Una muerte lenta, parece, es lo que están sufriendo siete órganos autónomos que por cuestiones meramente de forma, han logrado sobrevivir los últimos meses. Se esperaba que este jueves se votara su extinción en la Cámara de Diputados donde tiene las horas contadas, pero ayer se anunció que recibió una bocanada de aire, siendo que la discusión se pospuso tentativamente para el próximo miércoles 20 de noviembre.
Como ya lo había advertido en este mismo espacio, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador se propuso desaparecer y destruir todo aquello creado antes de su arribo a la titularidad del Poder Ejecutivo de la Nación, y el Poder Legislativo está a punto de hacer realidad ese perverso anhelo del tabasqueño, quien en febrero pasado presentó al Congreso de la Unión la iniciativa de reformas legales que contenía dicho propósito; es decir, desaparecer de un plumazo siete órganos descentralizados, que hasta el día de hoy gozan de personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, y que perderán ese carácter al ser incorporados en el organigrama del gobierno y quedar jerárquicamente supeditados a las dependencias a las que serán adscritos.
La iniciativa propone que los órganos enumerados a continuación desaparezcan, y que sus atribuciones sean absorbidas por las secretarías de estado de las que “derivan”:
Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)
La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) cuya misión es promover la competencia y evitar prácticas monopólicas, podría ver sus funciones absorbidas por la Secretaría de Economía.
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es el encargado de regular las telecomunicaciones y la radiodifusión, y sus funciones serían asumidas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
Este organismo, quizá el más importante que pretenden desaparecer, se encarga de garantizar el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales; se busca transferir sus funciones a la Secretaría de la Función Pública y a los órganos de control del poder Legislativo y Judicial.
La responsabilidad sobre la transparencia de los partidos políticos quedaría a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE).
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es un organismo público descentralizado con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, lo que permite mejorar la toma de decisiones en la materia. Sus funciones serían absorbidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Comisión Reguladora de Energía (CRE)
La CRE regula diversas actividades en el sector energético, incluyendo la electricidad y los hidrocarburos. Sus funciones serían absorbidas por la Secretaría de Energía.
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
La CNH regula la exploración y extracción de hidrocarburos en México; sus funciones pasarían a la Secretaría de Energía, lo que podría centralizar aún más la toma de decisiones en el sector energético.
Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).
Las funciones de esta comisión, que busca evaluar y mejorar la calidad del sistema educativo en México, quedarían a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que podría limitar la independencia en la evaluación de políticas educativas.
El argumento del gobierno de AMLO siempre fue que la extinción de estos organismos reduciría gastos “innecesarios”, ya que según datos presentados, entre 2018 y 2024 se asignaron más de 32 mil millones de pesos a estos organismos. Pero, aunque en la teoría las tareas se mantienen, puesto que se propone trasladar sus funciones a otras dependencias, es posible vaticinar que la autonomía administrativa no estará garantizada y las decisiones estarán sujetas a la agenda e intereses del Poder Ejecutivo. Es decir, serán juez y parte. Adiós autonomía. Adiós rendición de cuentas. Adiós democracia.
El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., ha propuesto;
Garantizar la autonomía técnica, operativa y de gestión de los órganos desconcentrados, descentralizados o unidades administrativas -según sea el caso-, estableciendo con detalle el tipo de autonomía de cada una en la modificación posterior de las leyes que correspondan.
Establecer un mecanismo de control legislativo que exija la comparecencia de las personas titulares de las unidades o instituciones que absorban las funciones, a fin de realizar el seguimiento de los avances del cambio administrativo y una evaluación del desempeño de sus funciones para asegurar la independencia de sus decisiones.
Diseñar un protocolo para que la transferencia de las capacidades institucionales (recursos humanos, conocimiento, tecnologías, metodologías, sistemas) de los órganos extintos a las instituciones sea exitosa. Para esto, es necesario considerar estrategias concretas de integración de los equipos de trabajo, así como de capacitación y coordinación intrainstitucional.
Mantener la perspectiva de toma de decisiones colegiadas, que hoy se tiene a través de órganos de gobierno, a fin de evitar la concentración de intereses.
Implementar manuales específicospara la gestión de los registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos que pasarán a formar parte del Ejecutivo Federal y el INEGI. Esto será especialmente importante en el caso de la Plataforma Nacional de Transparencia, que concentra miles de obligaciones.
Incluir dentro de la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC en el Senado un equipo encargado de monitorear posibles incumplimientos al Tratado derivados de esta reforma administrativa tanto en el diseño como en la implementación de los cambios.
Dar seguimiento, desde la sociedad civil, a la evolución de los cambios y evalúen que las funciones de regulación sean absorbidas de forma efectiva por las secretarías de Estado y por el INEGI.
Sin embargo, los diputados integrantes de Morena y sus partidos aliados, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), hace mucho que dejaron de tener voz y solo cuentan con un voto pero que ya tiene dueño en la persona de Andrés Manuel López Obrador, -según quedó confirmado la noche del pasado martes en la reelección de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos-, y como se dice popularmente, no se pueden salir del guacal.
Así las cosas, sigue siendo cuestión de días para que se consolide la destrucción de siete órganos autónomos en este país que, lamentablemente sigue dando pasos agigantados rumbo a la dictadura.
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@salvadorcosio1
