Por Ernesto Acero C.

El problema de las escuelas “patito” sigue presente en el escenario público. Eso no tiene muy contento al Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y con razón de sobra. Un problema de esa naturaleza posee repercusiones de orden social, pues afecta la economía familiar y, sobre todo, frustra las aspiraciones de formación profesional de quienes no encuentran una oportunidad diferente.

“Escuelas” que carecen de las condiciones apropiadas para ofrecer servicios educativos, en realidad no son escuelas. A esos lugares acuden cientos, si no miles de personas, que buscan una formación profesional o sencillamente documentos ´para mejorar su ingreso.

De nuevo resulta que ese es un tema presente en el espacio público, se trata de escuelas que ofrecen carreras profesionales sin soporte legal, sin reconocimiento. La frustración de las aspiraciones profesionales es el resultado. Las personas cumplen con sus obligaciones financieras ante esas “escuelas” y luego resulta que carecen del reconocimiento institucional.

Se llama a las personas que desean acceder a servicios educativos, para que se informen debida y detalladamente de la legalidad de los servicios educativos que desean contratar. No obstante, la administración pública tiene la facilidad de dar a conocer de manera rigurosa, las condiciones en las que algunas “escuelas” privadas que ofrecen servicios educativos.

La información sobre las condiciones materiales y de legalidad, de todo lo que es la oferta privada de educación, debería ser accesible para todos. Esto así, porque algunas “escuelas” ofrecen, como se suele decir, “Los bueyes y la carreta”, en el afán de vender sus “servicios”. Las personas, de buena fe, contratan esos servicios de formación profesional, desde nivel básico, hasta los niveles de posgrado. Luego, con el tiempo, y tras haber desembolsado importantes sumas de dinero, los directivos de esas “escuelas” les salen a sus clientes, con la novedad de que no pueden entregar constancias de terminación de estudios, de grado escolar.

Lo que está saliendo a relucir, es que el entramado legal en este caso, deja mucho que desear. Hace falta que la autoridad se asegure de que al otorgar un RVOE (una constancia de validez), se asegure que las personas tengan la garantía de obtener su grado a pesar de problemas que se puedan presentar que le son ajenos. Si una “escuela” ofrece servicios educativos y luego sale con que se declara en quiebra, los estudiantes se ven abandonados a su suerte. Eso no debe ocurrir. Tampoco debe ocurrir que una escuela pierde su RVOE, y como consecuencia, los alumnos pierden lo invertido, no solamente en términos dinerarios, sino en términos de tiempo, familiares, etcétera. No, definitivamente eso no debe ocurrir.

Las personas deben tener la seguridad de que la “escuela” en la que reciben servicios de formación profesional, tienen el reconocimiento por parte de la autoridad competente. La gente debe tener la seguridad de que, si empieza a realizar estudios, los podrá concluir. Para eso, se debe robustecer el sistema de vigilancia, así como el sistema para el otorgamiento de RVOE’s.

El Gobernador ha manifestado su serio malestar y su preocupación. Ha dejado en claro que ha designado a los integrantes de su gabinete, para que resuelvan problemas y no para que él pueda disfrutar del cargo. Esa es la razón por la que los titulares del área educativa, deben avanzar muy en serio y a fondo, en la solución de problemas.

Los problemas en este ámbito deben resolverse a fondo. Esa es la construcción contundente del doctor Navarro. Esas soluciones no pueden posponerse. Lo que está en juego, son las aspiraciones de miles de nayaritas que no tienen oportunidades educativas diferentes. Los funcionarios educativos colocaron en la agenda pública un asunto que requiere soluciones, no de más explicaciones.

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