Por Alfredo Delgadillo López
Imagina que vas caminando y eres atraído por un cable de alta tensión propiedad de CFE… Imagina que subes a revisar tu tinaco y te electrocutas con un cable de alta tensión propiedad de CFE. O imagina que durante una tormenta, un transformador de CFE explota y provoca un incendio que daña tu casa y/o negocio. De todo corazón deseo que solo quede en la imaginación, pero con dolor veo que cada vez son más las personas electrocutadas.
Te invito a que hagas el ejercicio: ve a Google y a Facebook y escribe en el buscador “electrocutado Nayarit”. Después de unos segundos, tu pantalla se llenará de encabezados que confirmarán esta lamentable situación. Y, al igual que quien escribe estas líneas desearás nunca haberte dado cuenta de esta problemática que aumenta cada día.
Todos sabemos que las cosas no pueden quedar así, y, si consideras que merecemos mejores administraciones, entonces estamos obligados a reaccionar y a exigirles. Así que cuando éstas (en cualquiera de sus niveles: federal, estatal o municipal) no cumplen adecuadamente con sus funciones, tienen la obligación de pagar por los daños que causan a las personas. Los daños que generan las administraciones pueden ser materiales (como gastos médicos, ingresos que has dejado de recibir) e inmateriales (como dolor, sufrimiento o afectación psicológica). A esto se le llama responsabilidad patrimonial del Estado, y es una creación del derecho administrativo.
Ahora bien, en el caso específico de los municipios nayaritas, desde hace décadas hay un serio problema de regularización de inmuebles y de entorpecimiento burocrático que genera, por una parte, que las personas no regularicen sus inmuebles ni soliciten licencias de construcción, ni permisos para subdividir inmuebles, y, por otra, que se otorguen permisos de construcción de manera indebida; por ejemplo: un permiso de construcción a un inmueble pegado a los cables de alta tensión de CFE. Esto provoca que, en ocasiones, no todo sea responsabilidad de CFE, si no de los ayuntamientos. Para muestra un botón de este conflicto jurídico entre decidir quién es responsable: a) CFE, b) ayuntamientos, o c) ambos.
Si una persona sufre una descarga por cables que pertenecen a CFE (empresa productiva del Estado, propiedad exclusiva del gobierno federal) y estos cables, según los peritajes, estaban demasiado cerca del inmueble violando la normativa que exige distancias más largas, en primer lugar podríamos inferir quién tiene que reparar el daño. Ahora bien, si por otra parte el inmueble se construyó sin permisos, demasiado cerca de los cables y después de que CFE instalará su infraestructura de electricidad, y, además, el ayuntamiento no vigiló adecuadamente la construcción, las cosas cambian. O bien, si además de todas estas situaciones, CFE acumula décadas sin darle mantenimiento a su infraestructura, ya tenemos otra perspectiva sobre a quién debemos de responsabilizar.
Ante esta problemática, CFE y los ayuntamientos deberían formalizar y ejecutar políticas públicas para regularizar paralelamente inmuebles e infraestructura de electricidad, así: las personas tienen certeza jurídica respecto a sus inmuebles y a su seguridad, CFE pierde menos dinero en demandas y condenas y a los ayuntamientos se les reducirían los problemas y el exceso de carga laboral. Todos ganarían: CFE, ayuntamientos y, principalmente, los ciudadanos.
De continuar así, siguen perjudicando al ciudadano en procesos en donde es difusa y ambigua la responsabilidad patrimonial del Estado.
Así que, si consideras que las administraciones públicas te han causado un daño, puedes seguir estos pasos para solicitar una indemnización justa:
Fase administrativa:
- Presentar una reclamación directa. Debes presentar un escrito ante la dependencia que crees que causó el daño donde calcules y justifiques claramente cuánto dinero solicitas como indemnización. Por ejemplo, si alguien se electrocuta, tienes que presentarla ante CFE, el ayuntamiento o ambos.
- Documentar el daño. Necesitarás juntar pruebas como:
- Facturas de gastos médicos o reparaciones al inmueble.
- Testimonios.
- Reportes policiales y médicos.
- Peritajes en electricidad.
- Evaluaciones psicológicas.
- Explicar la relación causal. Debes describir claramente de qué forma la acción u omisión de la administración te causó el daño.
- Esperar la respuesta. La dependencia tiene un plazo (generalmente de tres meses) para responder tu solicitud. Pueden pagarte, ofrecerte una cantidad menor o rechazar tu reclamo.
Si no te satisface la respuesta, puedes iniciar la fase contenciosa:
Si la dependencia rechaza tu solicitud o te ofrece una cantidad que consideras insuficiente, debes de:
- Presentar una demanda. Acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) presentando una demanda en contra de la respuesta de la dependencia, explicando por qué no estás de acuerdo con la respuesta.
- El proceso, en términos generales, consiste en:
- Presentas tu demanda.
- La autoridad responde defendiendo su postura.
- Se presentan pruebas adicionales si es necesario.
- El TFJA analiza el caso y emite una sentencia.
- Sentencia y cumplimiento. Si el TFJA te da la razón, ordenará a la dependencia pagarte la indemnización correspondiente en un plazo determinado.
Me despido con esta reflexión:
Como abogado y profesor de derecho administrativo te invito a que exijas tus derechos. Si no defiendes tus derechos no es coherente que te quejes del gobierno en redes sociales o con el vecino.
El derecho administrativo es la mejor herramienta que tienes para combatir las arbitrariedades y errores del poder ¡Utilízalo y demuestra que eres un ciudadano digno y que merece administraciones dignas!.
Existe la responsabilidad patrimonial del Estado, pero es más importante tú responsabilidad como ciudadano de defenderte. Así que espero en un futuro inmediato no estar hablando de responsabilidad patrimonial del ciudadano por tibieza y por flojera.
