Julio Casillas Barajas
Hace poco, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) y Consulta Mitofsky presentaron los resultados de una Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana en México, insumo crucial para la delicada situación que vive el país hoy. Sabemos que durante los últimos diez años han realizado ese esfuerzo, conscientes de que las cifras oficiales muchas veces parecen no corresponder con la percepción de la sociedad ni con la información que organizaciones, como MUCD, tienen.
Las tendencias delictivas, la percepción de inseguridad y los efectos de la impunidad hacen cada vez más evidentes los costos de: 1) no contar con cuerpos policiales preparados, 2) la imposibilidad de regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles, 3) no tener completa la implementación adecuada del sistema de justicia penal acusatorio, 4) los intereses políticos que buscan obstaculizar la creación de una fiscalía realmente independiente, y 5) la ausencia de políticas de vanguardia como la despenalización de las drogas.
PRESENTES, CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
De entre los países miembros de la OCDE, México es la nación donde existe una mayor percepción de corrupción y el Índice Global de Impunidad, publicado por la Universidad de las Américas Puebla, ubica a México en el segundo lugar con mayor nivel de impunidad de 61 países estudiados. Esta lamentable situación es consistente con la cifra negra que existe en el país. En México se denunciaron 9.7% de los delitos y se inició una averiguación previa sólo para el 6.4%: como resultado de la averiguación previa o carpeta de investigación, sólo en el 6.8% de los casos se recuperan los bienes, en el 3.4% se otorgó el perdón, en el 3.5% hubo reparación del daño, y en el 5.5% de los casos se puso al delincuente a disposición de un juez. En el 49% de los casos “no sucedió nada o no se continuó con la investigación” (20% de los casos seguían en curso).
México ha tocado fondo en materia de inseguridad. La corrupción, la impunidad y la falta de voluntad política para resolver los problemas han generado una creciente inconformidad y desconfianza en las instituciones. Se requiere atención urgente en varios frentes: una fiscalía que sirva; un Estado que pueda brindar seguridad sin guerra; una reforma del sistema de justicia que llegue a buen puerto y una regulación del consumo de drogas, entendiendo que la prohibición no desaparece los mercados ni reduce el consumo (sino más bien lo alimenta y sostiene).
CLASE POLÍTICA OMISA
Parece que a nuestra clase política les es imposible tener altura de miras para tomar decisiones estratégicas. Únicamente le preocupan los efectos electorales y sus decisiones son de corto plazo. La resolución estructural de los problemas de fondo no está en sus prioridades. Asimismo, sumemos que muchos de ellos serían los destinatarios de las consecuencias de tener un sistema de justicia en que no privara la impunidad, por lo que se niegan a implementar los cambios tan necesarios.
DELITOS ESPECÍFICOS
Los contrastes son mayores cuando se analizan delitos específicos. Por ejemplo, con datos de la ENVIPE sabemos que, mientras que en Campeche el delito más frecuente son amenazas verbales, en Baja California Sur es el fraude, en Aguascalientes es el robo parcial de vehículo, y en 19 entidades es la extorsión. En el caso de homicidios saltan a la tabla aquellos en que los niveles de violencia se han exacerbado por ya muchos años, como son los siguientes: Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Morelos, Veracruz, Estado de México, Tabasco, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí y Guanajuato.
Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se deriva que existe una variante importante de una entidad a otra. Con respecto al uso de armas, sabemos vía la encuesta de Consulta Mitofsky que 1 de 4 personas considera que es muy fácil conseguir un arma en México.
QUE TENGAN EXCELENTE FIN DE SEMANA.
SALUDOS.
