administrativo municipal al control de convencionalidad. Nunca en la historia de Nayarit tuvimos más normas ni mejores instrumentos técnicos para administrar bien.
Y nunca hemos estado en peor situación financiera. Esa paradoja es el tema.
Vayamos a las cifras, que llevamos demasiados años discutiendo esto con adjetivos.
El presupuesto de egresos aprobado en diciembre de 2008 para el ejercicio 2009 ascendió a 12 mil 197 millones de pesos. El de 2026 asciende a 32 mil 200.8 millones. En términos nominales creció 164 por ciento; descontada la inflación, 28 por ciento; y medido por habitante, alrededor de 7 por ciento en diecisiete años. Menos de medio punto porcentual anual. No es que administremos mal el gasto: es que no hay gasto que administrar.
De dónde viene ese dinero importa todavía más. Los recursos fiscales propios del estado suman 3 mil 145.8 millones sobre un presupuesto de 32 mil 200.8. De cada cien pesos que ejerce el Gobierno del Estado, menos de diez los genera Nayarit. Ése es el techo real de nuestra autonomía, y explica por qué la discusión sobre prioridades tiene tan poco margen: nueve de cada diez pesos vienen decididos desde otro lado o llegan etiquetados.
En qué se gasta cierra el cuadro. Ochenta y uno de cada cien pesos son gasto corriente; cinco son gasto de capital. La inversión pública directa prevista para 2026 asciende a mil 6.5 millones, de los cuales 337.3 corresponden a recurso estatal. Repartidos entre el millón trescientos mil nayaritas, esos 337.3 millones dan doscientos sesenta y un pesos por habitante al año.
Setenta y dos centavos diarios es lo que el estado destina, por cada uno de nosotros, a construir el lugar donde vamos a vivir.
Comparen ese peso con lo que ya debemos. A pensiones y jubilaciones el estado destina 810.4 millones; al servicio de su deuda, 793.5. Por cada peso invertido en obra con recurso propio van 2.40 a pensiones y 2.35 a la deuda. Sumados, esos dos compromisos consumen la mitad exacta de todo lo que Nayarit recauda por sí mismo, antes de prestar un solo servicio público. El saldo insoluto de la deuda cerró 2025 en 5 mil 205.7 millones, con créditos contratados a veinticinco, veinte y veintiún años. Estamos comprometiendo ingresos de 2046.
Debajo de todo esto corre una curva que casi nadie mira. El índice de envejecimiento de Nayarit pasó de 24.0 en mujeres y 22.3 en hombres en 2010 a 38.0 y 34.2 en 2024, un crecimiento cercano al cincuenta por ciento en catorce años. Hoy 157 395 personas tienen sesenta años o más. La obligación pensionaria crece a 3.34 por ciento anual compuesto; el presupuesto real por habitante, a 0.43. Ocho veces más rápido. Ninguna administración, por eficiente que sea, cierra esa brecha con ahorro operativo.
En los municipios el cuadro es peor, porque ahí ni siquiera existe un fondo de pensiones: los pagos a jubilados salen del gasto corriente y compiten cada quincena con el alumbrado y la recolección de basura. Hay entes municipales que destinan el treinta y siete por ciento de su nómina a jubilaciones. A eso se suman pasivos laborales que en varios casos exigirían cerrar las puertas un par de años para cubrirlos, alimentados cada trienio por ceses practicados sin procedimiento, sin expediente y sin causal acreditada, que los trabajadores terminan ganando cuatro años después con salarios caídos a cuestas. Una administración genera el pasivo y otra lo paga.
Nada de esto es una lista de desgracias inconexas. Es, punto por punto, la tesis del libro cumpliéndose. La crisis pensionaria fue una falla de planeación, porque estaba escrita en la demografía desde antes de que yo escribiera aquellas páginas. El pasivo laboral es una falla de presupuestación: es el único presupuesto que en Nayarit se ejerce sin haber sido nunca aprobado, fuera del decreto, fuera del techo de gasto y fuera del debate del cabildo. Los ceses trienales son una falla de organización, y aquí está la página más cara de todo el volumen: en el capítulo quinto describí la Comisión del Servicio Civil de Carrera, un mecanismo que la legislación de Nayarit contemplaba desde antes de 2008 y que nunca se instaló en serio. Si se hubiera instalado, esos laudos no existirían.
Conviene decir también lo que sí funcionó. El decreto de egresos de hoy publica plazas, inversión y deuda con un detalle impensable en 2008, y eso es armonización contable operando. La inversión con recurso estatal creció de 151.5 a 337.3 millones. La reforma pensionaria estatal se tomó, aunque su suerte dependa ahora de los amparos en curso contra el régimen de transición. Y de los tres ayuntamientos que se reeligieron en 2024, San Blas, Tepic y Acaponeta, los tres conservaron a su tesorero y Tepic además a su contralor. La continuidad técnica es posible; el problema es que diecisiete de veinte municipios volvieron a empezar de cero.
De todas las cifras que he citado hay una sola sobre la que Nayarit tiene control: ese 9.8 por ciento de recaudación propia. Lo demás se decide en otra parte o ya está comprometido con acreedores y con jubilados que ganaron legítimamente su derecho. Todo el debate sobre el futuro del estado, gobierne quien gobierne, es en el fondo un debate sobre ese porcentaje y sobre nuestra capacidad administrativa para merecerlo. Y merecerlo es exactamente lo que el libro discute, porque el proceso administrativo público no es una técnica presupuestaria: es la forma en que un gobierno demuestra que sabe qué hacer con el dinero de gente que tiene poco.
Hay una trampa que conviene nombrar. Nadie contribuye al sostenimiento de un municipio que no pavimenta, y el municipio no pavimenta porque nadie contribuye. Ésa es la razón de fondo por la que llevamos veinte años recaudando poco pese al esfuerzo honesto de muchas tesorerías. La hacienda pública local no se restaura con requerimientos: se restaura con calles.
Escribí este libro hace dieciocho años para describir cómo se administraba Nayarit. Se reimprime hoy porque describe cómo se sigue administrando. Y si algo aprendí en el tiempo transcurrido es que la pregunta que solemos hacernos no es la que importa. La pregunta no es si el modelo aguanta. Aguanta: los gobiernos rara vez quiebran, simplemente dejan de servir.
La pregunta es cuánto tiempo puede un gobierno dejar de servir antes de dejar de importar.
*El autor es abogado postulante, especialista en derecho administrativo y municipal. La reimpresión de La administración pública estatal y municipal en Nayarit se presenta hoy en la Fundación Navifu.
Fuentes de las cifras: decretos de Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit para los ejercicios 2009, 2020 y 2026; INEGI, censos de 2010 y 2020; CONAPO, proyecciones de población. Las cantidades de 2009 fueron deflactadas con el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
