Defender la intermediación gremial frente a las nuevas disposiciones de las compañías procesadoras une a los agricultores de la costa sur y norte del estado en una sola postura. La inconformidad surgió tras anunciarse que los convenios de siembra para el ciclo venidero prescindirán del aval de la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC tabaquera), modificando el esquema de trabajo acostumbrado en las parcelas locales.
Tradicionalmente, las firmas del ramo inician el arrendamiento y la contratación de tierras durante el próximo mes mediante acuerdos colectivos. Sin previo aviso, las empresas notificaron a los campesinos su intención de acordar tratos directos e individuales con cada dueño de parcela, marginando a la organización gremial que históricamente fungía como testigo y garante legal de los compromisos de compraventa.
Vulnerar el balance en las negociaciones preocupa hondamente a los campesinos, señaló Juan Carlos Espinoza, representante de los productores de la zona sur. El portavoz advirtió que los contratos particulares carecen de garantías técnicas, lo que expone a los trabajadores del campo a descuentos injustificados en el pesaje, castigos arbitrarios en la clasificación de calidad y pagos por debajo de los costos reales de cultivo.
Alrededor de dos mil agricultores se encuentran preparados para formalizar los nuevos convenios, condicionando sus firmas a la supervisión estricta de la directiva sindical. El sector mantiene disponibles ocho mil hectáreas con vocación agrícola para rentarlas a la industria, exigiendo que se respeten los esquemas de certidumbre comercial y los tabuladores económicos aplicados en años anteriores.
Consolidar un frente común entre las distintas regiones productoras permitirá presionar a la dirigencia de la ARIC tabaquera para que intervenga de inmediato en el conflicto. Los labriegos esperan una postura pública y un plan de acción formal por parte de su dirigencia para fijar una mesa de diálogo antes del arranque del periodo de plantación en el campo.
