Un nuevo escándalo de abuso en la administración de recursos públicos sacude a la entidad. Ahora es el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit la institución en donde tiene lugar el uso discrecional y presumiblemente corrupto del presupuesto de ese órgano autónomo.
El periodista Antonio Tello presenta una primera entrega del tema que involucra a magistradas y magistrados electorales, que sin rubor autorizaron en su favor recursos millonarios por diversos conceptos. La investigación sobre este tema tendrá acciones legales inmediatas, se ha advertido.
A continuación la nota de Antonio Tello:
En el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit la austeridad y la honrada medianía de los servidores públicos no existen. Las magistradas y magistrados electorales se pagan lujos y excesos con cargo al presupuesto en lo que constituye un saqueo millonario que atenta contra las mermadas arcas del erario en Nayarit.
Gastos médicos mayores en el hospital Puerta de Hierro, incluso un tratamiento médico especial en Europa; bonos anuales y de retiro, “estímulos” y horas extras, además de viajes y otros gastos personales injustificados que sumarían entre 10 y 15 millones de pesos, forman parte de la lista de privilegios pagados.
Las magistradas Irina Graciela Cervantes Bravo y Martha Marín García, el magistrado presidente Rubén Flores Portillo, así como los exmagistrados José Luis Brahms Gómez y Gabriel Gradilla Ortega, han sido denunciados con datos y pruebas documentales ante la Auditoría Superior del Estado de Nayarit. Una copia de esa denuncia está en poder de NTV Noticias.
Para la magistrada Cervantes Bravo no bastó que al igual que sus colegas, todos sus servicios médicos se costearan en el hospital Puerta de Hierro y dispuso en 2019 que un tratamiento por 8,250 euros le fuera pagado por el Tribunal Electoral en la clínica Tambre de Madrid, España.
Durante 2021, cada magistrada y magistrado electoral ganó por sueldo y compensación la cantidad de 2 millones de pesos, pero además se autorizaron 122 mil pesos de “estímulo” y 147 mil pesos de “horas extras”. En promedio, durante un año por ponencia el Tribunal Electoral no supera los 20 asuntos, menos de dos asuntos por mes.
Los togados electorales también se autorizaron un bono por retiro que equivale al pago de una tercera parte de sus periodos en activo, lo que implica que los exmagistrados Brahms y Gradilla estén cobrando más de 4 millones de pesos cada uno, aunque ya no trabajen en el organismo.
¿Y el Órgano de Control Interno? La dependencia que debiera regular los recursos y conductas en el Tribunal Electoral está bajo control de la magistrada Martha Marín, una voraz consumidora de recursos públicos, de acuerdo con testimonios verificados, quien mantiene una cercana relación con la contralora Rocío Amparo Dillmann Gil que constituiría un conflicto de intereses. La funcionaria Dilmann no hace nada, pero también está en la nómina de los bonos y “horas extras”.
Muy caro le sale a Nayarit sostener el estilo de vida de los personajes depredadores del erario que imparten la justicia electoral en este organismo, uno de los últimos nichos de la alta burocracia dorada en la entidad.