Por Salvador Cosío Gaona
Acusar, sentenciar y crucificar sin pruebas que sostengan las decisiones más allá de la narrativa del presidente, se convirtió en un estilo de gobernar en este sexenio.
Y en ese contexto, bajo la égida de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), las arbitrariedades y el autoritarismo han caminado de la mano en dirección a una dictadura, -una palabra que al inicio de la actual administración e incluso durante la campaña presidencial se tachó de exagerados y catastróficos a quienes advertían sobre el riesgo en caso de que llegara AMLO a la presidencia de la República, y que ahora no está lejos de aplicar en nuestro México-. Y las señales están por todos lados; si hacemos el ejercicio de revisar los argumentos que se esgrimieron para cancelar edificaciones magnas como lo habría sido el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y contrastamos con lo que ocurre con las obras faraónicas que se construyen por capricho del propio Ejecutivo Federal, es casi inevitable no relacionarlo con autoritarismo.
“La cancelación del NAICM marcó un hito en la forma en que el gobierno toma decisiones asociadas al desarrollo de grandes proyectos de infraestructura”, destacaba un boletín emitido por el Gobierno de México el 26 de abril de 2019:
“El C. Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, me ha instruido informar a la Ciudadanía, sobre los factores y razones tomados en consideración para la cancelación del proyecto denominado “Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM)”, iniciado en 2014, así como los hallazgos encontrados por la actual administración que reafirman y refuerzan la trascendental decisión adoptada.
El Aeropuerto en Texcoco nunca debió aprobarse y menos iniciarse. Fue un error gravísimo, cuya cancelación evitó un desastre ecológico mayor, una severa explosión demográfica en la Zona Oriente del Valle de México, la sobreexplotación de recursos escasos como el agua, el dispendio de enormes recursos públicos y la herencia de altos compromisos financieros a las siguientes administraciones; evitó, además, el desperdicio de la infraestructura aeroportuaria existente y los riesgos del comportamiento de pistas e instalaciones en un terreno inestable y complejo.
La cancelación del NAICM marcó un hito en la forma en que el gobierno toma decisiones asociadas al desarrollo de grandes proyectos de infraestructura, los que deben ajustarse a los requisitos que marca la Ley y a las necesidades, los recursos y los intereses de la Nación.
Los promotores del proyecto, esgrimieron siempre como argumento, el que se trataba de una trascendental inversión en infraestructura con gran impacto en el crecimiento económico, pero omitieron la consideración de los efectos negativos mencionados, la seguridad y los derechos humanos de la población local y de que se trataba de una inversión exagerada, para un país con las carencias que tiene México.
Además, por una planeación deficiente, un proyecto oneroso y complejo y cambios constantes en la concepción del aeropuerto, el costo de la construcción se elevó considerablemente, sin que se actualizara el análisis costo beneficio original provocando que las fuentes de financiamiento resultaran insuficientes. La solución financiera planteada presentaba graves irregularidades de concepción y contratación y comprometía las decisiones soberanas a través de complejos instrumentos de “blindaje”, que significaban compromisos severos para las administraciones siguientes”.
El comunicado replicaba un informe en el que abordaba las razones para la cancelación:
“En síntesis, un gobierno con legitimidad abrumadora, luego de una votación histórica en nuestro país, no puede ser timorato ni omiso. Los paradigmas del desarrollo han cambiado. Frente a un proyecto dispendioso, amañado e insensible al entorno de pobreza vigente, la decisión lleva a mejorar las condiciones del ambiente en beneficio de la sociedad. El gobierno de México tendrá ahora la encomienda de impulsar un sistema metropolitano de aeropuertos, como en otras capitales del mundo, garantizando la seguridad y la conectividad eficiente de los usuarios de los aeropuertos.
Sin embargo, la decisión de la cancelación debió asumir un costo que se ha estimado en 100 mil millones de pesos, 60 mil millones ya erogados y 40 mil millones por gastos no recuperables, que en virtud de los resultados de las negociaciones y por el aprovechamiento de materiales y equipo existentes, debería resultar menor.
Por el contrario, el continuar con la obra del Nuevo Aeropuerto, habría requerido una inversión del orden de 400 mil millones de pesos, tan sólo para la primera etapa, más la obligada inversión en el aeropuerto Benito Juárez para que funcionara entre 6 y 8 años más.
Independientemente de las anomalías de diversa índole que hemos relatado, del ocultamiento de información relevante y de las irregularidades encontradas que pudieran derivar en responsabilidades por las omisiones y posibles actos de corrupción o daño patrimonial, de todo lo cual se dará vista a los órganos fiscalizadores competentes, reiteramos que el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, nunca debió aprobarse y menos iniciarse”.
Es inevitable leer este documento redactado hace casi 5 años y no contrastar con las edificaciones del sexenio.
Las obras del Aeropuerto Felipe Ángeles; la Refinería de Dos Bocas; y el Tren Maya, constituyen cada una por separado, la mayor compilación de todos los argumentos que espetó el mandatario tabasqueño para destruir el NAICM y que ahora se le estampan en el rostro para recordarle que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta y este no es su caso.
El Tren Maya ha provocado el mayor desastre ecológico en la historia de este país; devastación de selvas; y sobreexposición de recursos escasos como el agua.
El Aeropuerto de Santa Lucia; con una planeación deficiente, cambios constantes en su concepción, carente de planes, proyectos y permisos.
Dos Bocas; una obra también edificada sin planeación, y que el costo de su construcción ya triplicó el presupuesto originalmente proyectado.
Las tres obras comparten el dispendio de enormes recursos públicos y heredarán los más altos compromisos financieros a las siguientes administraciones. Se trata de inversiones exageradas para un país con enormes carencias.
Ocultamiento de información relevante, irregularidades que pudieran derivar en responsabilidades por omisiones y posibles actos de corrupción y daño patrimonial, son otras coincidencias que compartes estas construcciones.
Tres obras plagadas de corrupción que nunca debieron construirse.
@salvadorcosio1