Por Salvador Cosío Gaona
“La paz total es el principal objetivo de Petro, pero va a ser su principal dolor de cabeza de aquí a que termine”, vaticinaban algunos analistas hace un año cuando el nuevo presidente colombiano asumió en el cargo y veían en dicha política uno de los principales talones de Aquiles del mandatario.
Muy lejos estaban de acertar al que sería en tan solo un año el mayor dolor no solo de su presidencia sino de su vida para Petro.
Cómo ya se mencionaba en la primera entrega, el jueves 3 de agosto fue con seguridad uno de los días más duros para el presidente de Colombia, Gustavo Petro. En un documento, firmado bajo juramento, su hijo mayor Nicolás Petro sostuvo ante el fiscal Mario Andrés Burgos que acepta los cargos en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Además, el hijo del presidente se comprometió a entregar información a las autoridades en las que demostraría que parte del dinero que recibió de exnarcotraficantes y políticos corruptos habrían ingresado a la campaña presidencial de su padre en 2022.
“Recibo con dolor, a nivel personal, las informaciones sobre presuntas irregularidades en el desarrollo de la campaña presidencial en la costa. En cuanto a la institución, sin vacilación alguna, afirmo y reitero que nadie puede estar por encima de la ley y que la justicia debe aplicarse de manera imparcial, con el debido proceso y todas las garantías del debido proceso y las garantías constitucionales”, afirmó Gustavo Petro el pasado viernes mediante un comunicado a la opinión pública. Y agregó: “Serán los jueces en sus distintas competencias quienes definan jurídicamente lo que corresponda”.
Y en cuanto a la prometida paz para Colombia, los especialistas lo siguen viendo como un imposible. “Total, imposible”. “Paz imposible”. Estamos apenas empezando a implementar lo que se acordó entre el gobierno del presidente Santos y las FARC”, sostiene el analista político Jaime Honorio González.
Otros expertos consideran que los grupos armados ilegales han aprovechado el cese al fuego bilateral con el gobierno para incrementar sus acciones violentas y que han afectado de manera considerable los indicadores de seguridad.
“En materia de seguridad el balance de este gobierno es francamente nefasto. La inseguridad ha aumentado en el país, la extorsión está disparada y el secuestro también, las masacres han aumentado. El fortalecimiento de los grupos violentos ilegales en muchas regiones del país es enorme. Prácticamente se ha detenido la erradicación forzosa de la coca. Nunca antes en Colombia, ni siquiera en los tiempos de Pablo Escobar, habían existido tantas hectáreas sembradas de hoja de coca y tanta producción de cocaína”, le dijo a CNN el director de la fundación Seguridad y Democracia, Alfredo Rangel.
El senador Ariel Ávila, quien tuvo a su cargo la iniciativa de la frustrada ley de sometimiento a la justicia para las bandas criminales al servicio del narcotráfico, afirma que la política de Paz Total debe ser revisada. “La paz total es una intención del Gobierno en dos sectores. Por un lado, tratar de consolidar procesos de paz con las guerrillas, en este caso con el ELN y unas disidencias de las antiguas FARC, y por otro lado, someter a la justicia a organizaciones criminales. Sin embargo, hay un deterioro de la seguridad en los últimos 4 o 5 años, que viene desde el gobierno Duque, y que este gobierno no ha logrado parar. Entonces la población castiga durísimo la política de paz total porque no ve como tal una mejora en la seguridad”, argumenta Ávila, quien es miembro de la Alianza Verde.
Entre los retos más importantes para el presidente Gustavo Petro en el corto plazo están las elecciones regionales y locales que se realizarán el 29 de octubre para elegir gobernadores, alcaldes, diputados y concejales.
Algunos sectores políticos sostienen que serán un termómetro para medir en las urnas si los colombianos respaldan o no la gestión del gobierno. Así lo considera Hernán Cadavid, representante de la Cámara por el partido opositor Centro Democrático. “Será un plebiscito. El país el 29 de octubre casi que va a vivir la primera vuelta presidencial del año 2026. El país va a salir en las regiones a decirle al gobierno si está de acuerdo o no con lo que está planteando. Las encuestas demuestran que no es así. El 61% del país dice que vamos por mal camino. Y en los hechos ha quedado evidente: discusiones políticas e ideológicas, pero no realizaciones por parte del gobierno nacional y eso es bastante preocupante ya cumpliendo un año”, sostiene Cadavid.
En la calle, las opiniones están divididas y en el ambiente político hay una polarización evidente. Le tomamos el pulso a los ciudadanos sobre este primer año de gobierno y esto fue lo que comentaron: “Me ha parecido espantoso. Pero no peor ni más ni menos que los anteriores. Ni Uribe ni Santos ni Duque. Todos se arropan con la misma cobija”, dijo a CNN María Zuluaga, una ama de casa bogotana.
Luis Enrique Jaimes, un pensionado de 65 años, comentó: “Este año ha sido como de alzas y bajas. Con problemas graves de orden público, con problemas de bandas sicariales, de bandas de ladrones, esa parte ha sido muy crítica, todo lo que ha sido la seguridad. Y el programa económico ahí va, más o menos”.
La tasa de desempleo para el mes de junio fue del 9,3% y la inflación se situó en un 12,1%, según cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Por eso hay quienes, como Jesús Ortiz, un vendedor informal que trabaja en las calles de Bogotá, se queja de las dificultades que enfrentan. “Se está poniendo la situación dura, apretada. Poco trabajo y las cosas han aumentado mucho”, dijo.
En medio de este panorama con defensores y opositores al gobierno, hay quienes, como el analista Jaime Honorio González, sostienen que tener un primer gobierno de izquierda en Colombia es sano para la democracia. A pesar de los errores que pudiera estar cometiendo. “La dura realidad de saber que muchas cosas no pueden cambiar, aunque se llamen el gobierno del cambio. ¿Qué tenemos para decir a favor en ese balance? Que llegó la izquierda, que no sucedieron ninguna de las tragedias que avizoraban los de la ultraderecha, que nos íbamos a ‘venezolanizar’, que esto iba a ser la continuidad del gobierno de Maduro, que se iba a quedar en el poder. En fin, una serie de situaciones que mucha gente se creyó”, afirma González.
Una opinión con la que no coincide el representante de la Cámara Hernán Cadavid. “Son más anuncios y slogans que realizaciones. Cambios en el gabinete, improvisaciones. Muchas de las entidades del Estado todavía sin nombramientos concretos. Reformas que se quedaron en el camino y siguen siendo hasta ahora una mera expectativa. Y yo creo que ya empezado el primer año era momento de presentarle al país hechos concretos y hoy todavía seguimos divagando en un discurso que pareciera el de la campaña política y no el del presidente de la República.”
Durante este primer año de gestión del presidente Petro, cientos de miles de colombianos han salido a las calles en varias ocasiones. Unos para respaldar las iniciativas de reformas sociales y la gestión de su gobierno. Otros en contra de los cambios anunciados y de sus políticas de paz y de política exterior, como el restablecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con el gobierno de Venezuela.
Así pues, la la paradoja del presidente de Colombia no podía ser mayor ni más amarga: Gustavo Petro construyó toda su vida política de más de 30 años, como un estricto investigador e implacable crítico del paramilitarismo y el narcotráfico y su poder corrosivo desde las alcaldías hasta el Congreso y su impacto en el Palacio de Nariño, que hoy él habita. Sin embargo, pocos días antes de cumplir un año en la presidencia, su hijo mayor puso al borde del fracaso su proyecto de vida: la justicia social y la paz en Colombia. Aún no es posible vaticinar las consecuencias jurídicas y políticas y qué tanto éstas vayan a afectar la gobernabilidad y el mandato entregado a Petro. Al tiempo.
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