La sala de comisiones Esteban Baca Calderón del Congreso del Estado lució abarrotada, insuficiente para albergar un encuentro que resultó trascendente, entre diputadas y diputados de la 33 legislatura y dirigentes de 12 organizaciones sindicales que guardan relación laboral con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; organismos autónomos y descentralizados, además de los 20 ayuntamientos.
Las comisiones de Gobierno, de Trabajo y Previsión Social, además de legisladores integrantes de otras comisiones, recibieron a los dirigentes de sindicatos en una reunión que se prolongó por tres horas con diez minutos y en las que hubo diálogo, posiciones de un lado y otro, a favor y en contra, en torno a la iniciativa de la Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, presentada por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
La presidenta del Congreso del Estado, Alba Cristal Espinoza Peña fue quien auspició el encuentro de amplia discusión y análisis, a ella se debe que la mañana de ayer, ahí en la sala de comisiones estuvieran dirigentes emblemáticos del sindicalismo local, todas y todos con opiniones similares pero aderezadas con intereses particulares.
Espinoza Peña reiteró el compromiso de la 33 Legislatura de trabajar escuchando todas las voces y tratando temas puntuales, como en este caso, para que los interesados expongan sus inquietudes. Destacó las bondades de esta iniciativa, entre las que se encuentran el beneficio para los hijos de trabajadores, en el tema de estancias infantiles, derecho al que actualmente solo tienen acceso las madres de familia y no los padres.
El dirigente del SITEM, José Antonio Bautista Crespo, responde a Meridiano sobre tres puntos que él considera no convenientes para la clase trabajadora, : ”el primero de ellos, es que topa el salario y no incluye el total de percepciones para efectos de la jubilación. Sí lo toca muy por encima ese tema, pero al final ya deja ahí la espina clavada, cuando los criterios de la Suprema Corte dicen que el salario es completo, incluyendo prestaciones, si hubiera compensación, todo completo.
El segundo punto es que la iniciativa indica que puede disminuir el salario por cuestiones especiales; pero no específica cuáles son esas cuestiones y que no bajará más allá del salario mínimo, claro que eso no es un beneficio, es obvio que no puede bajar más que el salario mínimo, aún así el disminuirlo incluso viola la Ley Federal del Trabajo. El tercer punto que considero más importante, es el tema de la indefensión en la que deja a los trabajadores cuando hubiera un supuesto de que incurra en alguna anomalía o situación, le van a poder levantar el acta sin su presencia, sin que él pueda defenderse siquiera, sin derecho de audiencia y sin que tenga que estar el sindicato presente. Entonces es una indefensión, yo les decía a los diputados que hasta el peor de los asesinos y violadores de este país tiene derecho a una defensa y esa defensa en el caso de los trabajadores como la ley lo señala, son los sindicatos que están creados para ello”.
Esta iniciativa de Ley, contempla 367 artículos y 8 transitorios y busca responder adecuadamente a las necesidades imperantes, pero, sobre todo, que sea congruente con la evolución que en materia de impartición de justicia laboral se ha venido desarrollando, además de que venga a regular con mayor claridad y certeza jurídica las relaciones entre los entes públicos y sus trabajadores, pero con la misma visión evolutiva y se pretende dar mayor seguridad jurídica en cuanto a impartición de justicia se refiere.
Para Óscar Cedano, secretario general del SUTSEM, la iniciativa sobre la que discutieron en el Congreso, abroga la ley burocrática vigente aún, pero retoma en su totalidad los puntos sobre los que ya estaban en desacuerdo: “una reforma de tal envergadura debe ser sujeta de una consulta y análisis serio por los sectores que somos parte en su aplicación”, dijo de entrada.
“No estamos de acuerdo con el argumento de que las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores se regulen por mandato Constitucional exclusivamente en base al artículo 123 apartado “B” de la Carta Magna, pues se omite atender que los artículos 115 fracción VIII y 116 fracción VI establecen claramente que las legislaturas de los estados expedirán leyes para regular las relaciones de trabajo entre los municipios, estados y sus trabajadores, observando los principios y bases rectores del artículo 123 Constitucional y sus disposiciones reglamentarias, pero de ninguna manera etiqueta a un solo apartado…para determinar el monto de las indemnizaciones, pensiones o jubilaciones que deban pagarse a los trabajadores o a sus familiares, lo condiciona a tomar como monto máximo el cien por ciento del promedio del sueldo base percibido en los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de baja del trabajador, sin exceder de diez veces el salario mínimo diario elevado al mes; al mismo tiempo que, excluye de la integración del salario a la compensación”.
Uno a uno fueron escuchados los dirigentes sindicales, con posiciones muy claras las que luego fueron avaladas en alguna media por los legisladores, sin embargo, la presidenta Alba Cristal Espinoza, fue clara al señalar que siempre se pondrá por delante el interés superior que es Nayarit y el pueblo, sin posiciones partidistas o políticas.
