Por Salvador Cosío Gaona
Momentos de tensión se vivieron el miércoles en el Palacio Nacional de México cuando un grupo de supuestos normalistas de Ayotzinapa, compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en el estado de Guerrero, derribó a la fuerza una de sus puertas con una camioneta.
El grupo pretendía acceder al recinto donde el presidente, Andrés Manuel López Obrador, estaba celebrando su habitual conferencia “mañanera” de prensa de cada día.
Para ello, utilizaron un vehículo estacionado en la zona al que le rompieron las ventanas, retiraron el freno de mano y empujaron una y otra vez contra la puerta a modo de ariete hasta que esta cedió.
Los policías militares encargados de la seguridad del edificio utilizaron gas para dispersar al grupo y crearon una barricada humana para impedir su acceso, por lo que los manifestantes comenzaron a retirarse del lugar pocos minutos después.
Los normalistas quisieron presionar así a López Obrador para que se reúna personalmente con ellos y tratar de desbloquear y avanzar en la investigación sobre la desaparición de los 43.
El mandatario calificó lo sucedido de “provocación”, aunque descartó que se vayan a tomar represalias contra el grupo.
“No va a escalar, es que lo que quisieran es que nosotros respondiéramos de manera violenta, nosotros no somos represores. Se va a arreglar la puerta y no hay ningún problema, pero lo que quieren es provocar”, manifestó.
López Obrador, quien no detuvo su conferencia pese al incidente, se negó a hablar con los manifestantes este miércoles y aseguró que serían representantes de la Subsecretaría de Gobernación quienes los recibirían.
Sin embargo, anunció que dentro de “unos 15 o 20 días más” se reunirá con las familias de los 43 para “hablar con ellos y mostrar pruebas de cómo se manipuló la investigación”.
“Lo que me importa es encontrar a los jóvenes, y ya la actitud –no de los padres, sino de los asesores y las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos– es una actitud en el mejor de los casos política, muy de confrontación”, dijo.
“(Nosotros) no queremos confrontación. Decirles a los padres que estamos dedicados, estamos avanzando mucho en investigación”, agregó.
Normalistas, familiares y compañeros de los 43 de Ayotzinapa, uno de los casos más emblemáticos de vulneración de derechos humanos en la historia reciente de México, llevan más de una semana realizando protestas y ataques contra instalaciones del gobierno en diversos lugares de Ciudad de México.
Vidulfo aRosales, abogado de los padres de los 43 normalistas, aseguró que regresarán a Guerrero y esperarán a conocer la decisión de López Obrador para decidir si continúan o no con las movilizaciones.
Entrevistado por el canal de televisión Milenio, Rosales explicó que lo que buscan es “el restablecimiento y el reencauzamiento del diálogo con el presidente, para que se aborden los temas esenciales de la investigación”, al entender que sus conversaciones con otros representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos no lograron avances.
Además, criticó que López Obrador “está tratando de buscar culpables de su fracaso en la investigación, ya que no tiene respuestas”.
Desencuentros entre familiares y gobierno
La relación de los familiares con el presidente mexicano se tensó enormemente en los últimos tiempos, dado que aunque López Obrador prometió que esclarecería lo ocurrido y el paradero de los normalistas, el caso no ha logrado avances sustanciales a apenas unos meses de que el mandatario deje su cargo este año.
Después de que la Comisión de la Verdad creada por el propio presidente concluyera en 2022 que lo ocurrido fue “un crimen de Estado” en el que también participó el ejército, algunos familiares acusaron a López Obrador de no tener voluntad real de resolver el caso para, presuntamente, proteger a militares involucrados.
Desde entonces, exigen al gobierno que les entregue cientos de documentos de espionaje militar que consideran clave para la investigación.
López Obrador instruyó al ejército a que abriera toda la documentación del caso, pero la Secretaría de Defensa negó la existencia de dichos archivos solicitados.
Antes de abandonar México el año pasado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encargado de investigar lo sucedido en Ayotzinapa acusó al ejército de ocultar sistemáticamente información del caso.
El presidente insistió este miércoles en que los familiares “están siendo manipulados” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y “grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros”.
“Lo que quieren no es que lleguemos a conocer la verdad y que se haga justicia, sino que ya lo tienen como una bandera en contra de nosotros. Los padres ni siquiera tienen toda la información porque les prohíben los abogados hablar con nosotros”, denunció.
Hay que recordar que el 26 de septiembre de 2014, un contingente de normalistas, salió de la escuela de Ayotzinapa pasadas las 17.00 horas. Tenían una encomienda sencilla, habitual para los estudiantes: debían secuestrar autobuses para que ellos y sus compañeros del resto de las escuelas normales del país viajaran a Ciudad de México, días después, a conmemorar la matanza el 2 de octubre. Eligieron Iguala por una cuestión estratégica. Podían ir a otros sitios, Chilpancingo, sin ir más lejos, la capital, que está a pocos kilómetros de la escuela, pero fracasos anteriores les habían hecho pensar que era mejor ir a un lugar donde la policía no estuviera tan pendiente.
Los estudiantes viajaron desde la escuela en dos autobuses que ya tenían secuestrados de antes. Llegaron a la entrada de Iguala y se separaron. Unos se quedaron en una caseta de peaje y otros acudieron a la terminal del municipio. Después de una trifulca con algunos choferes y trabajadores, los que estaban en la caseta acudieron también a la terminal. Al cabo de un rato, todos salieron de allí, con los autobuses originales, más otros tres que secuestraron. La idea era salir de la terminal antes de que llegara la policía.
Eran en total cinco vehículos. Tres salieron hacia el norte y dos hacia el sur. Los primeros pasaron por el zócalo, donde el alcalde, José Luis Abarca, y su esposa, celebraban un acto político. Desde allí hasta el norte del Periférico, avenida que rodea la ciudad, policías municipales de Iguala persiguieron los tres autobuses. En el cruce con Periférico, les cruzaron unas camionetas. Los policías empezaron a disparar. Un estudiante, Aldo Gutiérrez, cayó herido por un disparo en la cabeza que le dejó en coma. No ha vuelto a despertar. Otros tantos quedaron heridos. Los policías se llevaron a todos los muchachos del último autobús del convoy. Eran alrededor de 20.
Los dos vehículos que salieron hacia el sur lo hicieron con algo de distancia entre ellos. El primero alcanzó a llegar a la salida de Iguala, frente al Palacio de Justicia. Allá, policías municipales detuvieron el vehículo, rompieron los vidrios y tiraron gases lacrimógenos para obligar a los estudiantes a salir. Se llevaron a todos, un grupo de 12 a 15. El segundo se quedó unos metros atrás. La Policía Federal lo detuvo y obligó a los muchachos a salir. Ellos huyeron por barrios de las afueras de Iguala.
En el primer escenario, los estudiantes que quedaban allí se reagruparon. Pidieron ayuda a compañeros de la Normal y otros maestros de Iguala. Prepararon una rueda de prensa. Rodearon los casquillos con piedras para que la Fiscalía tomara nota. Pero al filo de la medianoche, con media docena de periodistas presentes, un grupo armado atacó a la multitud. Dos estudiantes murieron allí y otros tantos resultaron heridos. El cuerpo de un tercer normalista apareció al día siguiente en un camino cerca de allí, con el rostro desfigurado. Los investigadores creen que además de los estudiantes que la policía de Iguala se llevó de los dos autobuses, ellos y sus socios criminales pescaron otra decena de muchachos en ese escenario, después del segundo ataque, y en los barrios periféricos de las afueras de Iguala, cerca del Palacio de Justicia.
Desde aquel día, la lucha por conocer lo ocurrido, que se ha dado en llamar “la verdad histórica”, y recuperar a los 43 estudiantes no ha cejado.
@salvadorcosio1
