Sin duda resulta importante el respaldo político sólido que, en días pasados, concedió el Senado de la República a la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, al aprobarlo con 105 votos tras la comparecencia de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Sin embargo, debe traducirse en resultados tangibles para una ciudadanía que ha vivido, por años, entre promesas incumplidas, cifras alarmantes y un sentimiento generalizado de vulnerabilidad.
La estrategia de seguridad no es un documento técnico aislado ni una mera formalidad legislativa: es la brújula con la que se navega el desafío más urgente de México. Su aprobación marca el punto de partida de una nueva etapa, pero también la continuidad de viejas deudas. Y es aquí donde se abren múltiples preguntas: ¿Qué distingue esta estrategia de las anteriores? ¿Cuál es el verdadero margen de maniobra de Sheinbaum y García Harfuch? ¿Estamos ante un cambio de paradigma o una consolidación de lo ya existente?
Es imposible hablar de la estrategia sin considerar su contexto: Sheinbaum hereda no solo la estructura institucional del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino también su narrativa. La seguridad bajo AMLO se articuló principalmente en torno a la idea de “abrazos, no balazos”, una fórmula retórica que pretendía priorizar las causas sociales sobre la represión directa. No obstante, esta postura convivió con el crecimiento de la militarización de la seguridad pública, especialmente con el fortalecimiento de la Guardia Nacional.
En este escenario, García Harfuch representa una figura bisagra. Su carrera ha transitado por diversas instituciones de seguridad y ha sido elogiado por su labor al frente de la policía de la Ciudad de México durante la gestión de Sheinbaum como jefa de Gobierno. Sin embargo, también ha sido señalado por sectores críticos debido a su pasado en la Policía Federal y su cercanía con estructuras federales de seguridad cuestionadas en otras épocas.
El hecho de que Harfuch haya sido nombrado secretario y que se le haya confiado la comparecencia ante el Senado es, a todas luces, una señal política: Sheinbaum apuesta por una línea de continuidad operativa, pero intenta presentarla con una narrativa de eficacia, profesionalismo y transparencia.
Aunque el documento oficial presenta varios ejes de acción —prevención del delito, fortalecimiento de las capacidades policiales, inteligencia, combate a la impunidad, coordinación interinstitucional—, la estrategia gira en torno a tres grandes pilares: la consolidación de la Guardia Nacional como cuerpo de proximidad; el uso de inteligencia para desarticular redes criminales; y la inversión social como herramienta de largo plazo.
El énfasis en la Guardia Nacional es particularmente polémico. Aunque se ha dicho que se buscará una mayor profesionalización y arraigo territorial, lo cierto es que su origen militar y su dependencia de la Secretaría de la Defensa Nacional siguen generando dudas entre organizaciones de derechos humanos y analistas en seguridad. La promesa de desmilitarizar la seguridad pública parece haberse difuminado en la práctica.
Por otro lado, el enfoque en inteligencia es una de las banderas que Harfuch ha levantado desde su etapa en la Ciudad de México. Su insistencia en operaciones quirúrgicas y detenciones de alto perfil puede dar resultados mediáticos, pero queda por ver si esto logra desmantelar estructuras criminales en estados donde los cárteles se han arraigado profundamente en las economías locales y los aparatos de poder político.
El tercer pilar —la inversión social— es quizás el más complejo, pues involucra a muchas otras dependencias del gobierno. La seguridad no puede desligarse de factores estructurales como la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades educativas y laborales. Aquí, el reto es construir una política integral que trascienda sexenios, que no dependa del humor político del momento ni de presupuestos fluctuantes.
Los 105 votos a favor en el Senado son, sin duda, un espaldarazo institucional. Pero no necesariamente reflejan un consenso ciudadano. La percepción pública sobre la seguridad está marcada por el miedo, la desconfianza en las instituciones y el recuerdo de promesas incumplidas. En muchos estados, las personas no distinguen entre policías, soldados o miembros del crimen organizado: todos son, en cierta forma, autoridades con poder de vida o muerte.
La aprobación legislativa de la estrategia no puede tomarse como cheque en blanco. La rendición de cuentas debe ser una constante. Harfuch, con su historial, deberá demostrar que puede enfrentar la violencia sin recurrir a los métodos del pasado. Sheinbaum, por su parte, tiene que dejar claro que su gobierno no se limita a administrar lo heredado, sino que está dispuesto a reformar lo necesario.
Uno de los peligros latentes es el pragmatismo sin principios. La seguridad, bajo la lógica de la urgencia, suele justificar medidas excepcionales: aumento del presupuesto militar, expansión de facultades policiales, mayor vigilancia. Pero estas decisiones, si no van acompañadas de contrapesos democráticos, pueden erosionar el Estado de derecho.
La administración de Sheinbaum debe cuidarse de no caer en la trampa de la eficacia sin legitimidad. La seguridad no puede garantizarse a cualquier costo. Y aquí es donde la transparencia, el respeto a los derechos humanos y la participación ciudadana se vuelven indispensables. Sin estos elementos, cualquier estrategia corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de control más que de protección.
La aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad marca un momento definitorio para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Representa tanto una oportunidad como una carga. Si bien es cierto que existe una base institucional y un equipo técnico con experiencia, también es innegable que el país enfrenta niveles de violencia alarmantes, con realidades distintas en cada región y con una sociedad que ya no cree fácilmente en discursos triunfalistas.
La clave estará en la implementación. En cómo se ejecuten las políticas, en qué tan efectivos sean los mecanismos de evaluación, en si se construye o no una cultura de prevención y justicia. En última instancia, será la gente —no los senadores— quien evalúe los resultados.
El reloj ya comenzó a correr.
