La Trigésima Cuarta Legislatura estatal progresa en la renovación del órgano colegiado encargado de supervisar las políticas de género en el territorio. Durante una jornada de trabajo legislativo, los integrantes de la Comisión de Igualdad de Género y Familias validaron el perfil de las ciudadanas que aspiran a ocupar una de las dos vacantes disponibles en el consejo directivo estatal. Este proceso administrativo busca garantizar que quienes asuman la responsabilidad cuenten con la solvencia técnica necesaria para un periodo de tres años.
Siete perfiles profesionales fueron sometidos a un escrutinio detallado donde se priorizó la experiencia en la defensa de los derechos humanos. Las aspirantes Ely Gamboa Soto, Tomasa Montes Gómez, Vivian de los Ángeles Ávila Fregoso, Yahaira Guadalupe Uribe Rivera, Zoraida Arabella Bañuelos Álvarez, Karla Marlen Acosta Rodríguez y Luz Amalia Barrón Vivanco expusieron sus planes de trabajo ante la comisión. En este espacio, las interesadas justificaron su intención de sumarse a las labores preventivas de violencia contra la población femenina.
Mediante comparecencias directas ante los representantes populares, se evaluó la trayectoria y el perfil académico de cada postulante. Los cuestionamientos se centraron en la capacidad operativa para desempeñar el cargo y en el conocimiento de las problemáticas que aquejan a las mujeres nayaritas. Esta etapa de entrevistas permite a los legisladores conocer de cerca las motivaciones y la visión de quienes pretenden incidir en el fortalecimiento institucional del organismo.
Luego de agotar el ciclo de comparecencias, se emitió el dictamen de elegibilidad que certifica que las participantes cumplen con los requisitos de ley. El documento será sometido a la consideración del pleno durante una sesión pública ordinaria, donde el voto parlamentario decidirá quiénes ocuparán los dos espacios en disputa. Es importante destacar que sólo las aspirantes que demostraron mayor congruencia entre su perfil y los objetivos del instituto avanzarán a la votación final.
Esta transición administrativa responde a la conclusión del periodo legal de dos consejeras salientes, lo que obliga a la renovación periódica para mantener la operatividad del consejo directivo. La rotación de los cargos ciudadanos fomenta la inclusión de nuevas perspectivas y suma esfuerzos en la vigilancia de las políticas públicas con perspectiva de género. Con esta selección, se asegura la continuidad de los trabajos de coordinación entre la sociedad civil y las autoridades estatales.
Las nuevas integrantes tendrán la encomienda de aportar propuestas que robustezcan el marco normativo de igualdad y la prevención de conductas agresivas. El consejo directivo funciona como un eje de suma que integra los derechos fundamentales de las habitantes en la agenda pública de Nayarit. La labor de las futuras consejeras resultará fundamental para consolidar entornos seguros y oportunidades equitativas en los municipios de la entidad.
