Una demanda presentada por el gobernador de California, Gavin Newsom, acusa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles globales que ocasionaron daños económicos sustanciales a la entidad. La acción legal fue anunciada este miércoles y sostiene que dichas medidas comerciales, implementadas sin el consentimiento del Congreso, perjudicaron directamente a empresas, trabajadores y consumidores californianos.
Según el comunicado del Gobierno estatal, la imposición de aranceles a socios estratégicos como México, China y Canadá, junto con un arancel base del 10% sobre importaciones de otros países, generó consecuencias adversas para la estructura económica del estado. El documento indica cómo estas acciones interrumpieron cadenas de suministro, incrementaron costos y redujeron la competitividad de diversas industrias en territorio californiano.
De acuerdo con Gavin Newsom, “los aranceles ilegales del presidente Trump están sembrando el caos en las familias de California, las empresas y nuestra economía, haciendo subir los precios y amenazando los empleos“. Esta declaración fue incluida en el anuncio oficial difundido por la administración estatal al presentar la demanda ante un tribunal federal.
En cifras, California registró un comercio bidireccional cercano a los 675 mil millones de dólares durante 2024. México, Canadá y China figuran entre sus principales socios comerciales. De acuerdo con los datos proporcionados, más del 40% de las importaciones californianas provienen de estas tres naciones, alcanzando un total estimado de 203 mil millones de dólares. Las autoridades argumentan que los aranceles impactaron directamente en este volumen de comercio, afectando múltiples sectores económicos.
Por su parte, Rob Bonta, fiscal general del estado, expresó que la implementación de los aranceles fue “caótica y desordenada”. Afirmó también que estas acciones no cumplen con los requisitos legales establecidos por el Congreso para aplicar medidas bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA). Según el marco legal vigente desde 1977, el Ejecutivo debe informar y consultar al Congreso antes de ejercer facultades extraordinarias en política económica internacional.
Empresas estadounidenses las cuales también se consideran afectadas por estas decisiones presentaron una demanda adicional este lunes. Alegan que las medidas presidenciales aplicadas mediante la IEEPA carecen de legalidad y exceden las atribuciones otorgadas al Ejecutivo, al tratarse de políticas comerciales generales no vinculadas a una amenaza específica ni validada por el poder legislativo.
La posición oficial del estado de California resalta su papel dentro de la economía nacional. Reconocido por su peso en los sectores agrícola, industrial y tecnológico, el estado sostiene que la imposición de aranceles “infligió daños por miles de millones”. Además, sus autoridades sostienen que los efectos se sienten en hogares, mercados locales y cadenas de distribución quienes dependen de productos importados.
El conflicto legal se centra en el uso de facultades presidenciales para dirigir políticas comerciales sin intervención del Congreso. California sostiene que tales decisiones han generado un entorno económico inestable y poco predecible para una economía que representa la quinta más grande del mundo.
