Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Nayarit iniciaron este viernes un paro laboral por tiempo indefinido contra el acuerdo general que establece nuevas evaluaciones para el personal de la carrera judicial, publicado el jueves en el Diario Oficial de la Federación por el Órgano de Administración Judicial (OAJ). El paro forma parte de una protesta nacional que se extendió a por lo menos 17 estados.
Desde las 10 de la mañana, trabajadores sindicalizados y de confianza se concentraron en la Explanada de la Cruz, sobre avenida México, frente al Primer Tribunal Colegiado de Circuito. Después ingresaron a Palacio de Gobierno para expresar su inconformidad. En el Congreso del Estado no fueron atendidos por los legisladores. En Nayarit, el PJF cuenta con alrededor de 960 trabajadores, de los cuales unos 420 son sindicalizados.
Los inconformes dicen que no se oponen a ser evaluados. Lo que rechazan es que reprobar pueda costarles el cargo, incluso a quienes tienen plaza de base. El esquema prevé evaluaciones periódicas, y el examen de competencias profesionales equivale al 40% de la calificación total.
“Este examen pierde de vista que nosotros ya tenemos un derecho adquirido”, dijo Jesús Acosta, secretario de base del Primer Tribunal Colegiado. Quien no pase el examen tiene derecho a uno extraordinario y, si tampoco lo aprueba, a un recurso de revisión, pero los dos los resuelve el mismo OAJ, y contra su decisión no procede ningún recurso. “Nos dejan en un estado de indefensión total”, agregó.
Los inconformes señalan además que las consecuencias no son las mismas para el personal operativo que para jueces y magistrados, y advierten que el conflicto puede afectar la impartición de justicia.
Piden que se derogue el acuerdo y que se arme un mecanismo de evaluación que respete sus derechos laborales y tome en cuenta a la base trabajadora. “Estamos a favor de la evaluación, no del modo en que se está implementando”, dijo el oficial judicial Juan Manuel Galindo. Carlos Tiznado, secretario del Tercer Tribunal Colegiado, calificó la medida de “inconstitucional, ilegal”, y sostuvo que no busca mejorar la administración de justicia.
Por su parte, el OAJ difundió este viernes el comunicado 104/2026, en el que sostiene que la evaluación del desempeño es una atribución constitucional y legal del órgano, y que el examen de diciembre será exclusivamente diagnóstico, por lo que no provocará despidos ni pérdida de plazas. Precisó que la primera evaluación ordinaria, con los efectos que prevé la ley, se aplicará hasta que concluyan las acciones de capacitación, y reiteró su disposición al diálogo. A nivel nacional, los trabajadores mantienen su rechazo a las disposiciones sobre las evaluaciones posteriores y dicen que seguirán en paro hasta que se atiendan sus demandas.
Con información de Gustavo Vargas
