A tres semanas de las elecciones intermedias en Estados Unidos, los mercados de predicción asignaban el martes 13 de octubre 91 por ciento de probabilidad a una Cámara demócrata y 64 por ciento a un Senado del mismo signo. Jorge Zepeda Patterson toma ese escenario en El País y hace lo que pocos analistas se detienen a hacer: desmontarlo desde la perspectiva mexicana, sin el optimismo fácil que suele acompañar cualquier noticia que huela a derrota de Donald Trump.
La advertencia central es directa. Celebrar un viraje demócrata en el Congreso sería, en palabras del columnista, «una lectura cómoda, pero equivocada» para México. Los aranceles que más han golpeado a la economía mexicana se aplican bajo mecanismos legales que no requieren votación legislativa, y la Casa Blanca puede sostenerlos con independencia de quién controle el Capitolio. El cambio de mayoría modifica la supervisión sobre Trump, no sus facultades ejecutivas en materia comercial.
El T-MEC complica el panorama. Washington se negó en junio a extender el tratado en sus términos actuales; el acuerdo sigue vigente pero sujeto a revisiones anuales. Si se introducen cambios en el texto, esos sí requerirían aprobación legislativa, y ahí los demócratas tendrían voz. Zepeda Patterson advierte que esa voz no opera necesariamente a favor de México: los legisladores demócratas, presionados por sindicatos y organizaciones civiles, probablemente exigirían más compromisos laborales y ambientales. «Para México», escribe el analista, «no siempre son los buenos ni los republicanos los malos.»
En materia de seguridad el cambio sería más concreto. Circula en Washington un borrador que daría a Trump amplia autoridad para usar fuerza militar contra cárteles designados como organizaciones terroristas. Un Congreso demócrata podría incluir en el presupuesto una disposición que prohíba financiar esa acción. Aun así, Zepeda Patterson acota la ventaja: el Congreso tendría capacidad para investigar y condicionar, pero una operación limitada podría ejecutarse antes de que reaccionara.
En migración y remesas el margen es todavía menor. La ley presupuestal de 2025 ya asignó fondos para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y la Patrulla Fronteriza que alcanzan al resto de la administración Trump. Los demócratas podrían vigilar operaciones y bloquear ampliaciones, pero la arquitectura migratoria en vigor quedaría intacta. Sobre el impuesto del 1 por ciento a las remesas en efectivo, vigente desde enero, el columnista señala que una mayoría demócrata no podría eliminarlo por sí sola, aunque sí impediría que se eleve.
El Senado importa de manera distinta y más favorable para México. Confirma embajadores y secretarios, y su Comité de Relaciones Exteriores marca buena parte de la agenda hemisférica. Con mayoría demócrata, apunta Zepeda Patterson, la conversación podría orientarse hacia el tráfico de armas hacia el sur y el lavado de dinero en bancos estadounidenses, temas que el gobierno mexicano ha impulsado con escaso éxito frente a la administración actual. En ese frente, México ganaría interlocutores.
El costo de esa ganancia tiene una cara que el columnista desarrolla con cuidado. El transaccionalismo de Trump ha tenido, desde la perspectiva de Palacio Nacional, una ventaja inesperada: mientras haya resultados en comercio, migración y fentanilo, Washington no pregunta por lo demás. La reforma judicial, la desaparición de órganos autónomos y el respeto de derechos humanos en la estrategia de seguridad son temas que la Casa Blanca ignora, pero que sindicatos y organizaciones civiles llevan a los demócratas. «Un Congreso opositor sí preguntaría», escribe Zepeda Patterson.
Hay un dato de calendario que el texto subraya con consecuencias inmediatas para México. El nuevo Congreso entra en funciones el 3 de enero de 2027, lo que significa que el período de mayor vulnerabilidad no está después del cambio sino antes: los próximos tres meses, mientras Trump conserve un Congreso afín y pueda intentar ahora lo que después podría ser impugnado.
La conclusión del texto es la más práctica. México requiere construir una diplomacia legislativa profesional que trabaje en los comités del Congreso, active la red de más de 50 consulados y aproveche a los legisladores de origen mexicano. Durante dos años, la relación bilateral dependió del criterio de un solo hombre. A partir de enero dependerá también de 535 legisladores. «Será más complicado», cierra Zepeda Patterson, «pero menos arbitrario. Aunque sólo un poco.»
