Por Salvador Cosío Gaona
Ante las arbitrariedades, inconsistencias, leguleyadas, trampas, errores, y la serie de abusos que se han registrado en torno, primero, a la propuesta original de Reforma Electoral del presidente que fue bateada por los diputados de oposición, y luego el tramposo recurso denominado Plan B, resulta que quedó un poco en el aire la situación del proceso que se sigue todavía en el Poder Legislativo.
Lo cierto es que, continúa la polémica en torno al tema.
Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que la Reforma Electoral aprobada recientemente por el Congreso de la Unión vulnera las capacidades operativas del organismo que dirige, lo cual pone en riesgo la calidad de los procesos electorales que se realicen en México, motivo por el cual señaló que habrá una lucha en contra de la iniciativa.
A través de redes sociales, el también docente de la UNAM señaló el pasado domingo 18 de diciembre que el Instituto está abierto a una reforma de esta naturaleza; sin embargo, la que fue formulada por el poder ejecutivo y aprobada por el legislativo será llevada ante otras autoridades porque ésta no emana de un análisis serio.
“Hemos dicho que una reforma a las reglas del juego democrático y a las instituciones encargadas de organizar y arbitrar las elecciones siempre será pertinente si esta tiene como propósito mejorar el sistema que hoy tenemos”, aseguró durante el video que subió a sus redes sociales.
Sin embargo, considera que ésta debe de estar condicionada a un diagnóstico serio, objetivo y basado en información real y verificable, para que amplíe los derechos de la ciudadanía. En este sentido, dijo que sólo se puede construir una iniciativa así si se edifica a partir del máximo consenso posible entre las fuerzas políticas, el cual se materializa con “el diálogo abierto transparente y de cara a la sociedad”.
“Lamentablemente, la reforma que aprobó la mayoría legislativa no cumple con ninguna de esas condiciones”.
Y, aunque reconoció que las y los legisladores federales que aprobaron esa iniciativa pertenecen a la mayoría que fue elegida legítimamente por la ciudadanía en las elecciones de 2018 y 2021, condenó la metodología implementada para conseguir que esta reforma pasara.
“No es de demócratas legislar de espaldas a la ciudadanía, mayoritear en vez de buscar consensos, y aprobar disposiciones que claramente vulneran la autonomía del INE, afectan gravemente la capacidad del Instituto para garantizar elecciones auténticas y ponen en riesgo los principios constitucionales de la función electoral”.
Es por ello que aseguró que habrá una lucha por parte de la ciudadanía en la que se buscará la máxima democrática y se dará marcha atrás a todas las cláusulas que limiten las capacidades operativas del INE o de los Organismos Públicos Locales(OPLEs), mismos que, de acuerdo con el oficialismo, duplican algunas funciones con el Instituto: “guarden las palas, porque no va a haber entierro”.
Esto también coincide con lo dicho por Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados y abanderado del PAN, quien aseguró que acudirá, junto con las bancadas de oposición, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para promover recursos de inconstitucionalidad ante el llamado Plan B de AMLO.
También condenó que limita la libertad de sancionar los actos anticipados de campaña, pues, en caso de hacerlo, la penalización resultaría mucho menor a la establecida: “esto está hecho para las corcholatas del presidente, clarísimamente”. Asimismo, se impide revisar los estatutos de los partidos políticos y el rango de interpretación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para sancionar.
Finalmente, señaló que, parte de lo que promueve la iniciativa, es despedir a mil 200 funcionarios de las juntas directivas locales, con lo cual se limita la capacidad operativa del Instituto a cargo de Lorenzo Córdova, lo cual contraviene lo estipulado en el Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
Por su parte, el senador morenista Ricardo Monreal Ávila aseguró también el domingo que está convencido de su voto en contra del paquete de reformas legislativas en materia electoral, conocido como el “Plan B”, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldado por Morena y aliados.
En un video difundido por sus redes sociales, el también coordinador de los senadores de Morena dijo que el problema fundamental de la democracia es persistir en ella, defenderla y asumir con todas sus consecuencias el ser un hombre de leyes que defienda la Constitución y el estado de Derecho
Señaló que ese fue su compromiso desde que asumió la función pública, respetar y hacer respetar la Carta Magna.
“Les comparto el documento sobre mi voto particular respecto a la reforma electoral. Protesté para cumplir y hacer cumplir la Constitución; es mi deber. El veredicto final lo tiene el pueblo”, dijo en un mensaje deTwitter que acompañó el video.
En el documento de 292 páginas, Monreal Ávila apunta que luego de que la Cámara de Diputados remitió al Senado las minutas de la reforma electoral, pudo detectar que de origen presentaban “diversos y significativos errores de técnica legislativa, así como múltiples antinomias jurídicas”.
“El Senado realizó un serio ejercicio de análisis del proyecto de decreto, con la innegable voluntad de enriquecer nuestro marco normativo en dicha materia, dando como resultado que, de los diversos problemas de inconstitucionalidad antes mencionados, se hayan superado algunos de ellos”, mencionó.
Argumentó que se detectaron 21 aspectos de inconstitucionalidad en el proyecto de decreto, además de inconsistencias, contradicciones y problemas de técnica legislativa sustantivas que lo hicieron “inviable en sus términos”.
Entre los aspectos de inconstitucionalidad se encuentra la violación al principio de equidad en la contienda; la violación a la geografía electoral, así como al diseño y determinación de los distritos electorales; la violación a los principios de certeza y seguridad jurídicas y disposición del personal calificado necesario, entre otros.
Cabe recordar que la Cámara de Diputados aprobó el “Plan B” de reforma electoral, pero no todo podrá enviarse al Ejecutivo y entrar en vigor, en concreto, lo referente a la reestructura del Instituto Nacional Electoral (INE) quedará en pausa debido a que de última hora se modificó la minuta que el Senado le remitió a los diputados.
Sin embargo, sí se remitió al Ejecutivo para su promulgación –y posterior entrada en vigor– el bloque de reformas en materia de propaganda gubernamental, misma que entre otros cambios modificó el concepto de ésta y permitirá la libre promoción personalizada de los servidores públicos, haya o no elecciones de por medio.
Aunque los legisladores discutieron y votaron las dos minutas como un solo paquete, sólo fue remitida al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General de Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRASP).
El segundo apartado, referente a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LGPJF) y la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral se devolvió al Senado.
El turno concedido a esta minuta fue “para autorizar al Senado de la República enviar al Ejecutivo Federal lo aprobado por ambas Cámaras”. Esa decisión fue respaldada en votación económica por el pleno de los diputados.
Es decir, ya fueron aprobados la mayor parte de los cambios, pero los senadores deberán decidir si remiten al Ejecutivo lo ya votado por ambas cámaras para su promulgación, o discuten, aprueban o rechazan, para incorporarlo todo junto, lo que le modificaron los diputados.
“Quedó en pausa en lo que hace a un dictamen. No quedó en pausa en lo que hace a un segundo dictamen”, explicó Santiago Creel, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
“Todo lo que esté aprobado por ambas Cámaras tiene ya paso al Ejecutivo, pero lo tiene que resolver el Senado de la República”, dijo, y para eso debe sesionar, en periodo extraordinario o hasta el 1 de febrero, en periodo ordinario, indicó.
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