Las cárceles en Nayarit siguen llenas de mujeres sentenciadas por el delito de aborto, cuya situación se complica aún más cuando no cuentan con traductores de lengua materna.
Así lo confirmó la diputada local de Acción Nacional, Laura Rangel Huerta quien destaca que a pesar de la postura de su partido está consciente de la importancia de estudiar la despenalización.
“El partido está a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte, pero yo tengo la postura personal, porque al final no se trata de esto de aceptar o no el aborto, estamos hablando de la despenalización del aborto, y ese es el tema que realmente tenemos que estudiar”.
De acuerdo con la legisladora panista, el Congreso del Estado es consciente de casos en que mujeres embarazadas de la sierra Del Nayar durante sui traslado a algún hospital abortaron de forma circunstancial; sin embargo fueron juzgadas por el delito y hoy se encuentran tras las rejas.
“Están en la cárcel, en primera porque no hay traductores, en segunda porque no tuvieron para pagar la fianza. Merecen están en la cárcel, claro que no. Esos son los casos que tenemos que revisar a fondo”, sostuvo Rangel Huerta.
Según la diputada local, apenas en esta Legislatura, diputadas de la zona serrana están promoviendo la contratación de intérpretes de lenguas de los pueblos originarios que garanticen el debido proceso. Actualmente las negociaciones siguen en trámite.
“Lo que pido es que se haga una revisión real de cada caso. Al final tristemente si van muchas mujeres a practicarse el aborto y de manera clandestina, en muchas ocasiones termina en la muerte de la madre y el hijo. Este año debemos crear mesas de diálogo que generen un consenso general sobre el aborto, de lo contrario será una ley muerta”, sentenció la legisladora.
No solo es por aborto
Por otra parte, la diputada Laura Rangel señaló que al igual que mujeres encerradas acusadas por abortos involuntarios, las cárceles nayaritas mantienen privadas de su libertad a personas que no han recibido un debido proceso, y que a pesar de eso ya tienen más de seis años en prisión.
“A muchos no le han iniciado ni si quiera el proceso porque no tienen buenos abogados, o porque no tienen para pagar la fianza. Son casos que no se ventilan, por lo que llamo a los legisladores a visitar de nueva cuenta las prisiones y analizar caso por caso. No digo que los recluidos no sean culpables, sin embargo muchos ya pagaron su sentencia y no les están contando el tiempo”, finalizó.
