Lo que pasa dentro de un penal de Tepic llegó el martes 17 de noviembre hasta Santa Fe. Cerca de 400 personas, casi todas con la cara cubierta, bloquearon por más de cinco horas los accesos a esa zona del poniente de la Ciudad de México. Dijeron ser familiares de presos del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4, en la capital nayarita, y pedían que destituyeran al director. En la carretera México-Toluca la fila de autos llegó a 6 kilómetros.
Jorge Zepeda Patterson arranca con ese episodio su columna en El País y suma lo que vino después. Según su recuento, al día siguiente las autoridades señalaron que la protesta la convocaron allegados al líder de Los Malcriados, una banda del crimen organizado, y que habrían pagado 250 pesos por manifestante. Lo que buscaban, presume el columnista, era recuperar posiciones dentro del penal de Nayarit. Y lo hicieron sabiendo que en la capital del país bloquear una avenida sale gratis.
Zepeda reconoce que el tema incomoda, más a un gobierno de izquierda. El obradorismo se hizo en la calle: las marchas contra los fraudes en Tabasco, los pozos petroleros bloqueados en 1996, el plantón de siete semanas en Reforma en 2006. La Cuarta Transformación (4T) convirtió el «no vamos a reprimir» en un principio que vale para todo.
A él le preocupa a quién le cae el golpe. Al ejecutivo de Santa Fe el bloqueo lo obligó a trabajar por teléfono desde el coche o desde su casa. A la trabajadora doméstica, o al empleado que cruza media ciudad en dos o tres transportes, le costó horas, el día de trabajo y a veces el empleo. El albañil que no llega no cobra. Perder la cita en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puede volverse un drama. Con los negocios pasa igual. Una cadena grande reparte la pérdida entre sus tiendas. Los pequeños comerciantes del Centro Histórico dijeron haber dejado de recibir 39 millones de pesos diarios durante las dos semanas del plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Marchas y bloqueos, además, van en aumento. Zepeda cita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina: de enero a noviembre hubo 25 por ciento más que en el mismo lapso de 2025, de 9 a casi 12 por día. Una de cada cinco manifestaciones incluye un bloqueo. En las carreteras parecen haber bajado en los últimos meses, después de las protestas duras de los transportistas. El propio autor desconfía de esos números. «Carecemos de datos sistemáticos», escribe, sobre un asunto que nadie quiere documentar ni investigar.
Hay algo que lo inquieta más. El crimen organizado, dice, aprendió hace tiempo que cerrar una carretera sale barato y funciona. Tras el operativo contra El Mencho, en febrero, hubo 252 bloqueos en 20 estados en un solo día. Recuerda también lo ocurrido en Chiapas y en la carretera a Cuernavaca, donde se usó a los vecinos para bloquear acciones de la autoridad contra los delincuentes. Lo de Santa Fe, según el columnista, enseña que la línea entre el reclamo legítimo y la extorsión «se resuelve con 250 pesos por persona». Y pregunta cuánto falta para que los actores políticos echen mano del mismo recurso.
Para salir de esto sin caer en el autoritarismo, Zepeda voltea a Francia. En París se protesta tanto como en la Ciudad de México, cuenta, pero lo que se autoriza son marchas. El recorrido se negocia con la autoridad y la calle se libera al terminar. Hay bloqueos carreteros de agricultores o de los chalecos amarillos, aunque son ocasionales. Aquí son de todos los días.
Su propuesta cabe en una línea: «permitir las marchas, desalentar los bloqueos». Para llegar ahí pide empezar por conocer el fenómeno, documentarlo y seguirlo de cerca. Toca la seguridad pública, la política, la economía, la logística y el bienestar social, y nadie lo está atendiendo de manera transversal. Una vez que haya consensos, plantea reglas: registrar cada movilización, pactar rutas, dejar carriles abiertos en las vías primarias y liberar los accesos a hospitales. También asegurar el paso de alimentos, medicinas y ambulancias, y ponerle tiempo a la ocupación de calles.
Si cada grupo agraviado descubre que solo lo escuchan cuando toma de rehén al resto, advierte, la ciudad va a terminar colapsada. En otro texto ya había dicho que el riesgo para la estabilidad del país está en la suma de miles de conflictos chicos que lo paralicen o le impongan un costo económico imposible de cargar.
En Iowa, Estados Unidos, existe una ley que da inmunidad civil al conductor que, manejando con la debida precaución, lesione a alguien que bloquea el tráfico durante una protesta o una reunión ilegal. Zepeda la pone como ejemplo de lo que podría aprobar un gobierno de ultraderecha. Por eso pide atender el asunto ahora, desde una visión humanista, antes de que lo agarren los que, escribe, «habrán de asegurar que no votar por la 4T es la única manera de resolverlo».







