Volantín | La ley sí es la ley

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Por Salvador Cosío Gaona

A nadie debe sorprender que un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) esté planteando declarar inconstitucional la reforma del Congreso que transfirió al Ejército el control de la Guardia Nacional, con fecha de septiembre de 2022, siendo que desde antes de su aprobación y luego el mismo día en que se aprobó en el Poder Legislativo ya se sabía que el tema habría de terminar en la corte. 

 En este mismo espacio, en el Volantín del miércoles 7 de septiembre del año pasado, días antes de que se aprobara la reforma publiqué:

“El debate sobre la readscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha versado principalmente en torno a dos ejes: la inconstitucionalidad del eventual decreto o iniciativa de ley en que se fundamentaría y las implicaciones políticas de militarizar de manera permanente la seguridad pública. Del primero ya no hay mucho qué decir, pues no hay ningún jurista en el país que no haya señalado lo grave que es que el presidente López Obrador esté dispuesto, una vez más, a violentar el estado de derecho con un decreto o una iniciativa de ley claramente violatorios del artículo 21 de la Constitución. Con respecto al segundo tema, la preocupación se centra en los riesgos que tiene para la democracia el exceso de poder político que han adquirido las fuerzas armadas en este sexenio, al cual se sumarían los enormes recursos de la GN, que además se convertiría en la responsable de la seguridad pública en el orden federal. Con ello estaría rompiendo el equilibrio entre poder civil y militar, alcanzado después que los generales cedieran la presidencia de la república en 1946 y el ejército quedara vetado de la política”.

 Días después de la aprobación, escribí:

“El dictamen aprobado antes en la Cámara de Diputados, y la madrugada del viernes en el Senado de la República, constituye una rotunda y grave violación a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21, al reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Pero ello no importó ni al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya con anterioridad ha mostrado su desprecio por la Carta Magna con expresiones como “y no me salgan con que la ley es la ley”, ni a personajes como una Olga Sánchez Cordero, la hoy  senadora morenista, quien solía ser una prestigiada ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y a quien en los últimos años hemos visto -con gran decepción- haciéndole honor a su apellido materno al grado de votar a favor una ley que viola flagrantemente la Constitución para militarizar aún más al país”.

 De manera que, como ya mencioné al principio de esta colaboración, a nadie debe sorprender el planteamiento del Ministro Juan Luis González Alcántara, de dejar sin efecto la reforma constitucional:  

 “Este cuerpo de seguridad fue creado en marzo de 2019 como una institución de carácter civil —semejante a una policía federal—, pero una reforma legislativa impulsada por el Ejecutivo lo convirtió tres años después en un apéndice castrense de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El ministro González Alcántara señala en un proyecto de sentencia que dicha reforma viola la Carta Magna, que prohíbe expresamente la participación del Ejército Mexicano en labores de seguridad pública en tiempos de paz.

 El documento, que aún debe ser votado por el pleno de la Suprema Corte, supone un golpe a una de las reformas prioritarias del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El presidente mexicano ha insistido en que la Guardia Nacional requería de la coordinación y la disciplina que  solo están presentes en las Fuerzas Armadas, a las que su Administración ha conferido cada vez mayores facultades en los asuntos públicos. El golpe también alcanza al Secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, que desde el inicio del sexenio obradorista buscaba que la GN se convirtiera en una tercera fuerza armada bajo su mando, a la par del Ejército y la Fuerza Aérea, cuyos elementos estuvieran protegidos por el fuero castrense.

 “De la jurisprudencia interamericana, de los precedentes más recientes de este Tribunal Pleno y del texto constitucional se extrae que la Fuerza Armada permanente sólo puede realizar tareas de seguridad pública en contextos de estricta excepcionalidad. Su participación debe estar regida por la absoluta necesidad y, por lo tanto, no puede ser permanente”, cita el proyecto de acción de inconstitucionalidad 137/2022. “Para tal fin, la rendición de cuentas y la revisión periódica juegan un papel fundamental: su actuación debe ser en todo momento fiscalizada. Además, la Fuerza Armada solamente puede actuar de manera subordinada y complementaria a las instituciones de seguridad pública y a sus titulares. Finalmente, para que estas salvaguardas sean efectivas, la actuación militar debe estar regulada”, señala el texto del ministro.

El recurso ante el Supremo fue promovido por senadores de oposición que argumentaron que la reforma oficialista viola, entre otros, el artículo 21 de la Constitución, que define a la Guardia Nacional como un cuerpo civil bajo el mando —civil también— de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Así quedó establecido en marzo de 2019, cuando el Congreso aprobó, con amplio consenso de  todos los partidos, la creación de la GN para reemplazar a la Policía Federal, una institución que para López Obrador era ineficiente y corrupta. En ese entonces, los partidos acordaron que la Guardia Nacional, siempre bajo el mando de la SSPC, estaría conformada por agentes civiles y, transitoriamente, por elementos del Ejército y la Marina, mismos que luego volverían a sus puestos originales en las Fuerzas Armadas. También se estableció que, de manera temporal, el Ejército ayudaría a la GN a sus labores de seguridad pública, y se fijó un periodo de cinco años para que los soldados volvieran a sus cuarteles, un reclamo de organizaciones civiles y familiares de víctimas de la guerra contra el narco.

Si bien el espíritu castrense siempre anidó en el corazón de la Guardia Nacional, en septiembre de 2022 la aplanadora oficialista en el Congreso aprobó una reforma a varias leyes secundarias con la que dio la vuelta a la Constitución y consumó la conversión del cuerpo policiaco en un apéndice militar. La reforma estableció que la GN seguiría estando adscrita a la Secretaría de Seguridad, pero que la Defensa se haría cargo de su “control operativo y administrativo”. Para la oposición en el Congreso y colectivos ciudadanos, la modificación legal significó la militarización de la seguridad pública, pues se permitió a los elementos castrenses hacer las tareas de los policías en las calles, a contrapelo de lo que señala la Carta Magna: que la seguridad pública debe estar a cargo de autoridades civiles y que la participación de las Fuerzas Armadas en esa materia debe ser excepcional y regulada, no permanente.

 El proyecto del ministro González Alcántara afirma que la Constitución “establece la regla general según la cual ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Por lo tanto, por regla general, ninguna autoridad militar puede participar en tareas de seguridad pública en tiempos de paz”. El ministro agrega: “Esta es la interpretación que permite afirmar que la actuación militar en labores de seguridad pública y para contener la violencia interna responde a criterios de estricta excepcionalidad. Es, además, la única interpretación compatible con lo dispuesto en el artículo 21 que establece que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil”.

El ministro Alcántara Carrancá fue propuesto como miembro de la Corte por el presidente López Obrador, pero en los asuntos que interesan al Gobierno no ha votado necesariamente de manera favorable, como en este caso de la Guardia Nacional. Si el máximo tribunal avala el proyecto, no solo la corporación volverá a estar bajo el mando de la SSPC, sino que sus elementos —aunque provengan de las Fuerzas Armadas— estarán sujetos a la justicia civil, no ya militar, en caso de que cometan delitos en el cumplimiento de sus obligaciones. Es posible que el pleno del Supremo vote el proyecto de sentencia la semana próxima”.

 Ocho de once votos de los ministros es lo que se requerirá en todo caso para declarar la inconstitucionalidad de la ley, y nuevamente la sociedad civil debe sentirse llamada a presionar para echar abajo una ley que nunca debió existir y demostrarle al presidente de la República que, “la ley sí es la ley”. 

 Opinión.salcosga@hotmail.com

@salvadorcosio1 

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