Por Raúl Rosales Rosas
El sistema de pensiones en Nayarit revela dos realidades contrastantes: mientras el gobierno estatal ha emprendido una reforma dolorosa pero necesaria, los municipios navegan sin rumbo hacia una crisis financiera inevitable.
La capital del estado, Tepic, destina 300 millones de pesos anuales —el 14% de su presupuesto total— al pago de pensiones, recursos que salen directamente de las arcas municipales ante la ausencia de un fondo específico para este fin. Esta cifra ejemplifica la gravedad de un problema que amenaza con extenderse a todo el estado.
Es una bomba de tiempo para las finanzas públicas locales. El diagnóstico no es exagerado: antes de su reforma pensionaria, el gobierno estatal destinaba aproximadamente 400 millones de pesos mensuales a este concepto.
La geografía del problema presenta marcados contrastes. Mientras municipios serranos como La Yesca no registran trabajadores sindicalizados, y El Nayar y Huajicori mantienen estructuras administrativas ligeras, ayuntamientos como Compostela, Jala, Santiago Ixcuintla y San Blas ya enfrentan presiones financieras crecientes por sus obligaciones pensionarias.
El caso de Bahía de Banderas resulta particularmente ilustrativo. Con apenas tres décadas de existencia y gozando de aparente prosperidad financiera, este municipio costero ya enfrenta sus primeras generaciones de trabajadores pensionados, evidenciando que ni la juventud ni la bonanza económica son garantía contra esta crisis en ciernes.
La respuesta estatal al desafío ha sido clara pero impopular. El gobierno implementó una reforma integral a su sistema de pensiones, reconociendo que la inacción podría derivar en el colapso de las finanzas públicas. Sin embargo, el modelo propuesto por la ley estatal no ha logrado convencer a los municipios: hasta la fecha, ninguno se ha incorporado al nuevo esquema.
Los ayuntamientos han encontrado en la alta rotación de personal un amortiguador temporal, pero esta no representa una solución sostenible. La ausencia de un sistema integral de pensiones municipales está hipotecando el futuro financiero de las próximas administraciones.
La experiencia estatal debería servir como advertencia y guía para los municipios. Sin embargo, la resistencia al cambio y la tendencia a posponer decisiones difíciles están creando las condiciones para una crisis que, con cada día que pasa, se vuelve más compleja de resolver.
La disparidad entre la administración estatal y municipal en el manejo de sus sistemas de pensiones no solo refleja diferentes velocidades de respuesta ante un problema común, sino que augura un futuro complicado para las finanzas públicas de Nayarit.
El tiempo dirá si los municipios logran aprender de la experiencia estatal antes de que sea demasiado tarde.