Lo sacro y lo profano en tensión, de nuevo…

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Las “palabras” escritas en mis colaboraciones publicadas en El Meridiano de Nayarit suelen provenir de eventos, experiencias propias y lecturas que, de una u otra manera han llegado a mí…

Pues bien, esta ocasión, las “palabras” que aquí voy escribiendo, provienen de varias fuentes que tienen en común algo que se enmarca en lo que ha sido uno de los ejes de las siempre complejas relaciones entre religión y política —dos “asuntos” que separados son ya origen de tensiones internas, y que cuando entran en relación, suelen entrar en conflicto con mayor o menor intensidad—; algo que suele expresarse como relaciones Iglesia-Estado [curiosamente en esa expresión casi siempre aparece en primer término la Iglesia y no el Estado].

Quienes buscan mayores precisiones terminológicas, suelen precisar que, a partir de la Constitución de 1857, se debería hablar de “Iglesias” y no de “Iglesia”, si bien, hasta hace algunas décadas, solía argumentarse que no era del todo descabellado hablar de “Iglesia” en singular, porque la inmensa mayoría de los habitantes de este país se identificaban como católicos y porque las relaciones relevantes y conflictivas tenían como protagonistas, casi exclusivamente, a los obispos.

Es más, los eclesiólogos y los politólogos suelen precisar también que no debería hablarse de Iglesia, sino de la jerarquía eclesiástica, del episcopado, de los obispos, de los pastores, por el lado de las iglesias, ni del Estado en general —en el que se incluyen los tres poderes y los tres niveles de gobierno, sino de los titulares del poder ejecutivo [léase, los presidentes]…

En este caso concreto, estas “palabras” han surgido:

De un artículo de Bernardo Barranco, publicado en La Jornada el pasado 9 de noviembre.

Del programa “Sacro y Profano” transmitido ese mismo día, por la noche, a través del Canal 11, conducido también por Bernardo Barranco —para muchos el “gurú” de los temas religiosos en México— y que tuvo como tema “El episcopado mexicano defiende al INE” y si bien, la postura expresada en el artículo y las conclusiones a las que los invitados a Sacro y Profano —la historiadora Mónica Uribe y el analista político Oscar Aguilar— no fueron similares [la postura de Barranco dejó la impresión de cercanía con la 4T, mientras que Mónica y Oscar consideraron que a los obispos, esta vez, les asistía la razón] y;

Del artículo “AMLO vs Iglesia Católica: Confrontación abierta sin visos de negociación”, publicado en el número 2402 de la revista Proceso y escrito por Rodrigo Vera, el articulista de lujo de esa revista en materia religiosa.

Asumiendo un tono jurídico poco frecuente en mí, me pregunto por la “litis” —esa palabra latina que puede traducirse “pleito”, “enfrentamiento”, “disputa”, “discusión” o “causa”— y respondo que se trata de un capítulo más de esas diferencias y divergencias de carácter cupular entre entidades religiosas y entidades políticas que, en esta coyuntura, se ha concretado en dos temas principales: la violencia y la democracia que irrumpieron en el escenario a partir de dos hechos: el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora el pasado mes de junio y la propuesta de reforma constitucional en materia electoral enviada por el presidente López Obrador al Congreso hace menos de un mes, respectivamente.

El asesinato de los jesuitas —que tuvo un impacto mediático importante y que no es el único caso de sacerdotes asesinados— condujo hacia algo poco frecuente: la emisión de un mensaje conjunto de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús bajo el título “Tejer en Cristo nuevas relaciones: de la fragmentación a la unidad”, dirigido a los obispos, sacerdotes, vida religiosa, fieles y personas de buena voluntad de México.

Este breve mensaje se puede definir como una exhortación a todas las personas de buena voluntad de México a la unión para pedir por la paz, en un contexto de “asesinatos y desapariciones que diariamente se cometen en el país”, desde la lectura de fe de que “la sangre derramada de estos hermanos y hermanas es la sangre de Jesús que cae a la tierra para hacerla fértil y emprender un camino por la paz”.

Otro elemento poco frecuente en este tipo de mensajes es el de las cuatro acciones a las que convoca: hacer memoria de todos los sacerdotes, religiosos y religiosas asesinados; celebrar misas u organizar oraciones comunitarias en lugares en que se hayan dado muertes violentas o desapariciones; orar por la vida y la conversión de los victimarios y organizar acciones para abonar a ese camino para la paz…

El mensaje —en el que no hay una sola alusión explícita a la política de seguridad, por cierto— concluye con una oración por la paz.

El “Mensaje al pueblo de México sobre la iniciativa de una Reforma Constitucional en Materia Electoral”, por su parte, tiene también sus peculiaridades…

Ante todo, se trata de un mensaje emitido por el Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el que se podría considerar como el máximo órgano de gobierno de los obispos de nuestro país y tiene como destinatario “al pueblo de México”…

Ahora bien, en este caso, el punto de partida es el “más amplio reconocimiento a la importante labor que realizan en la vida democrática de nuestro país, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el correspondiente Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)” por “su autonomía de los poderes políticos”, su “estrecha relación con la ciudadanía y la pluralidad de los partidos políticos”; porque ambas instituciones son “son el resultado de la lucha y compromiso de miles de mexicanos de la sociedad civil, y de todos los signos partidistas, quienes lograron abrir caminos para la democracia real en México”.

El acento de este mensaje, radica en la valoración expresada en relación con la iniciativa del Ejecutivo Federal: “es claramente regresiva, más aún, constituye un agravio a la vida democrática del país” y en las razones que le mueven a esa toma de postura: esta reforma “constituye un agravio a la vida democrática del país, reforma destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista”.

Hace tiempo, mucho tiempo que no salía a la luz un mensaje con esa contundencia y desde una postura tan crítica. Habrá que ver qué impacto tendrán, qué reacciones provocarán y que consecuencias desembocarán.

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