Por Salvador Cosío Gaona
Finalmente, Andrés Manuel López Obrador tiene lo que tanto había deseado; saber quién será el candidato o candidata de la oposición que peleará la presidencia de la República a sus corcholatas. Pero aún y cuando sus opositores están inmersos en un proceso legal -por cierto no como el de Morena- para mediante una elección definir democráticamente quién será el responsable de encabezar el Frente Amplio por México, él ya pronosticó que será la senadora Xóchitl Gálvez la abanderada y ha puesto a funcionar toda la maquinaria del Estado, los sótanos del poder y a los malandros, canallas y delincuentes que le siguen ciegamente para emprender una encarnizada y demencial persecución.
Con el mayor dolo y mezquindad, la hidalguense ha sido atacada desde todos los frentes en los que López Obrador mueve los hilos. Y de ello hemos estado siendo testigos los mexicanos prácticamente todos los días a partir de que la senadora aceptó su interés por abanderar a la oposición en la disputa por la silla presidencial.
Cuando Xóchitl comenzó a contar su historia de vida y ésta a ser replicada en redes sociales y reiterada en entrevistas en los medios de comunicación de mayor difusión, de inmediato surgieron las descalificaciones, agresiones, injurias y hasta amenazas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el principal agraviador. Lo primero que hizo en su enfermizo temor de perder el poder, fue disponer del tiempo destinado a las conferencias Mañaneras para perseguirle y atacarle a través de burlas, calumnias, vejaciones, ultrajes, y una serie de ataques que llevaron a la ofendida a interponer un recurso legal para intentar frenar la locura que estaba enfrentando. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio la razón, emitiendo medidas cautelares por vulnerar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad de cara al próximo proceso electoral, las cuales impiden al presidente hablar del proceso electoral por cualquier medio y le ordenan eliminar los archivos de las Mañaneras del 3, 4, 5 y 7 de Julio o modificarles suprimiendo las referencias electorales.
Lo más inconcebible es que en su afán de brincarse las trancas de la ley, envió de vacaciones a todos los empleados de la oficina de la Consejería Jurídica para no ser notificado, lo cual no pudo evitar toda vez que el proceso se concretó vía Internet después de que las puertas de Palacio Nacional le fueran cerradas al notificador; curiosamente lo mismo que a Xóchitl cuando con amparo en mano intentó hacer valer el derecho de réplica que le otorgó un juez, trámite que como se recuerda, inició luego de que el presidente tergiversara información que perjudicaba a la quejosa.
Por si no fuese suficiente, el presidente dispuso de toda la fuerza del Estado para hacerse de información reservada en instituciones gubernamentales para ventilar contratos de las empresas privadas de la senadora, incurriendo en otra serie de ilegalidades (entre ellas la calumnia) por las que la ex Delegada ya también inició procesos judiciales.
Imitando a su Tlatoani, la mafia política, los chairos y las granjas de bots, han desatado el mayor ataque contra Xóchitl; los que no tienen mayor poder se concretan a insultarla, desacreditarla, humillarla, hacerle memes y replicar noticias de esas que paga el gobierno a pasquines y medios chayoteros; pero los que sí encabezan oficinas o secretarías de gobierno, intervienen sus comunicaciones, le revisan cuentas y contratos, la espían, y la denuncian como es el caso de un senador de nombre Víctor Hugo Romo de Vivar, quien la acusó ante la justicia de por presuntos actos de corrupción, siendo que si en este país existiese la justicia él es quien debería estar tras las rejas después de que han salido a la luz los actos de corrupción en que incurrió siendo alcalde en La Delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.
El presidente aún no asimila que Xóchitl Gálvez, ex funcionaria federal, senadora y empresaria exitosa, se haya parado a la puerta de su palacio para exigir el derecho de réplica que le asiste, acompañada de un mandamiento judicial. Menos, que esa mujer pretenda acceder el próximo año al máximo cargo administrativo del país desbancando en pocas semanas a la obediente corcholata presidencial que ha sido Claudia Sheinbaum, quien llevaba meses liderando una campaña anticipada ilegal a lo largo y ancho del país.
Los ataques del presidente López Obrador son también violencia institucional y violencia política de género.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la violencia política de género es “toda acción u omisión […] basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres […], violencia que puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, […] por un particular o por un grupo de personas particulares”.
El presidente ha atacado directamente a la dignidad y autonomía de Gálvez, al señalarla como “la candidata de la oligarquía”, en franca violación a lo dispuesto en las fracciones I, II y XXII del artículo 20 Ter de la LGAMVLV; ha cuestionado su identidad indígena y ha hecho mofa del medio usual de transporte de la senadora ciclista, que comparó con un triciclo de tamales, violando lo expresamente dispuesto en la fracción VIII del cito artículo 20 Ter, que prohibe “Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales”.
El presidente también niega méritos a su trayectoria política al referirse a ella únicamente como “la señora”, restando dignidad a su cargo representativo en el Congreso, en franca transgresión a lo dispuesto en la fracción IX del artículo ya mencionado, que prohibe difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos.
Todo lo anterior ha tenido la única finalidad de menoscabar los derechos políticos de la senadora Gálvez e influir en el electorado, reduciendo las posibilidades de la misma en cuanto a sus legítimas aspiraciones a liderar la construcción del Frente Amplio por México, obstaculizando que la campaña electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, al tiempo que ejerce violencia simbólica y psicológica contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos, situaciones previstas y prohibidas en las fracciones VII y XVI del mismo artículo 20 Ter de la LGAMVLV. De hecho, el presidente ha echado mano de casi todas las conductas previstas y prohibidas en la ley como violencia política en razón de género en contra de Gálvez. Pero, quizá lo más grave de entre todos las conductas probablemente constitutivas de delito del presidente es la encarnizada persecución contra quien hoy resulta la mayor amenaza para la continuidad de las redes de poder del presidente, utilizando para ello recursos y bienes públicos, y sentenciando y ejecutando condenas contra una opositora sin que para ello medie denuncia, investigación o sentencia judicial; es decir, sin garantizar la mínima posibilidad de defensa a una opositora a su gobierno.
No le falta razón al periodista Héctor Aguilar Camin, al advertir que AMLO buscará desaforarla para meterla a la cárcel y eliminar el amenazante problema que le representa:
“El Presidente activó ya las denuncias penales, que a su vez activarán la investigación de las fiscalías, para construir las acusaciones que permitan desaforar a la senadora y sacarla de la contienda presidencial.
El camino es claro.
Primero, el Presidente dijo que las empresas de Xóchitl Gálvez habían ganado mil 400 millones de pesos en contratos con el gobierno y desarrolladores inmobiliarios.
Segundo, el diputado de Morena Alejandro Robles acusó a Xóchitl Gálvez, ante la Fiscalía General de la República, de “lavado de dinero, evasión de impuestos y enriquecimiento ilícito”.
Tercero, el ex delegado de la Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, la acusó, ahora ante la fiscalía local, de “corrupción, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias”.
Romo dijo que las empresas High Tech Services y Omei, manejadas por el esposo y la hija de Gálvez, prestaron servicios a desarrolladores a los que Gálvez, como delegada, les dio permiso de construir.
¿Qué sigue?
Bueno, las fiscalías “investigarán” y harán crecer las acusaciones hasta el nivel en que las quiere el Presidente: contratos turbios y delitos suficientes para pedir a la Cámara de Diputados el desafuero de Xóchitl Gálvez, con opción de prisión preventiva oficiosa para ella y su familia.
La fabricación de delitos con fines políticos es un teatro que tiene bien montado este gobierno”.
Enciendan las alarmas.
*Con información de Letras Libres
@salvadorcosio1