Volantín | Una farsa más

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Por Salvador Cosío Gaona

El incendio registrado en el centro de detención de Ciudad Juárez, muy probablemente será un episodio más en el que paguen justos por pecadores como ha venido sucediendo bajo el sexenio obradorista, siendo que los menos culpables terminan tras las rejas mientras los verdaderos responsables recorren todo el país y se muestran en redes sociales incurriendo incluso en situaciones grotescas o extravagantes solo para ganar votos. 

 La Fiscalía General de la República (FGR) ha presumido estar llevando a cabo una gran investigación en el caso Francisco Garduño, Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), pero no hay que darle tantas vueltas, se trata de un montaje, una simulación con un enorme tufo a farsa, a engaño, o para decirlo más acorde con las prácticas de la Cuarta Transformación, a “atole con el dedo”.

 Medios de comunicación reportaron el pasado jueves 13 de abril, que Francisco Garduño, fue citado a comparecer el próximo viernes 21 de abril por el incendio en el centro de detención de Ciudad Juárez, Chihuahua, que provocó la muerte de al menos 40 migrantes. A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), La administradora del Centro de Justicia Penal Federal en Chihuahua, Silvia Alejandra Gutiérrez Tristán, citó a Francisco Garduño a comparecer en una audiencia el 21 de abril en las instalaciones de dicha dependencia, a las 09:00 horas.

En la nota periodística se menciona que el titular del INM podría ser imputado “por el delito de ejercicio ilícito del servicio público tras la muerte de los 40 migrantes”.

 ¿Por qué hablo de simulación? Porque el delito que se le imputa al secretario es “ejercicio ilícito del servicio público”, el cual está previsto en el artículo 214, fracción VI, del Código Penal Federal, y es sancionado con pena de prisión de 2 a 7 años. En este contexto, Garduño estaría a salvo de pisar la cárcel mientras se desarrolla su proceso judicial, toda vez que dicha infracción no está catalogada entre los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. 

 El lunes 10 de abril, la FGR solicitó orden de aprehensión contra el director general de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz, por su probable responsabilidad al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y brindar seguridad a todas las personas e instalaciones a su cargo.

Por tal tragedia, la autoridad ministerial también procedió contra el contralmirante Salvador González Guerrero, delegado del INM en Chihuahua; Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, quienes estarían vinculados directamente con las “conductas que generaron los homicidios y las lesiones” que sufrieron las víctimas de estos delitos.

 Chivos expiatorios algunos de quienes se encuentran bajo proceso, mientras los verdaderos responsables, y me refiero al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, su jefe el Secretario Adán Augusto López Hernández; y el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, desde el momento que ocurrió la tragedia se dedicaron a repartir culpas y continúan en sus puestos sin ruborizarse poquito y mucho menos asumir que cargan en sus espaldas con la muerte de 40 inocentes que su único pecado fue pretender un futuro mejor para ellos y sus familias. 

 Garduño es el más débil en el eslabón; el presidente Andrés Manuel López Obrador no iba a permitir que dos de sus llamadas “corcholatas” (Adán Augusto y Marcelo) fuesen señalados de tan grave crimen. Pero tampoco ha dejado solo al titular del INM, a quien ha defendido ampliamente en sus conferencias mañaneras, tras asegurar que lo conoce desde hace muchos años, pues ha trabajado con él desde su etapa como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal.

 Reconoció, incluso, que desde aquel momento, propuso a Garduño para ser secretario de Seguridad Pública capitalino, pero el entonces mandatario Vicente Fox lo rechazó, por lo que pasó a formar parte de la Subsecretaría de Gobierno y ya en el gobierno federal, lo nombró titular del INM.

 AMLO, calificó al oriundo de Acámbaro, Guanajuato, como una persona recta y trabajadora, y aunque aclaró que ante la tragedia de migrantes de Ciudad Juárez no protegerá a nadie en caso de resultar culpable por tales hechos, es presumible que ya acordó lo procedente con el Fiscal Alejandro Gertz Manero, y es viable apostar que no permitirá que su leal amigo vaya a dar a la cárcel. 

De hecho, al ser cuestionado sobre si este funcionario sería destituido, el presidente tabasqueño dijo que se debe esperar al desenlace de la investigación y sostuvo que el mencionado personaje no ha presentado su renuncia al cargo.

 AMLO, también adelantó que ya próximamente la FGR dará a conocer los resultados de la investigación contra Francisco Garduño y otros funcionarios involucrados en el incendio. 

 ¿Porqué López Obrador sabe cómo va la investigación siendo que se supone la Fiscalía es un órgano autónomo? Simplemente porque no existe tal autonomía; es el mismo Andrés Manuel quien está utilizando su dedo índice para señalar quien sí, quien no, y hasta dónde hay que apretar los botones. 

 Y ni hablar de lo que el periodista Carlos Loret y el portal de Latinus han venido denunciando en cuanto al cúmulo de irregularidades en el trato y manejo de los migrantes por parte de las autoridades de nuestro país; nada tampoco respecto a la presunta contratación de la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA) la cual habría tenido a su cargo vigilar la estación de Ciudad Juárez en la que murieron los 40 migrantes; empresa que según el portal de noticias, pertenece a Elías Gerardo Valdés Cabrera, cónsul honorario de Nicaragua en Nuevo León y Coahuila, señalada por haber recibido miles de millones de pesos en contratos por parte del Gobierno federal actual.

 El miércoles 15 de febrero, durante el noticiero de Loret en Latinus se presentó el reportaje de Tania Rosas titulado Conexión Nicaragua: Cónsul de Daniel Ortega recibe más de 3 mil mdp.

De acuerdo con la investigación, durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “se han entregado al menos 130 contratos a una empresa de seguridad privada, propiedad del ya mencionado cónsul honorario de Nicaragua en Coahuila y Nuevo León.

La reportera informó que los contratos fueron destinados para la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia, “negocio que se expandió después de que Valdés Cabrera fuera designado cónsul en México”.

El nombramiento de Elías Gerardo fue emitido por Daniel Ortega Saavedra, presidente de Nicaragua.

“Valdés es empresario de bajo perfil que ha aprovechado la relación del Gobierno de México con el Gobierno de Nicaragua, acusado de persecución a las libertades”, apuntó la reportera de Latinus.

Instituciones como el IMSS, CFE, el Banco del Bienestar y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado son algunas de las que han contratado a la empresa.

 Al ser cuestionado al respecto en la conferencia matutina del día siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que Loret muestre cómo se ha hecho de sus bienes materiales.

 Opinión.salcosga@hotmail.com

@salvadorcosio1 

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