La legitimación del gobernante

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Por Francisco Javier Rivera Casillas

Hablar de democracia implica revisar el concepto desde distintos enfoques o connotaciones. Lo cierto es que limitar el concepto a la vertiente electoral resulta restrictivo.

La democracia, en su sentido más amplio, significa que su definición y alcance conceptual debe trascender a cualquier ámbito de la vida pública.

Por ello, siempre resultará democrático que la educación y la salud tengan cobertura universal; que el derecho a la vivienda digna esté al acceso de todas las familias; que haya empleo para todos y bien remunerado; y así, podríamos seguir señalando una larga lista de diversos rubros.

No obstante los anteriores ejemplos, el alcance que debe tener la democracia tiene su nacimiento en la manifestación del ciudadano cuando elige a sus gobernantes.

Dicho de otra manera, es al gobernante electo democráticamente al que le corresponde la obligación de realizar todas las acciones de gobierno para lograr los satisfactorios básicos a los que aspira toda sociedad.

Y me refiero a los gobernantes ( diputados, regidores, presidentes municipales, gobernador, etc.) electos directamente por la ciudadanía mediante el voto secreto. Pero también me refiero a los que de forma indirecta el pueblo elige y deben responden a las decisiones del ciudadano cuando se expresan en las urnas.

Específicamente me refiero a los magistrados, en cuyo mecanismo de designación participan los poderes Ejecutivo (propone) y Legislativo (decide). Dicho diseño  constitucional es prácticamente el mismo en todo el país, y obviamente Nayarit no es la excepción.

En este contexto, también resulta democrático que todo ciudadano tenga acceso a la justicia y que sus problemas cotidianos sean resueltos con imparcialidad y estricto apego a la ley.

La labor del juez (magistrados) hoy en día también exige una fuerte dosis del concepto de democracia, sobre todo si partimos de la contundente realidad donde los problemas no distinguen condición o nivel socioeconómico.

Es democrático que un ciudadano independientemente de su condición social, (económica, preferencia sexual, raza, género) exija justicia. Para eso fueron creados los órganos del Estado, específicamente el Poder Judicial.

La exigencia y el reclamo social no debe ser minimizado o soslayado; todo lo contrario, son expresiones auténticamente democráticas que para escucharlas y atender sus reclamos no necesariamente requieren de formalizar la presentación de denuncia o demanda alguna.

La legitimación del gobernante no se obtiene únicamente en su elección democrática, en realidad la tendrá en el ejercicio honesto y eficiente de la función para la que protestó constitucionalmente.

Hoy como nunca, debemos exigir plena vigencia y cumplimiento al texto que contiene la protesta del buen desempeño que prevé nuestra constitución.

… “¡¡y si no lo hiciera así, que la sociedad se lo demande!!”

¡Bienvenida la legitimación social.  De no haberla, deben abdicar al cargo!

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