En la Condesa envenenaron a cuatro perros y en cuestión de días ya había policías en la calle, peritos trabajando, una carpeta en la fiscalía y un detenido, ubicado por las cámaras de la ciudad. Uno lo lee y piensa lo de siempre, que el Estado, cuando se le antoja, puede. Ignacio Morales Lechuga lo leyó igual, y de ahí sacó su columna.
Que caiga el que envenenó a los perros le parece justo, no es ahí donde pone el dedo. Lo pone en por qué esa misma rapidez no sale cuando lo que falta es una persona.
Porque los números están y no se mueven. Hasta agosto, 133 mil 788 desaparecidos, según Data Cívica. Miles de cuerpos sin nombre. Una madre que busca a su hijo no recibe peritos ni cámaras; recibe trámites y que le digan que exagera, cuando no la puerta cerrada.
Y los casos que no se borran. En septiembre, en Zacapu, un colectivo levantó mil 600 dientes de leche de lo que fue un crematorio clandestino, y la fiscalía de Michoacán dijo que no tenía registro de nada. En Culiacán, el 6 de octubre, unas mujeres hicieron guardia casi veinte horas junto a una fosa, esperando a que alguien de gobierno llegara. Los cuatro perros de la Condesa, mientras, ya tenían a alguien tras las rejas.
Morales Lechuga le pone nombre a la diferencia, y no es bonito, cálculo electoral. Con 2027 enfrente, lo que arde en redes se atiende porque callar sale caro, y lo que no arde, aunque sean 133 mil ausencias, es para el poder, en sus palabras, un «pasivo publicitario incómodo». El propio gobierno juega en esa cancha. El 27 de octubre la presidenta Sheinbaum salió a decir que Amnistía Internacional está «cooptada por opositores», y todo porque la organización puso por escrito, en un informe, lo que cargan las buscadoras.
Él lo lleva al extremo con una frase que escuece, que para el Estado «los niños tienen menos derecho a la justicia que los canes». Exagera y lo sabe. Pero el coraje de donde sale esa frase se entiende.
Justo es decir una cosa, eso sí. Agarrar al que mata cuatro perros en una cuadra, con un video que lo delata, es cosa de una tarde; encontrar a un desaparecido, o a quien se lo llevó, es un problema viejo y enorme que ninguna voluntad resuelve en una semana. Medir las dos con el mismo cronómetro es tramposo. Lo que no se salva es lo demás, las veinte horas, las vallas, el poder peleado con quien lleva la cuenta de los muertos y no con quien los produce.
Cuando se apaguen las cámaras y pase 2027, las buscadoras seguirán ahí, con la pala, en esos terrenos a los que el gobierno tarda veinte horas en llegar.
