Por Salvador Cosío Gaona
Un tiroteo ejecutado por elementos del Ejército mexicano dejó cinco muertos en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, incidente que desató un enfrentamiento entre militares y habitantes de esa localidad que acudieron al lugar para protestar. Los cinco jóvenes que ahora se sabe fueron acribillados con más de 80 disparos sin poder defenderse porque ellos no portaban armas, y que incluso se dice recibieron el tiro de gracia, han pasado a formar parte de la estadística de la infausta militarización impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y avalada por Morena y sus aliados.
Los militares estaban investigando un hecho violento en el área y abrieron fuego contra una camioneta la madrugada del domingo 26 de febrero después de que no obedeciera una orden de detenerse, según un informe de las autoridades estatales que se levantó en la escena del crimen al que tuvo acceso el lunes The Associated Press.
El reporte señala que se localizaron cinco cuerpos dentro o cerca de la camioneta acribillado a balazos en Nuevo Laredo, que está frente a la ciudad estadounidense de Laredo, Texas. La Fiscalía General de la República ya inició una investigación sobre el caso.
El incidente provocó una riña entre soldados y un nutrido grupo de residentes enojados que creían que las “víctimas no estaban armadas ni había motivo para que les privaran de la vida en forma arbitraria”, dijo el grupo Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo en un comunicado.
Los videos del incidente publicados en las redes sociales muestran a civiles peleando con los uniformados en una calle cerca de una camioneta. En una grabación, se ve a habitantes lanzando puñetazos, tirando al suelo a un militar y pateándolo repetidamente. En medio de la pelea, se escuchan disparos y personas corriendo, pero no está claro quién hizo las detonaciones.
En una declaración en video, Raymundo Ramos, activista del comité de derechos humanos, afirmó que los soldados dispararon contra la multitud, pero no tenía información inmediata sobre víctimas adicionales. También dijo que los fallecidos regresaban de un club cuando fueron asesinados.
El informe sobre los hechos de las autoridades estatales refiere que se encontró un documento de identificación emitido por Texas en uno de los cadáveres. La Embajada de los Estados Unidos no pudo confirmar de inmediato si había ciudadanos o residentes estadounidenses involucrados, después de supo que uno de ellos era residente al otro lado de la frontera. .
Tres de los cuerpos fueron encontrados en la camioneta y dos en una acera cercana, señala el reporte de las autoridades. Dichos informes generalmente señalan cualquier arma encontrada en la escena del crimen, pero no se mencionó ninguna en este caso.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una de las principales organizaciones de derechos humanos de México, exigió el lunes 27 que el caso sea investigado con “debida diligencia por autoridades civiles” y dijo en su cuenta de Twitter que es preocupante que la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se hayan pronunciado hasta el momento ni intervengan “mostrando en los hechos subordinación a los castrenses”, aunque el Ministerio Público ya ha iniciado una investigación.
Asimismo, la organización pidió que se garantice la seguridad de testigos y sobrevivientes y de los activistas y periodistas que cubrieron el caso. “Los hechos muestran las preocupantes consecuencias de la innegable #militarización en curso”, afirmó el Centro Prodh al reiterar sus críticas contra la reforma que aprobó el Congreso que extendió hasta el 2028 la permanencia de los militares fuera de los cuarteles en labores de seguridad pública.
El que si alzó la voz fue Enrique Pérez, padre de Gustavo, uno de los cinco jóvenes que murió en el mencionado ataque de militares en Nuevo Laredo, y de Alejandro, quien sobrevivió al ataque. El pasado jueves narró cómo ocurrió el ataque emprendido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En entrevista para Carlos Loret de Mola en Latinus, Enrique Pérez relató que los militares trataron de inculpar a su hijo. Dijo que luego de disparar en su contra, los militares bajaron a Alejandro. Uno de ellos le apuntó en la cabeza y mientras otro gritaba “¡mátalo!”.
El que andaba apuntando, le pregunto si quería vivir o morir. Le dijo ‘quiero vivir’ y, al escuchar la respuesta, le dijo ‘bueno, está bien, pero te voy a grabar un video donde tú te haces responsable de todo esto que pasó’, ese video lo tiene que tener ellos”, dijo.
Pérez relató que previo al ataque, a través del espejo retrovisor, los jóvenes se dieron cuenta de que los perseguían militares. Posteriormente, sintieron un choque en la parte trasera de la camioneta.
A causa de esto, la camioneta se impactó contra otro automóvil que estaba estacionado. Tras esto, los militares se bajaron y comenzaron a disparar “a diestra y siniestra”.
“Sin tener ninguna precaución, ni preguntando si traía un arma o algo, simplemente se agarraron a disparar, sin ningún protocolo, sin bajarlos primero para una investigación”, reclamó.
La Sedena aseguró el martes que militares dispararon contra una camioneta la madrugada del pasado 26 de febrero en Nuevo Laredo, después de que esta aumentara su velocidad hasta que se detuvieron cuando se impactaron contra otro automóvil, lo que provocó un estruendo.
Cuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) involucrados en el homicidio de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron vinculados a proceso por el delito desobediencia al accionar sus armas el pasado domingo.
Los elementos vinculados a proceso serán entrevistados por autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en este caso la Secretaría de la Defensa Nacional está realizando una investigación pero también la Fiscalía General de la República.
“La misma Secretaría de la Defensa está actuando en eso. Pero, además, la autoridad, en este caso la fiscalía, tiene que llevar a cabo la investigación completa. Y también aclarar una cosa: aunque se trate de supuestos sicarios, no se debe de permitir la ejecución de nadie. Ya no estamos en el tiempo de ‘mátalos en caliente’ o ‘remátalos’, no, eso no”, informó el jueves en su conferencia de prensa.
Nuevo Laredo está dominado por el violento cartel del Noreste, una rama de la antigua organización criminal de los Zetas. Los militares han sido frecuentemente atacados por sicarios de cárteles en Nuevo Laredo.
No es la primera vez que en la ciudad hay acusaciones contra los militares por sus actuaciones.
En 2021, la Armada de México entregó a 30 marinos a fiscales civiles para que enfrentaran a la justicia en casos de personas que desaparecieron durante operaciones contra el crimen en Nuevo Laredo en 2014. Los marinos también fueron acusados de detener a supuestos sospechosos, algunos de los cuales desaparecieron. Durante 2018, decenas de personas desaparecieron en Nuevo Laredo.
De acuerdo con la ley mexicana, los tribunales militares solo pueden conocer de casos que involucren violaciones del código militar. Los delitos contra civiles deben juzgarse en tribunales civiles.
Los que disparan son responsables, pero quienes les dan las armas y la autorización para actuar lo son aún más; uno vive en Palacio Nacional y los otros cobran sus cheques en el Poder Legislativo.
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