En el contexto de la segunda fase de la Cuarta Transformación y con el propósito de consolidar la soberanía energética, el Gobierno de México expuso detalles sobre el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Uno de los objetivos principales es asegurar un sistema eléctrico robusto, confiable y accesible para todos los mexicanos, bajo una estructura de inversión y planeación estratégica que permita superar los retos del sector eléctrico heredados de la reforma de 2013.
Según Emilia Callejas, titular de la CFE, la reforma energética de 2013 fragmentó la CFE en nueve empresas subsidiarias, lo que obstaculizó la eficiencia operativa y afectó la confiabilidad del suministro eléctrico. Esta situación motivó al actual gobierno a implementar una serie de inversiones, con un presupuesto aproximado de 20,000 millones de dólares, para modernizar la infraestructura eléctrica en generación, transmisión y distribución. Esta inversión histórica permitirá asegurar un suministro energético suficiente para cubrir la demanda en estados como Jalisco, Michoacán y Guerrero.
En el ámbito de la transición energética, la CFE se compromete a reducir las emisiones de CO₂ y aumentar la generación de energías limpias, de modo que el 30% de la electricidad provenga de fuentes consideradas “limpias” de acuerdo con las normativas actuales. Para ello, se cuenta con la colaboración del sector privado, que podrá participar hasta en un 46% de la generación eléctrica, con una capacidad proyectada entre 6,000 y 9,000 megawatts adicionales hacia 2030. Además, se impulsará la cogeneración en colaboración con Pemex, generando electricidad de manera más eficiente y amigable con el medio ambiente.
La estrategia también aborda la “justicia energética,” que incluye iniciativas para reducir el costo de la electricidad en hogares y pequeñas empresas, así como proyectos comunitarios y sociales para fomentar el acceso igualitario a la energía. Como parte de estas acciones, se implementarán programas de energía solar en zonas de alta demanda energética, y proyectos de generación en áreas rurales y marginadas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Finalmente, el gobierno señaló que se mantendrán reguladores independientes, alineados con los objetivos de largo plazo de la planeación energética nacional. Con esta visión, la administración reafirma su compromiso de mantener tarifas eléctricas estables, promoviendo un entorno de inversión privada transparente y regulada en los sectores estratégicos. Se prevé que estos avances contribuirán a una transición energética gradual y sostenible, fortaleciendo al mismo tiempo la capacidad operativa y financiera de la CFE como empresa pública.