Por Salvador Cosío Gaona
Aunque como todos sabemos, la promesa de erradicar la corrupción fue para Andrés Manuel López Obrador (AMLO), su pase directo para ocupar la silla presidencial; en la realidad tenemos que a cuatro años de distancia no ha podido, pero tampoco ha querido cumplir con esa promisión que ahora arrastra como un lastre siendo que muy pocos integrantes de su gabinete, de su círculo más cercano, y de su familia, escapan a tener su nombre en la lista de personajes corruptos de la Cuarta Transformación.
En dos recientes trabajos dados a conocer en días pasados, el periodista Mario Maldonado, ha dado cuenta de casos de corrupción que se siguen registrando al amparo del actual régimen en diversas instituciones gubernamentales; material que me permito compartir de forma íntegra:
“La corrupción que tanto condena el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue presente en su Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), mejor conocido como el “instituto Robin Hood”, pero que más bien hace honor a su apodo con prácticas que están fuera de la ley.
A los señalamientos que hizo su extitular Jaime Cárdenas a su salida del Indep, poniendo el foco en presuntos beneficios que obtenía con los bienes de ese instituto el secretario particular del Presidente, Alejandro Esquer, se suman nuevas irregularidades detectadas durante la administración del actual director Ernesto Prieto.
Dentro y fuera de ese instituto se reportan favoritismos en la contratación de los servicios para valuación de bienes muebles, los cuales representarán para este organismo administrador de bienes recuperados una inversión de alrededor de 70 millones de pesos de aquí hasta que concluya el sexenio en 2024.
Desde mayo de 2022 la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales del Indep lanzó la licitación LA-006HKA999-E70-2022 para asegurar unos 240 mil servicios unitarios de valuaciones para bienes incautados o liquidados como aeronaves, embarcaciones, automóviles, joyas, relojes, metales amonedados y obras de arte y cultura.
En este concurso participaron las empresas Obras y Servicios Integrados SA y Despacho de Asesoría Empresarial SC. Este último se impuso con una oferta total de 62 millones de pesos a su competidor, pero se perdió del contrato por no acreditar su presencia en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del INDAABIN.
La licitación fue declarada desierta por órdenes del director corporativo Jurídico del Indep, Miguel Manuel Ramírez Mandujano. El mismo desenlace tuvo, en julio pasado, un segundo intento por adjudicar el contrato plurianual en el que participaron las mismas dos empresas más la razón social Loq Avalúos SA de CV.
Lo extraño es que, en el segundo concurso identificado con la clave LA-006HKA999-E102-2022, los motivos de desechamiento de las ofertas fueron diferentes y con elementos que el participante Despacho de Asesoría Empresarial SC ya había cumplido en el primer proceso, como tener por lo menos tres peritos valuadores con capacidad para otorgar el servicio.
Más sospechoso es que ante las vicisitudes de no haber cerrado el contrato con un proveedor definido se hayan otorgado desde mayo adjudicaciones directas para estos servicios a la empresa Ironwaste Industrial MX S de RL de CV, también por orden de Ramírez Mandujano.
Esta firma fue constituida el 11 de febrero de 2016 en Ecatepec, Estado de México, y tiene como enfoque principal de operaciones la compra y venta de maquinaria, refacciones y herramientas. En el inciso G de su acta constitutiva se incluye la posibilidad de hacer avalúos de activos fijos, aunque no forma parte del Padrón del INDAABIN.
Testimonios recabados exponen que esta firma fue aceptada como proveedor del Indep con sólo la cédula de un perito especializado, cuando se requerían un total de tres una vez que se acceden a contratos unitarios con valor acumulado de un millón de pesos. A esta empresa está por otorgársele un contrato anual por 15 millones de pesos, con sobreprecios en el servicio de 200%.
Los accionistas de esta compañía son Sergio Arellano Silva y Leticia Álvarez Archundia, pero en el Indep se tiene claro que su real operador viene del Órgano Interno de Control de la Lotería de Nacional y que ahora maneja los aspectos jurídicos del Tianguis del Bienestar”.
Pero además, está el caso de nuevas empresas que ni bien había tomado posesión el presidente y ellas estaban surgieron de la nada.
Dos pequeñas empresas nacidas en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin experiencia o infraestructura reconocida por los órganos contralores, han logrado acumular contratos por más de 2 mil 600 millones de pesos con las dependencias del gobierno federal para ofrecer servicios de salud a los burócratas, además de colocarse como proveedores del IMSS para tercerizar procedimientos médicos especializados.
Se trata de Atlantis Operadora Servicios de Salud SA de CV y Corporativo Médico Community Doctors SA de CV, de las cuales hablamos en este espacio el pasado 7 de junio, relacionadas entre sí a través de sus representantes legales. Desde 2019, ambas compañías se han adjudicado grandes contratos con organismos públicos como Nacional Financiera, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la Lotería Nacional, la Sociedad Hipotecaria Federal y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Atlantis Operadora Servicios de Salud fue constituida el 19 de diciembre de 2018 y se considera una microempresa, según la categorización del portal de compras del gobierno federal CompraNet. Mucha suerte ha tenido esta pequeña compañía para haber ganado ocho contratos del sector público por más de 2 mil millones de pesos, algunos de ellos con vigencia hasta 2023. En el caso del AIFA, la compañía otorgará atención médica a sus escasos usuarios durante todo el 2022, como si hubiera muchos pasajeros.
Por su parte, Corporativo Médico Community Doctors, catalogada oficialmente como otra pequeña empresa, se constituyó un año después, el 14 de diciembre de 2019, y para el primer trimestre de 2021 ya tenía dos contratos con Nafin, dirigido por Juan Pablo de Botton, por 533 millones de pesos para suministrar el Servicio Médico Integral y de Hospitalización del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural.
A la inigualable cosecha que estas dos empresas han obtenido en sus primeros cuatro y tres años de operación, respectivamente, se suman los contratos que tienen otras firmas vinculadas a ellas y que las acompañan en las licitaciones para asegurar que el negocio caiga invariablemente en sus manos. Entre estas aparece la razón social Challenge Consulting SC, con contratos de más de 80 millones de pesos.
El siguiente paso de lo que podría considerarse como el nuevo “cártel” de servicios de salud es alcanzar la categoría de proveedor especializado, para ofrecer hasta 180 mil procedimientos médicos de alta categoría al IMSS, de Zoé Robledo, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación les ha detectado irregularidades como “la ausencia de capacidad técnica, humana, financiera e infraestructura propia”.
En la licitación LA-050GYR988-E15-2022, relacionada con la contratación del “Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión 2022”, Atlantis Operadora Servicios de Salud se encuentra anotada con una oferta para tres de 21 partidas, correspondientes principalmente a procedimientos de endoscopía por 172 millones de pesos. El fallo está programado para el 26 de agosto.
En esta columna revelamos que Atlantis Operadora Servicios de Salud y Community Doctors son compañías identificadas con los empresarios Israel Rodríguez Moreno y Javier Gómez González; también con exfuncionarios y funcionarios en activo de la 4T. Uno de ellos es Modesto Solís Silva, del Banco del Bienestar, y Mariam Castillo Rupit, del Indep.
Estas mipymes también están ligadas, indirectamente, con Ernesto Prieto Ortega, el funcionario que a principios de sexenio envió AMLO a la Lotería Nacional y luego al Indep, donde explotaron varios escándalos de corrupción… y van a detonar más”.
En este contexto, del que ya hemos hablado en varias ocasiones, será difícil que López Obrador pueda cumplir esa promesa que a dos años de concluir su mandato está cada vez más lejos de ejecutar porque, sencillamente ni él ni los miembros de la Cuarta Transformación son incorruptibles.
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