Entrevista Meridiano | Jorge Enrique González
El 16 de junio de 2017 sentí envidia de la vida que llevaba Petronilo. Tenía años sin verlo y nos encontramos en el sepelio del padre de un amigo común, en Zacualpan. Él llevaba en el rostro la serenidad que sólo pueden gozar los notarios, con ingresos estables y trabajos de escritorio que no exigen desvelo y preocupaciones extremas.
Dos mil 112 días y una hora quince minutos después de aquel momento, lo encuentro de nuevo. Petronilo Díaz Ponce me recibe en su despacho de fiscal general del estado, el mismo que ocupó El Diablo, conocido también como Édgar Veytia. Ya no lo envidio. No da muestras de lo que significa cargar las lozas que implican su cargo, salvo por el cabello cada vez más escaso y la mirada perdida. Pero imagino su vida agitada. No lo pregunto sobre el tema, pero entiendo el calvario sin samaritanos que significan sus responsabilidades.
Estamos a un par de días que se despida marzo, un mes de malas noticias por los crímenes de odio contra las mujeres. En ese contexto charlamos y le pido que me diga qué le toca a la autoridad hacer frente a los problemas sociales como la violencia. Recurre a una metáfora: “Corresponde al Estado construir las carreteras, cuidar las inclinaciones adecuadas de las curvas y puentes para evitar accidentes, reparar los baches y hacer las recomendaciones de límites de velocidad para que las personas lleguen sin contratiempo a sus destinos. Por desgracia, hay otras variables que intervienen en el viaje que escapan al control de los gobiernos”.
“¿Qué hace la autoridad, en este caso la Fiscalía, frente a la numeralia del feminicidio, Cristos del alma?”, pregunto, para estar a la par en las metáforas.
En sus palabras, enfrenta con determinación el grave problema. Expuso, infantable el PowerPoint, las cifras y las acciones emprendidas para combatir estos crímenes de odio contra mujeres. Habló con datos duros, pero también hizo un llamado a la conciencia social y a la justicia.
Explicó que la figura penal del feminicidio se incorporó al Código Penal de Nayarit en 2016 y entró en vigor en marzo de 2017. Antes, los asesinatos de mujeres se clasificaban como homicidios calificados (asesinatos con agravantes) sin una categoría específica de género. Desde entonces, el feminicidio es un delito autónomo, castigado con penas de 40 a 60 años de prisión.
Un feminicidio ocurre cuando se asesina a una mujer por razones de género, “por el solo hecho de ser mujer”. Es decir, media el odio, la violencia machista o el abuso de poder del agresor hacia la víctima por su condición de mujer. En cambio, si la muerte ocurre durante otro delito (por ejemplo, un robo) o sin un motivo de género comprobable, no se tipifica legalmente como feminicidio.
La legislación nayarita contempla incluso el feminicidio agravado, que eleva la pena a entre 50 y 75 años de cárcel. Aplica cuando concurren circunstancias especiales: que agresor y víctima tuvieran una relación cercana (parentesco, pareja, amistad, laboral, vecinal) que implique confianza o subordinación; que la víctima estuviera embarazada; que fuera menor de edad; o que el criminal la haya drogado para incapacitarla. Estas condiciones reflejan mayor vulnerabilidad de la víctima y, por ello, el castigo es más severo.
Desde 2017 a la fecha se contabilizan 73 víctimas de feminicidio en 71 carpetas de investigación (casos) en Nayarit. El primer feminicidio en la entidad se registró a finales de 2017. Luego la incidencia anual mostró altibajos: se documentaron 12 casos en 2018, 9 en 2019 y nuevamente 12 en 2020.
En 2021 se investigaron ocho feminicidios, y 2022 marcó un mínimo de sólo tres casos. Sin embargo, 2024 repuntó a 13 víctimas, la cifra anual más alta hasta ahora (superando los picos previos de 12 casos en 2018 y 2020). Durante los primeros meses de 2025 ya se contabilizan siete feminicidios, lo que enciende la alerta de un posible nuevo incremento.
La violencia feminicida se extiende por varios municipios de Nayarit. Tepic, la capital, concentra el mayor número de hechos con 22 casos, seguida de Bahía de Banderas (13) y Compostela (8). Incluso municipios menos poblados han registrado feminicidios –Xalisco con seis, El Nayar cuatro, San Blas tres, entre otros– evidenciando que ninguna región está exenta.
Las modalidades de estos crímenes reflejan la extrema violencia ejercida contra las víctimas. 22 mujeres fueron privadas de la vida con arma blanca (objeto punzocortante) y 13 con arma de fuego. También hubo 14 casos de estrangulamiento, dos de sofocación, uno de asfixia mecánica con objeto y cuatro feminicidios a golpes, entre otros métodos brutales.
La Fiscalía de Nayarit aborda cada feminicidio con rigor investigativo. Por cada caso se integra una carpeta de investigación, es decir, un expediente donde el Ministerio Público recopila todas las evidencias, peritajes y testimonios. Si se identifica a un sospechoso, se solicita la orden de aprehensión y se formula la imputación (acusación formal) ante un juez de control para iniciar el proceso penal.
El 75 por ciento de los feminicidios en Nayarit ya tiene una resolución judicial efectiva, destaca el fiscal. En 53 casos el agresor fue detenido y llevado ante un juez (casos judicializados); 22 de ellos ya cuentan con sentencia condenatoria, con penas de hasta 60 años de prisión. Otros 11 expedientes tienen órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables identificados, y 18 permanecen en investigación con el agresor prófugo o aún por identificar.
La respuesta institucional frente a un feminicidio es inmediata y extraordinaria. En palabras de Díaz Ponce, ante uno de estos casos “la Fiscalía se pone de cabeza”: se activa un operativo urgente, suspendiendo labores ordinarias para enfocarse en la persecución del culpable. Agentes de investigación, policías estatales y municipales actúan en coordinación, recopilando indicios (videos de seguridad, registros de casetas de peaje, datos telefónicos) a gran velocidad para impedir que el agresor escape.
Esa movilización ha rendido frutos: varios feminicidas han sido detenidos pocas horas después, aun cuando intentaron huir a otros rumbos. En un caso reciente, el asesino de una mujer en Bahía de Banderas fue localizado y capturado en Ahuacatlán cuando pretendía refugiarse en la zona serrana. La rápida coordinación intermunicipal e interinstitucional evita que estos crímenes queden impunes.
El fiscal insiste en que la prevención es tarea de toda la sociedad, no sólo de la autoridad. Advierte que la violencia suele escalar –de los celos y el maltrato psicológico a las agresiones físicas severas– si no se interviene a tiempo. Menciona el violentómetro (una guía para identificar los niveles de violencia) e insta a las mujeres a no normalizar ningún abuso: a denunciar desde el primer signo de maltrato y buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde.
La conversación concluye con un llamado a la empatía y al compromiso colectivo para erradicar la violencia de género. Díaz Ponce exhorta a recuperar valores como el respeto y pide un voto de confianza en la Fiscalía: asegura que la institución no es “omisa ni negligente” y que no dará tregua a los feminicidas. Aunque admite que “no hay palabra de consuelo” para las familias de las víctimas, promete ser implacable y dedicado para que cada responsable reciba su castigo y ninguna vida arrebatada quede sin justicia.
Le pido que imagine que yo soy familiar de una víctima y que me diga unas palabras. Se le corta la voz y dice, susurra: “Nada quedará impune. Se castigará al que lo hizo”. Pido que imagine que esté frente a todo el personal que labora a la Fiscalía y que les dé un mensaje: “No hay descanso, ni un minuto, para dar paz a las víctimas colaterales. Hagamos todo para lograrlo”. Si en ese momento lo dejara su chofer en casa, sus palabras serían: “No conoceré el descanso”.
Quedamos de volver a vernos. Cuando regrese a los ritos cotidianos de los hombres que habitan la paz de las notarías.
