Por Raúl Rosales Rosas
Cada tres años, con el cambio de administración en los municipios de Nayarit, se repite un fenómeno que lacera tanto los derechos laborales como las finanzas públicas: el despido injustificado de decenas de trabajadores burocráticos. Esta práctica, que parece haberse institucionalizado sin mayores consecuencias para quienes la ejecutan, ha generado una crisis financiera que amenaza con colapsar la operatividad de los ayuntamientos.
El problema no radica en el cumplimiento de los contratos colectivos de trabajo con los sindicatos, sino en la forma en que las nuevas administraciones deciden despedir a trabajadores sin el debido sustento legal, simplemente por no haber apoyado su campaña o no pertenecer a su partido político. Esta arbitraria toma de decisiones no solo vulnera los derechos de los empleados, sino que también impone una carga insostenible al erario público.
Las cifras hablan por sí solas: el municipio de Tepic enfrenta actualmente una deuda de casi 300 millones de pesos derivada del pago de aproximadamente unos 250 laudos laborales aun por cumplir. Otros municipios como Ixtlán del Río y San Blas también se encuentran en situaciones similares, con pasivos laborales que oscilan los 60 millones de pesos cada uno. Esta lista se extiende a todos los municipios del estado y menor monto pero en proporción a sus capacidades financieras, también altamente lesivos. Estos montos, que podrían destinarse a obra pública, seguridad o servicios municipales, están siendo absorbidos por decisiones administrativas ilegales e irresponsables.
La razón de este desastre financiero radica en que el 95% de los trabajadores que demandan por despido injustificado obtienen laudos favorables, lo que obliga a los municipios a reinstalarlos o indemnizarlos con salarios caídos, prestaciones y la indemnización constitucional. Este alto índice de fallos a favor de los empleados exhibe la negligencia con la que las administraciones municipales realizan los ceses, sin atender los requisitos que establece la Ley de Derechos y Justicia Laboral del Estado de Nayarit. En muchos casos, estos despidos se realizan por un absoluto desconocimiento de las formalidades legales necesarias para hacerlo correctamente, lo que resalta la falta de capacitación en la administración pública. Sin embargo, también es una práctica que responde al capricho de funcionarios que simplemente ordenan el cese sin justificación válida, bajo el argumento de que “así lo ordena el jefe”. Aun en estos casos, las formalidades legales deberían respetarse rigurosamente para evitar daños tanto a los trabajadores como a las finanzas municipales.
Es importante señalar que la Ley de Derechos y Justicia Laboral del Estado de Nayarit establece un procedimiento claro para los ceses justificados, el cual requiere:
1. La existencia de una causa justificada contemplada en el artículo 74 de la ley (como faltas injustificadas, falta de probidad, etc.)
2. El levantamiento de un acta administrativa por parte del superior jerárquico, donde deben estar presentes:
• Testigos de asistencia
• El trabajador (cuando sea posible)
• Un representante del órgano de control interno
• Un representante sindical
3. El acta debe documentar cronológicamente los hechos, incluir las pruebas disponibles, permitir al trabajador defenderse y aportar pruebas, y registrar las manifestaciones del representante sindical.
4. El acta debe ser firmada por todos los participantes y entregarse copias tanto al trabajador como al representante sindical.
5. En los cinco días siguientes, debe notificarse a la Sala competente del Instituto de Justicia Laboral, quien a su vez debe notificar personalmente al trabajador.
La omisión de cualquiera de estos pasos hace presumible que el despido fue injustificado. Sin embargo, como evidencian las cifras presentadas, este procedimiento rara vez se sigue…
Ante este panorama, surgen preguntas que deben cimbrar las conciencias de servidores públicos y legisladores: ¿Es justo que sea el erario público el que asuma el costo de estas decisiones ilegales? Si el despido es injustificado, es porque es ilegal. Entonces, ¿por qué no se sanciona directamente a quienes ordenan estas destituciones sin fundamento?
Lo más preocupante de esta dinámica es que, una vez interpuestas las demandas laborales, la estrategia de defensa de los ayuntamientos no se centra en demostrar la justificación de los despidos – lo cual resulta prácticamente imposible dado que no se siguió el procedimiento legal – sino en dilatar los procedimientos mediante tácticas procesales como la interposición de recursos innecesarios, la no presentación a audiencias, o el incumplimiento deliberado de requerimientos judiciales. El objetivo es claro: evitar que el laudo quede firme durante su administración para que sea la siguiente quien deba enfrentar el pago, en una práctica conocida coloquialmente como “patear el bote” o “que pague el que sigue”.
Esta estrategia no solo resulta éticamente cuestionable, sino que además multiplica exponencialmente el monto de las condenas. Así, lo que pudo haber sido una indemnización manejable se convierte en una deuda impagable para el siguiente gobierno municipal, quien a su vez repetirá el ciclo con nuevos despidos injustificados, perpetuando esta crisis financiera.
La situación se agrava aún más cuando los ayuntamientos, omitiendo su obligación legal de establecer en sus presupuestos una partida específica para el pago de sentencias, laudos y resoluciones, se ven enfrentados al embargo de sus cuentas bancarias. Esto paraliza la operatividad municipal y afecta la prestación de servicios públicos básicos, creando un efecto dominó que impacta directamente en la ciudadanía.
Ante este escenario, la solución más sensata sería que los ayuntamientos optaran por realizar convenios de pago respecto de los salarios caídos y procedieran a la reinstalación inmediata de los trabajadores injustificadamente despedidos. Esta estrategia evitaría que continúen acumulándose los salarios caídos y permitiría una planeación financiera más ordenada mediante pagos parciales acordados. Sin embargo, la realidad muestra que la mayoría de las administraciones municipales prefieren heredar el problema a sus sucesores, en lugar de enfrentarlo y resolverlo de manera responsable.
Para frenar este problema estructural, se deben implementar medidas concretas. Una de ellas podría ser que los pagos derivados de laudos laborales por despidos injustificados sean repercutidos directamente en los servidores públicos responsables de ordenar las destituciones ilegales. Solo así se podría obligar a los funcionarios a actuar conforme a derecho y no por capricho político o presión partidista.
Otra solución podría ser una reforma a la ley que permita que el Instituto de Justicia Laboral de Nayarit ordene, al admitir la demanda, como medida cautelar la inmediata reinstalación del trabajador despedido, mientras el juicio laboral sigue su curso. Esto evitaría la generación de salarios caídos y disminuiría el impacto financiero en los municipios.
En Nayarit, ningún municipio está exento de esta práctica. Todos, en mayor o menor medida, han cometido ceses injustificados que han derivado en millonarias indemnizaciones. La situación ha llegado a un punto crítico. Un ejemplo alarmante es el caso de un grupo de trabajadores que fueron despedidos hace poco más 12 años en Tepic y que, tras una larga batalla legal, lograron una sentencia favorable que obliga al ayuntamiento a pagar más de 114 millones de pesos, lo cual se viene haciendo bajo un convenio en parcialidades.
Este caso, y muchos otros similares, revelan que las malas decisiones que terminan afectando a todos. El dinero que debería usarse para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos se desvía para cubrir los costos de la irresponsabilidad política.
El problema es grave. Es momento de exigir que la justicia laboral no solo restituya derechos a los trabajadores, sino que también sancione con firmeza a quienes los vulneran.